La Comunidad de Madrid de PP, Cs y Vox: impuestos más bajos a pesar de la deuda y lucha contra la inmigración
Han tardado dos meses en los que ha habido un tira y afloja que tenía más de escenografía que de desencuentro real. PP, Ciudadanos y Vox han llegado este jueves a un acuerdo para investir a Isabel Díaz Ayuso con un gobierno de coalición de los dos primeros apoyado desde fuera por la extrema derecha.
El pacto, como ya ocurrió en Andalucía y en Murcia, se ha negociado a los bandas con los populares tratando de aunar los intereses de sus dos socios. El PP firmó el pasado 8 de julio un acuerdo con Ciudadanos –155 medidas, en alusión el artículo de la Constitución que regula la intervención de Catalunya– y ahora ha acordado con Vox otro documento, de tan solo tres páginas.
El partido de Santiago Abascal ha limado sus exigencias más polémicas para que fueran aceptadas por Ciudadanos. Ignacio Aguado lo ha confirmado a media mañana: “Son unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el PP ni con las reformas y compromisos asumidos por Ciudadanos”.
El acuerdo entre PP y Ciudadanos tiene 37 páginas; el de PP y Vox apenas tres folios. Dos documentos para un mismo Gobierno que, pese a ello, tienen varios puntos en común, fundamentalmente en tres aspectos: impuestos, inmigración y Educación.
En materia de fiscalidad el hilo conductor es claro: bajada de impuestos. “Se eliminarán o reducirán al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid”, dice el acuerdo con Vox. El de Ciudadanos concreta se reducirá el tramo autonómico del IRPF y señala también una bajada general del resto de impuestos. Ambos también fían un mayor ahorro a la eliminación de organismos y empresas públicas.
Pocos impuestos mientras se dispara la deuda
Ambos aluden a que esto será compatible con el mantenimiento de los servicios públicos; el de Vox incluso señala que se llevará a cabo sin incrementar la deuda. Pero esa política de baja fiscalidad ya se ha ensayado en los últimos años en la Comunidad de Madrid y los resultados chocan con las buenas intenciones de los pactos.
Madrid ya es la comunidad autónoma con el tramo del IRPF más bajo y la que más bonifica los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Hay expertos que han llegado a calificar la región como un paraíso fiscal creado por esas bajadas masivas que tienen como inspiración una teoría plasmada en una servilleta y nunca demostrada: la Curva de Laffer. Los expertos no vinculan la subida de la recaudación a la menor presión fiscal, más bien con la buena marcha de la economía.
Además, esa deuda que Vox no quiere ver crecer vive un aumento constante. Con el colchón de que Madrid tenía la deuda más baja, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha estado años gastando más de lo que ingresaba. La deuda es la mayor de la historia de la región: 35.150 millones de euros cuando hace una década se situaba en los 11.380 millones. Cada vez que el Banco de España actualiza sus datos esa cifra sube.
Inmigración “ordenada” y revisión de las ayudas
Además de en los impuestos, los documentos firmados a dos bandas por el PP también coinciden en “asegurar una inmigración ordenada, legal”. El de Vox, que ha aceptado Ciudadanos, añade la coletilla de que esta sea “respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo”.
De hecho, como ocurrió ya con el pacto andaluz que inauguró los acuerdos entre las tres derechas, el pacto (lo incluyen ambos documentos) recoge la posibilidad de que la Policía tenga acceso a los datos de “extranjeros en situación irregular”. Vox también pone el foco en los menores no acompañados (Menas), que han sido objeto de los mensajes xenófobos del partido de Abascal, que vincula a este colectivo con la delincuencia. El pacto dice que se “revisará y modernizará la política de creación de centros para albergarles” y siembra dudas sobre si todos los inmigrantes que van a esos centros son menores.
Hay otro punto de coincidencia entre las tres derechas en lo referente a las subvenciones. Los tres partidos quieren revisar todas las que se otorgan y eliminar algunas. Por ejemplo, los fondos que se destinan para cooperación al desarrollo. Esas ayudas tienen como objetivo “contribuir, en los países en desarrollo, al desarrollo humano sostenible y la disminución de la pobreza”, según la web de la Comunidad de Madrid. El acuerdo con Vox apuesta por destinarlos a la propia región –como a zonas rurales–; el de Ciudadanos quiere “evaluarlas”.
Una educación que respete las “convicciones morales”
En los 37 folios del pacto con Ciudadanos y los tres del acuerdo con Vox hay una coincidencia en educación, un punto redactado casi con las mismas palabras: “Garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales”. El de la extrema derecha añade “religiosas” y la introducción de “mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos”.
Ese epígrafe esconde debajo de la “libertad” en la enseñanza una de las principales batallas de Vox: la lucha contra los contenidos LGTBI en la educación. El partido de extrema derecha llegó a reclamar a la Comunidad de Madrid los nombres y apellidos de las personas que dan talleres LGTBI en los colegios, aunque finalmente retiró la petición.
Es más, en su primera propuesta para apoyar a Díaz Ayuso, los de Abascal pedían recortar buena parte de las leyes autonómicas destinadas a luchar contra la discriminación por razón de género y orientación sexual. En concreto, reclamaban derogar todo el apartado referente a concienciar a través de la educación en la diversidad de género.
Para hacer posible el pacto, Vox ha tenido que eliminar ese apartado, pero mantiene ese resquicio de que no haya “injerencia” de los poderes públicos en la educación. Es solo una manera de aparcar temporalmente una reivindicación que les ha enfrentado a Ciudadanos para desbloquear la investidura. Queda por ver en qué se concretará su desarrollo durante la legislatura.
