Cuatro detenidos por sobrecostes de cuatro millones en la construcción de un polideportivo para Madrid 2020
La Policía Nacional detuvo este miércoles a cuatro personas por las irregularidades que investiga la justicia en la construcción de un pabellón en Móstoles vendido como un “refuerzo” para la candidatura olímpica de Madrid 2020. Los detenidos, acusados de delitos de falsificación, malversación y cohecho, trabajaban para el Instituto Municipal del Suelo (IMS), que se encargó de gestionar el proyecto para levantar el polideportivo Andrés Torrejón. Según confirman fuentes del Ayuntamiento, se trataría del director gerente del IMS hasta 2015 y tres directores facultativos de la obra, que se abandonó sin terminar tras varios parones.
Las cuatro personas fueron interrogadas por los agentes y puestas en libertad, confirman fuentes de la investigación. Según Europa Press, este jueves también ha declarado ante la Policía el actual portavoz del PP en Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera, exconcejal de Urbanismo del municipio, donde gobierna el PSOE desde 2015. Los agentes registraron también durante horas la sede del Instituto Municipal del Suelo en busca de documentación sobre los contratos.
El pasado 19 julio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles incoaba diligencias previas, con traslado al Ministerio Fiscal, por un posible delito en el desfase de 3,8 millones de euros recogido por una auditoría realizada sobre las obras del pabellón Andrés Torrejón de Móstoles y encargada por el actual equipo de Gobierno, una coalición formada por el PSOE, Ganar Móstoles e IUCM.
La iniciativa de construir el pabellón, con una capacidad para 9.500 personas, se puso en marcha en 2010, con Esteban Parro (PP) como alcalde de Móstoles. Los sucesivos retrasos hicieron heredar el proyecto a su sucesor, Daniel Ortiz, que dimitió en 2016 cuando era diputado en la Asamblea de Madrid por su imputación en el caso Púnica. Los trabajos se paralizaron definitivamente el 1 de junio de 2015, una semana después de las elecciones autonómicas que desbancaron del gobierno municipal al PP.
En 2012, el expresidente Ignacio González –también imputado y considerado cabecilla de una trama criminal–, Ortiz y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, visitaron las obras del pabellón de cara a que fuera un “refuerzo de la candidatura olímpica de Madrid”. “Una de las cosas que más valoran son las infraestructuras, y sin duda alguna Madrid tienen muchas construidas y otras en fase de construcción, lo que nos da una ventaja competitiva enorme en un momento en el que todo el mundo está padeciendo una crisis internacional grande”, dijo González.
La denuncia fue interpuesta por un representante de Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles (UCIN), partido sin representación en el municipio, “por un presunto delito de administración desleal del patrimonio público y de falsedad documental”. Esta se puso pocos días después de que el Ayuntamiento diese a conocer el resultado del informe externo que se encargó para certificar si lo gastado y ejecutado en las obras del Andrés Torrejón coincidía; y tres días antes de que el Ejecutivo local anunciase que lo había presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.
Un desvío del 14%
Respecto al informe, la auditoría técnica-económica que fue presentada ante los medios el pasado 21 de julio recogía que el Ayuntamiento pagó un total de 20 millones de euros para la ejecución de este proyecto pero que, a día de hoy, sólo hay 16 millones de obra ejecutada.
“Existe un desvío del 14,13 por ciento sobre lo que la empresa certificó como obra realizada cifrándolo en un 76 por ciento, y la verdadera ejecución de la obra que los auditores han cifrado en un 62 por ciento”, detallaron entonces.
Según se reflejaba en el documento, las diferencias entre el proyecto inicial (que comenzó en 2010) y lo realmente ejecutado afectan a prácticamente todos los capítulos, tanto en materiales, como en modelos o marcas, y “no se encuentra ningún documento oficial” que recoja los cambios. El documento constata además que la empresa adjudicataria, Ortiz Construcciones y Proyectos S.L, “no ha prestado una colaboración activa a los auditores”.
El Partido Popular tildó a la auditoría del pabellón denunciado a la Fiscalía de “parcial”, indicando que fue una situación sobrevenida “ante la demanda de resolución de contrato” que presentó la empresa por la paralización de las obras.
“La constructora presentó una solicitud de rescisión de contrato. No lo han hecho voluntariamente, se han encontrado en un callejón sin salida”, dijeron, insistiendo en que el único dato que no han dado a los vecinos es que el contrato “está en los tribunales a punto de resolverse”.
Desde el PP aseguraron que la contrata dio el paso de demandar la resolución, después de que no se llevase a término lo presupuestado para las obras del pabellón en 2015, algo que se repetiría los dos años posteriores.
