El juez dice que “no hay impedimento legal” para que Ignacio González vuelva a su plaza en el Ayuntamiento de Madrid
El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid sostiene que no encuentra “impedimento legal” para que el expresidente de la Comunidad Ignacio González vuelva a su puesto de funcionario del Ayuntamiento de Madrid, al que solicitó volver a pesar de estar investigado en la investigación de la 'Operación Lezo'.
Así se desprende de una providencia fechada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez titular del Juzgado Manuel García Castellón comunica al Consistorio que “no se ha adoptado ninguna medida cautelar que le inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública”.
De esta forma, según ha adelantado 'El Mundo', ha informado el Juzgado al Consistorio, al haberse interesado el 20 de agosto por saber si existiera algún inconveniente en la tramitación del reingreso al servicio activo de Ignacio González en el Ayuntamiento de Madrid.
“No se ha adoptado respecto al investigado Ignacio González ninguna medida cautelar que le inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública, por lo que deberá ser el Ayuntamiento de Madrid quien adopte la decisión que estime pertinente de acuerdo con lo que disponga en la legislación de funcionarios públicos que resulte aplicable”, expone el Juzgado.
Según confirmaron el pasado lunes a Europa Press fuentes municipales, el expresidente, investigado por el caso Lezo, pidió a finales de julio reincorporarse a su plaza de funcionario del grupo A con un nivel 30.
Tras la petición, el departamento de Recursos Humanos está viendo la documentación y analizando para ver si hay algún tipo de inhabilitación.
Ignacio González está imputado en el Caso Lezo. El juez lo considera el cabecilla y le vincula con las diferentes ramas de la causa. El expresidente de la Comunidad de Madrid pasó 200 días en prisión provisional y se le acusa de haber recibido comisiones millonarias a cambio de contratos públicos. Los investigadores señalan que se cobraron más de cinco millones de euros en comisiones por la compra de la firma Emissao por parte del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
El sumario del caso también apunta a su papel central en el presunto amaño del Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.
