La tensión entre PP y Ciudadanos en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid explota en la campaña electoral
Los dos socios de gobierno habían prometido lo mismo: que la campaña electoral no iba a afectar a las instituciones. Pero las tensiones de los bipartitos de PP y Ciudadanos se han disparado en las instituciones madrileñas en las que se han coaligado a medida que se acercan las elecciones del 10N. La conocida mala relación entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sumado nuevos episodios en los últimos días. Y además los encontronazos se han extendido también al Ayuntamiento de Madrid, donde los dos partidos en el Gobierno siempre han hecho gala de una mejor compenetración.
La batalla entre PP y Ciudadanos por el electorado de centro que ya es evidente se ha hecho patente en las instituciones más importantes en las que gobiernan juntos y se reproduce en otros territorios de la Comunidad de Madrid. La formación de Albert Rivera acaba de denunciar en la Audiencia Nacional al alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, por haber contratado con una empresa de la Púnica hace años cuando era concejal, según ha adelantado este viernes la Cadena Ser.
Ciudadanos, desplomado en las encuestas ante un Partido Popular que crece a costa de reagrupar el electorado de centro derecha, trata de maximizar su perfil propio en el Palacio de Cibeles. Ambos partidos comparten un buen segmento de potenciales votantes y sus diferencias se han afilado especialmente en la última semana en el Ayuntamiento de Madrid, en la que los de Rivera han renegado de la principal medida contra la contaminación planteada por el Gobierno municipal del que forma parte, se han desmarcado de propuestas ideológicas de Vox que sí apoya el PP y se han garantizado que la vicealcaldesa tenta presencia en la foto de anuncios importantes.
La principal “discrepancia”, como lo calificó sin medias palabras Villacís, se ha producido en uno de los asuntos municipales con más proyección nacional: la lucha contra la contaminación. Ciudadanos ha esperado un mes para mostrar su rechazo a la medida vertebral de Madrid 360, abrir de nuevo el centro al tráfico de paso con permisos para los vehículos C de alta ocupación. Los de Rivera alegan ahora que el desacuerdo no es nuevo, pese a que avalaron –siempre en un discreto segundo plano– la presentación del proyecto a finales de septiembre, y piden que se retire este punto. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se aferra a la medida aunque se ha quedado solo en su defensa.
Las primeras evidencias de la estrategia de distanciarse ya asomaron unas semanas atrás con un episodio que terminó haciéndose viral. En medio de una entrevista radiofónica, la vicealcaldesa forzó una pregunta para dejar constancia en las ondas del desacuerdo entre los socios de Gobierno en la gestión de la crisis de residuos. Valdemingómez, escribió Villacís en un papel. Las cámaras captaron el momento.
En el pleno de octubre, el alejamiento de posiciones se ha extendido a todo el grupo municipal. Los 11 concejales de Ciudadanos se abstuvieron de una iniciativa de Vox para dar ayudas económicas a las mujeres embarazadas “con el fin de que encuentren una salida más allá de la opción del aborto”. El PP intentó enmendar la propuesta pero terminó votando a favor. La proposición, que finalmente salió adelante, incluía dar ecografías a las gestantes para evitar las interrupciones del embarazo.
Aunque no le correspondía, la vicealcaldesa pidió la palabra en la sesión para intervenir: “Las mujeres merecemos un respeto porque tenemos capacidad de decisión”. Ciudadanos tampoco tiene competencias en el Ayuntamiento en materia de Hacienda pero Villacís salió a dar la rueda de prensa en la que se anunciaron las rebajas fiscales junto al alcalde. En las butacas de abajo y fuera de los focos se quedó la muñidora técnica de esa reforma: la concejala Engracia Hidalgo. “Así es la nueva política”, bromearon fuentes municipales.
Una constante en la Comunidad de Madrid
Las discrepancias que ahora empiezan a ser latentes en el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, han sido una constante en el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso desde que se constituyó en agosto, y que se han intensificado las últimas semanas con la confirmación de la repetición electoral. No hay semana que pase, sin declaraciones públicas con reproches mutuos. La última, a cuenta de la medida que esta semana anunció el vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), de que Metro de Madrid abrirá hasta las 2:30 horas los fines de semana, una media promesa electoral del partido de Rivera (habían prometido las 24h) que no estuvo exenta de reproches por parte de la presidenta autonómica.
“Sé que tenían intención de hacer esta promesa suya con el electorado y yo lo que tengo que hacer es pedirle mientras tanto que cumpla el del abono transportes, que para mí es fundamental, para mayores”, lanzaba Ayuso en declaraciones a los periodistas al ser preguntada por si conocía que Aguado realizaría este anuncio este martes a través de un medio de comunicación. La consejería de Transportes la dirige hoy el expresidente Ángel Garrido, con el que fuentes del Gobierno apuntan a que mantiene una “pésima” relación con Ayuso. Garrido abandonó el PP y su puesto en las listas para las europeas un día antes de que se confirmaran formalmente para unirse a las filas de Ciudadanos. A la pugna por Metro, se suman otro sinfín de temas como Telemadrid o Avalmadrid.
Y es que las cosas ya no empezaron bien en la coalición. El PP negoció a dos bandas –con Ciudadanos y Vox– mientras la formación de Rivera trataba de evitar la foto con la extrema derecha. Y una vez en el poder, en medio del escándalo de las ayudas de Avalmadrid a la familia de Díaz Ayuso, Ciudadanos decidió apoyar la comisión de investigación a la empresa semipública solicitada por los grupos de la oposición. El plan era hacer desfilar por la asamblea regional a testigos que se extendiesen sobre el uso que familiares, dirigentes y empresarios cercanos al PP de Madrid hicieron de una entidad financiera semipública que tenía en el centro del foco a la propia Ayuso.
La decisión de Ciudadanos provocó la primera gran grieta en el gobierno regional. Y las heridas nunca han cicatrizado, sobre todo después de que Ciudadanos y Vox dieran la mayoría de la mesa de la comisión de investigación a la izquierda representada por PSOE y Más Madrid y que le pone más difícil al PP evitar que Ayuso acabe compareciendo ante los grupos para explicar el préstamo que recibió su padre pese a los reparos de los técnicos y que nunca se devolvió.
Esta misma semana tanto Ciudadanos como Vox suavizaban sus posiciones dando una tregua a Ayuso después de las tensiones protagonizadas días antes. Ambas formaciones evitaron incluirla en sus respectivas listas de comparecientes. Aunque la semana clave de la comisión coincidirá con la campaña electoral a unos días de que los españoles vuelvan a las urnas. La mesa de la comisión se reunirá en torno al 5 de noviembre, a cinco días de los comicios, y elaborará sus valoraciones de los candidatos propuestos, una decisión que obligará a Ciudadanos y a Vox a volver a pronunciarse.
Por este motivo, Vox también ha estado en el centro de la diana de las críticas del PP. El último ejemplo esta misma semana, cuando Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la campaña de Ayuso y exsecretario de Estado con José María Aznar se haya lanzado a insultar al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, llamándole “gilipollas” e “imbécil” a cuenta de las irregularidades de Rocío Monasterio por su trabajo como arquitecta. La pugna por liderar la derecha en España es ahora cosa de tres.
