La venta de viviendas sociales a fondos buitre se estanca en los tribunales

La venta de viviendas públicas a fondos buitre está estancada en los tribunales. Los juzgados de primera instancia han resuelto cuatro recursos de afectados con criterios jurídicos contradictorios. Todas las sentencias volverán a pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya zanjó el asunto negando la legitimidad de los inquilinos a reclamar la operación llevada a cabo por el Gobierno de Ignacio González (PP) en 2013 sin avisar y con ellos dentro.

Este periplo está estirando de nuevo los tiempos y, salvo sorpresas, la cuestión terminará otra vez en el Tribunal Supremo. Aunque esta vez para tratar el fondo y no solo el derecho de los inquilinos del antiguo Ivima a reclamar, que ya está reconocido. En todo caso, pasarán años hasta que llegue la jurisprudencia que dé la medida a los juzgados de primera instancia ante un posible aluvión de más casos.

Y mientras los tiempos judiciales se dilatan, los desahucios continúan. Casi semanalmente, según las plataformas de vivienda. Algunos por impagos; y otros porque se ven obligados a abandonar la casa al no poder asumir las subidas en la renta impuestas por Encasa Cibeles, filial de Goldman Sachs-Azora que gestiona los alquileres. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAMV) calcula que solo un tercio de los inquilinos que habitaban casi 3.000 viviendas vendidas a Goldman Sachs-Azora en 2013 permanecen en ellas. Son, según sus cálculos, entre 600 y 900 familias.

“Las vecinas y los vecinos están muy alerta de todas las sentencias y de los anuncios que hacen los políticos. Están en una inseguridad jurídica tremenda y ven cómo los tiempos son infinitos”, explica Alejandra Jacinto, abogada de varios de los casos judicializados y vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Me mandan noticias para consultarme. Mira, he visto que Pedro Sánchez ha dicho que el Gobierno se persona, ¿eso cómo me va afectar?”, describe Jacinto, que subraya el desgaste de años que soportan los inquilinos.

Los primeros intentos de los inquilinos por recurrir ante la justicia la venta fueron mal. Los afectados recibieron el 'no' de los juzgados de primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero cuando la esperanza estaba perdida el Supremo les reconoció que, como ocupantes de las casas, la venta tenía “consecuencias directas sobre ellos”. Y vuelta a empezar.

Los casos recurridos se reabrieron. Esta vez para ir al fondo del asunto: la posible reversión de la operación. La primera sentencia, de mayo de 2018, salió del juzgado número 29 de la capital y anuló las resoluciones que permitieron la venta de 32 promociones de VPO del IVIMA a Goldman Sachs-Azora. La argumentación jurídica era clara: la operación no estuvo debidamente justificada y el proceso no “se ajusta a derecho” porque se saltó pasos.

Dudas sobre el alcance de las sentencias

La magistrada resolvió dejar “sin efecto” la venta de la vivienda del afectado concreto que motivó la sentencia, lo que ha creado confusión sobre si estos pronunciamientos, de ser finalmente firmes, se circunscriben solo a los ocupantes de las casas o a todos los afectados por la operación. Una segunda sentencia de otro juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid tomó como precedente la primera y se pronunció en el mismo sentido sobre otros siete casos. “Ha quedado la idea, que creo que es errónea, de que los efectos de las sentencias se limitan a los inquilinos que recurren”, se lamenta el abogado que ganó el primer caso en Navalcarnero.

Más allá de estos detalles sobre el alcance, parecía que los juzgados habían adoptado una única y común fundamentación. Hasta que llegó la tercera sentencia, y luego la cuarta. Ambas firmadas por la misma jueza. La magistrada del juzgado número 10 de Madrid rompe con los precedentes y resuelve que los inquilinos no han acreditado de forma concreta en qué les perjudicó la operación y da por cumplida la “función social” de la vivienda.

Para Jacinto, estas dos últimas sentencias emplean un argumento jurídico que “ya tiró por tierra el Supremo cuando aceptó que los inquilinos estaban de por sí legitimados para recurrir la operación porque los fines sociales de una administración pública no concurren en una privada”. “Y ahora una jueza de primera instancia pide motivos concretos por los que les afecta”, sostiene.

Todas las posibilidades quedan abiertas a la espera de cómo se vayan resolviendo los recursos. La Comunidad de Madrid ha puesto dos para evitar la reversión. Lo único que hoy está claro es que el camino judicial será largo. Harán falta meses, e incluso, años, para conocer si los gobiernos del PP impulsaron una operación irregular donde la moneda de cambio eran viviendas públicas. “Es el cuento de nunca acabar. Como se alarga tanto en el tiempo, a todos nos van cumpliendo contratos. Muchos días pensamos que no podemos más”, dice Beatriz, una de las afectadas. “Y te plantas y luchas. O abandonas”.