Metro de Madrid pagó 2,4 millones y renovó 10 veces el contrato a una empresa contra el criterio de sus abogados

Metro de Madrid renovó diez veces el contrato y pagó 2,4 millones de euros a una UTE encabezada por la empresa de ingeniería Geotecnia y Cimientos SA, contra el criterio de sus servicios jurídicos que recomendaron abrir un nuevo concurso público para llevar a cabo el seguimiento de las obras del transporte suburbano.

Pese a los reparos legales que los abogados de la compañía pública expusieron reiteradamente por escrito desde la tercera de las prórrogas en 2013, la dirección de Metro de Madrid con el anterior Gobierno de Ignacio González decidió seguir pagando las facturas trimestrales hasta mayo de 2015 a la adjudicataria.

La UTE había ganado un concurso en 2008 convocado por la empresa pública de la Comunidad de Madrid Mintra para realizar trabajos de consultoría y seguimiento de las obras del suburbano durante dos años a cambio de 1.529.305,77 euros. Al final, acabó ingresando 2,4 millones más de lo que estipulaba el pliego de condiciones, tras estirar su contrato a través de renovaciones hasta mediados de 2015.

La unión temporal de empresas que integraban Geotecnia y Cimientos SA, Europea de Ingeniería y Servicios, SA, e Ingerop T3 SA (también conocida como UTE USAC 2007-2011) es una vieja conocida del sector que fue contratada la primera vez en 2008 por la Comunidad de Madrid para “supervisar, auscultar y controlar” las obras del transporte suburbano.

Los tratos entre el Gobierno regional y la UTE duraron en total nueve años, pese a que el contrato inicial solo contemplaba dos. El 21 de mayo de 2008, cuando la Comunidad estaba presidida por Esperanza Aguirre, MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte, la empresa pública responsable de las ampliaciones del suburbano y de otras infraestructuras del transporte público entre 1999 y 2011) adjudicó a la citada UTE “el contrato de servicios de consultoría para la supervisión, auscultación y control de las obras promovidas por MINTRA”.

Los trabajos tenían una duración de 24 meses pero se extendieron hasta las vísperas de las elecciones autonómicas de 2015, en las que Metro cambió de gestores con la llegada de Cristina Cifuentes al poder.

Colocación de familiares y personas de confianza

La relación contractual de la adjudicataria con el Gobierno de Madrid pasó en todo ese tiempo por distintas fases. En agosto de 2011, cuando la Comunidad decidió extinguir la empresa MINTRA, fue la Dirección General de Infraestructuras del Ejecutivo regional la que heredó el contrato para seguir pagando a la UTE.

Ese cambio contractual lo firmó el entonces todopoderoso consejero delegado de Metro Ignacio González Velayos, hoy concejal del Partido Popular en Alcorcón, y un hombre que ha ido colocando en los puestos claves de Metro a personas de su máxima confianza, familiares incluidos.

El 21 de mayo de 2012 las facturas las empezó a abonar Metro de Madrid gracias a una nueva subrogación, que tenía un plazo inicial de seis meses pero que preveía prórrogas automáticas trimestrales para prestar ese servicio de supervisión y consultoría hasta que se tramitase un nuevo contrato.

El expediente administrativo, al que ha tenido acceso eldiario.es, destapa los reiterados reparos legales que la asesoría jurídica dejó por escrito cada vez que los cargos de Metro solicitaban informes para adjudicar una nueva prórroga. Todos fueron ignorados.

El primer reproche legal llegó con la tercera ampliación de contrato que la dirección de Metro decidió autorizar para abonar una factura trimestral de 204.181,96 euros (las dos primeras tenían el mismo importe) por supuestos trabajos realizados entre mayo y julio de 2013.

En el primer punto del informe legal, que firman la letrada de la Asesoría Jurídica de Metro, Milagros Ayuso Ferreras, y el responsable del Servicio de Coordinación de Asuntos Consultivos, Pablo Burgos Herrera, se informa favorablemente sobre esta tercera prórroga.

