La Comunidad de Madrid se niega a cambiar el nombre franquista de un colegio con el argumento de que “pone en riesgo el buen clima de convivencia”. Así ha justificado el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, la negativa del Gobierno regional a renombrar el CEIP José Calvo Sotelo como 14 de abril, una propuesta aprobada en 2017 por la mayoría en el Consejo Escolar y refrendada por la Junta Municipal.
En una respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno de este jueves, Van Grieken alude a “un informe de la inspección que estima que el cambio de nombre crearía conflictos en las relaciones de diferentes sectores de la comunidad educativa”. eldiario.es ha solicitado este informe a la consejería, que rehúsa hacerlo público por ser “interno”. “Lo que me tiene que preocupar no es el cambio del nombre del centro sino otros aspectos de interés general [..] Miremos hacia adelante con una educación de calidad que nada tiene que ver con el nombre de los colegios”, ha zanjado el responsable de Educación.
El consejero se pronuncia así por primera vez sobre este asunto después de que la comunidad educativa haya cumplimentado todos los pasos necesarios y establecidos por la ley de memoria histórica para efectuar un cambio de nombre de este tipo. En junio de 2017, la iniciativa fue aprobada por una mayoría en el Consejo Escolar tras varios años intentándolo que debía ser ratificada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Este centro público fue creado en la II República pero su nombre original fue cambiado por la dictadura franquista a golpe de decreto en 1939. José Calvo Sotelo fue un diputado monárquico asesinado cinco días antes del golpe de Estado de 1936 y considerado como un “mártir” del Movimiento Nacional. Hay al menos otros diez centros que fueron obligados a cambiar su nombre por el régimen de Francisco Franco.
La ley de memoria histórica de 2007 establece en su artículo 15.1 que las “administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Este punto se puede aplicar, dicen fuentes jurídicas, en los nombres de centros públicos pero también en los privados “siempre que el nombre esté en el espacio público”.
La diputada Elena Sevillano, de Podemos, ha criticado que el Ejecutivo no promueva la recuperación de la memoria histórica “para que España deje de ser considerada una anomalía democrática”. Sevillano también ha recordado al consejero que “en otros casos sí se han producido cambios sin problema” y que el Gobierno regional, una vez escuchada la decisión del Consejo Escolar, “se limita solo a decretar el cambio” aprobado por la mayoría de la comunidad educativa en el ejercicio de su autonomía. El consejero ha respondido que “la propuesta no es vinculante” y que, tras ver el informe de la inspección, ha considerado que “no es adecuado”.
El Gobierno regional ya dio una primera negativa a esta propuesta en 2016, cuando un profesor jubilado del centro envió una carta a la entonces presidenta Cristina Cifuentes. . “No siendo el de José Calvo Sotelo un nombre que genere agravios entre los madrileños, no parece que haya suficiente razón para cambiarlo, menos aún por el de un régimen que tiene las luces que tú mencionas pero no pocas sombras”, dice la misiva firmada por la expresidenta, que alude también a todos los años que lleva llamándose así para justificar que se mantenga.