El compromiso de Montoro para que los ayuntamientos reinviertan su superávit da un respiro a Carmena
El compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los ayuntamientos para que puedan invertir su superávit ha caído como agua de mayo en el Ayuntamiento de Madrid que, tras cerrar sus cuentas de 2017, podrá destinar a estas inversiones hasta 1.116 millones de euros. El anuncio de Montoro, aún pendiente de concretar, da un respiro al Gobierno de Manuela Carmena, que contaba con un presupuesto muy reducido para este año tras el acuerdo con Hacienda a cuenta de la regla de gasto.
Para que Hacienda aprobase el plan económico del Ayuntamiento el pasado 17 de diciembre, el Gobierno de Ahora Madrid asumió recortes por más de 500 millones de euros. La alcaldesa Manuela Carmena y su actual concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, han puesto desde entonces todas sus esperanzas en las inversiones financieramente sostenibles (IFS), pero dependían del Gobierno central para aprobar el decreto esbozado este lunes por el ministro, aunque los Presupuestos Generales del Estado no salgan adelante.
Las inversiones financieramente sostenibles tienen sus límites, pero son mucho mejor que nada. Los límites radican en que el superávit no podrá destinarse a inversiones sociales (ayudas a familias o pobreza energética) ni tampoco a obra nueva si se mantienen las mismas condiciones que tuvieron las IFS el año pasado. Sí podrán destinarse a remodelación de calles, edificios y compra de mobiliario urbano y de transporte. “Es una buena noticia, dará mucho aire al Ayuntamiento y es imprescindible seguir presionando para que se haga cuanto antes, los plazos de las IFS son ajustados y cada mes que pasa dificulta más su ejecución a tiempo”, explican fuentes municipales a eldiario.es.
La cumbre de alcaldes que se ha celebrado este martes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que han asistido más de 300 ediles y cargos locales, se ha desarrollado en un ambiente de victoria, tras el compromiso de Montoro. Una de las cosas que van a pedir los alcaldes es que se amplíe el tipo de inversiones a las que puede destinarse el superávit. Como ha explicado Carmena a la salida de la reunión, se enviará una propuesta concreta al ministro en los próximos días.
La partida presupuestaria destinada a fines sociales, la de Transferencias corrientes, sufre un recorte, según el plan económico del Ayuntamiento, de más de 50 millones: pasa de 215 millones en 2017, a 163 millones en 2018. Serán recortes sobre recortes porque el Ayuntamiento ya ha tenido que realizar en los últimos dos meses ajustes en las cuentas de este año. La liquidación de los presupuestos de 2016 en esta partida fue de 212 millones, por tanto, para el último año antes de las elecciones el gasto social se va a reducir un 24%.
El plan económico cerrado entre la alcaldesa y el ministro de Hacienda también supone un importante recorte en el presupuesto para inversiones de 85 millones de euros para 2018 respecto a este ejercicio, un 28% menos. Si se compara con lo que se destinó en 2016, la reducción en esta partida es de 273 millones. La caída en dos años es de 350 millones.
La cifra para inversiones será de 140 millones para el Ayuntamiento y las empresas municipales. Una sentencia judicial derivada de las expropiaciones para la M30 contra el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón va a reducir todavía más el ya mermado presupuesto para obras públicas en 2018. Cerca de 70 millones de euros, de los 210 millones presupuestados para inversiones, tendrán que destinarse en enero a pagar la condena judicial. Como adelantaron fuentes del área de Economía y Hacienda a este diario, el presupuesto para este año, sea nuevo o de prórroga, tendrá cambios respecto al plan económico, aunque esos cambios son también limitados. Lo que debe respetarse es el techo de gasto: 3.375 millones, pero el 70% del presupuesto está destinado al pago de nóminas y gastos corrientes.
En 2017, el Gobierno de Rajoy aprobó esta disposición en junio, una fecha que jugó en contra y limitó la cantidad de inversiones y su ejecución. De hecho, como publicó este sábado eldiario.es, Hacienda remitió recientemente una carta al Ayuntamiento de Madrid cuestionando la interpretación de la ley que estaría aplicando el Gobierno municipal para las IFS de 2017. Según interpreta el Ministerio, las inversiones que no estuvieran ejecutadas a 31 de diciembre, deben pararse hasta que el Ejecutivo de Rajoy no apruebe la disposición este año para que los ayuntamientos dispongan de su remanente de tesorería. Que se acelere ahora la aprobación del real decreto, serviría para que las obras en marcha no tengan que pararse.
Los alcaldes dan 20 días a Montoro
La asamblea de alcaldes ha reclamado que el decreto ley se apruebe antes de 20 días. “Creemos que es un logro de la movilización municipalista, pero vamos a permanecer muy vigilantes. En 20 días tiene que estar aprobado el decreto”, ha afirmado en rueda de prensa el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.
El Ayuntamiento de Madrid no cuenta a 28 de febrero con presupuestos para este año ni tampoco con una negociación avanzada sobre los mismos con el PSOE, al que necesita para sacar las cuentas por no tener mayoría en el Pleno. Todo apunta a que no habrá presupuestos nuevos este año y que se tirará con una prórroga presupuestaria. “Si en marzo no tenemos un acuerdo de presupuestos seguiremos ya con la prórroga puesto que es más contraproducente tener unas cuentas aprobadas en mayo que la prórroga”, aseguraron a este medio fuentes del Gobierno municipal.
El escollo más grande para sacar las cuentas adelante está dentro del propio Gobierno de Ahora Madrid. La división que se puso de manifiesto durante la aprobación del plan económico el pasado 18 de diciembre, y que terminó con la destitución del hasta entonces concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, sigue abierta a día de hoy dentro del grupo municipal. De hecho, una de las condiciones del PSOE para apoyar las cuentas es que la alcaldesa garantice que todos los concejales apoyarán las cuentas en el pleno, una garantía que Carmena no puede ofrecer, como se ha visto en otras ocasiones.