Evitar una sucesión de prórrogas

Pero el segundo apartado del dictamen jurídico “aconseja que se lleve a cabo una nueva contratación que pondría fin a la vigencia del actual contrato, evitando una concatenación de prórrogas del mismo que, pese a su corta duración individual, acabarían prolongando indefinidamente la vigencia del contrato en detrimento de los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato, que rigen nuestra contratación”.

Un portavoz oficial de Metro defiende que el dictamen facultaba a la empresa pública a seguir contratando con la concesionaria y que Metro no cometió ninguna irregularidad. “Los informes de la asesoría Jurídica de Metro siempre han sido favorables a las prórrogas y tan solo añadían que las prórrogas deberían mantenerse durante el tiempo necesario para que se resuelva la nueva licitación y se obtenga un nuevo contrato, ya que si las prórrogas se mantuvieran indefinidas se vulnerarían los principios de publicidad y concurrencia”, alega en una respuesta por escrito el departamento de Comunicación de Metro.  

Con ese criterio, la dirección de Metro autorizó otras siete prórrogas más con idénticos reparos jurídicos. El cuarto pago fue de 694.365 euros. El quinto de 408.363,92. Y así hasta una decena. Por las cinco primeras prórrogas, la UTE ingresó 1.715.275,69 euros, según los documentos en poder de esta redacción.

Incidencias en el sistema informático de contratación 

El procedimiento para alargar el contrato fue tan extraordinario que obligó a la dirección de Metro a saltarse el programa informático de contratación de la empresa pública que no reconocía como válido el contrato, tal y como deja patente la correspondencia de los gestores de la empresa con los técnicos. 

Así lo evidencia un correo electrónico remitido a otros cargos de Metro por Juan Antonio Márquez Picón, responsable entonces del área de Obra Civil y Estaciónes de la empresa pública el 7 de agosto de 2013. En ese email el cargo de Metro asegura: “Dado que la vigente prórroga del contrato de la USAC (tercera) finaliza el próximo 21 de agosto de 2013, se ha iniciado la tramitación en SAP [el sistema de gestión informático] de la cuarta prórroga, como Incidencia de Contratación de Gasto, al igual que las dos anteriores. Ante la situación de bloqueo que impedía la ejecución [...] se efectuó una consulta al Conmmit [un servicio informático]. En la respuesta recibida del Servicio de Desarrollo de Aplicaciones se indica que, en aplicación de las instrucciones recibidas del área de Contratación, no es posible la tramitación por el procedimiento iniciado y debería incluirse una nueva solicitud de Contratación de Tipo Regulación. Por otra parte, en la respuesta a la preceptiva consulta al área de Asesoría Jurídica para la tramitación de la cuarta prórroga, esta indica por una parte que 'de existir la necesidad de seguir contando con los servicios contratados, habrá de realizarse una licitación que permita una nueva contratación de los mismos' y por otra que 'el actual contrato no debería prorrogarse más allá del tiempo necesario para la tramitación de la licitación para la nueva contratación, que pondría fin al contrato actualmente en vigor. En conclusión, a partir del próximo 21 de agosto [de 2013] no se podrá contar con los servicios de la USAC y sería preciso que se tomase una decisión respecto tanto a la posible última prórroga como respecto a la de una nueva contratación”.

El portavoz oficial de Metro negó en la respuesta que remitió a este diario que se produjese algún problema con el sistema informático de gestión de los contratos.  

Tras esa advertencia realizada por el alto cargo de Metro, todavía se sucedieron seis prórroga más y la empresa siguió pagando a la UTE hasta mayo de 2015. Con la llegada de Cifuentes al Gobierno regional, la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid abrió un concurso para  adjudicar de nuevo los trabajos de supervisión de las obras de Metro.