La corrupción de Púnica y Avalmadrid tensiona la recién nacida coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad
Dos semanas después de que se formase el primer gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid, el acuerdo entre el PP y Ciudadanos vive sus primeras tensiones. Las investigaciones judiciales por corrupción en los Gobiernos del Partido Popular están provocando las primeras fisuras en un acuerdo al que, en teoría, le quedan cuatro años por delante.
Dos casos están erosionando el pacto, aunque ninguno era nuevo para Ciudadanos cuando acordó la coalición con Isabel Díaz Ayuso. El primero, Avalmadrid: el uso que familiares, dirigentes y empresarios cercanos al PP de Madrid hizo de una entidad financiera semipública. Entre otros políticos salpicados por ese escándalo está la propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El segundo, la financiación ilegal del partido, que investiga la Audiencia Nacional y que este lunes ha imputado a las dos predecesoras de Ayuso en el cartel del PP en Madrid: Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.
Con las expresidentas también ha sido imputado un alto cargo de la consejería de Sanidad, Francisco Lobo, que se ha cobrado el primer cese del Gobierno dos semanas después de que empezase a funcionar. Lobo, además de formar parte del entramado de corrupción de Púnica según el juez, está vinculado a Avalmadrid y la presidenta regional ya que fue uno de los consejeros que autorizó el préstamo a su padre.
El acuerdo entre los dos socios de Gobierno incluye el “cese inmediato de cualquier cargo investigado” por corrupción. Isabel Díaz Ayuso pasó solo de puntillas en el debate de investidura sobre este asunto para anunciar que el Gobierno tendría mano dura con la corrupción. Pero las primeras declaraciones de la presidenta regional han sido para desvincularse alegando que se trata de “temas de hace dos legislaturas”. En su partido, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha pronunciado para reclamar “presunción de inocencia” para las expresidentas y solo lamentaba las “lapidarias” conclusiones de la prensa.
En este escenario, Ciudadanos ha decidido desmarcarse de la presunta corrupción de su socio de gobierno y ser también oposición, sumándose a una comisión de investigación en la Asamblea impulsada por las formaciones de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) que aclare lo ocurrido con Avalmadrid. La comisión, que molesta al PP porque desgasta la imagen de su nueva líder en Madrid, previsiblemente saldrá adelante tras el sí de Ciudadanos, que ha defendido este martes que “en la Comunidad no puede haber la más mínima duda ni la más mínima sospecha de cualquier tipo de irregularidad”.
Que la decisión de Ciudadanos ha caído mal en la presidencia lo ha evidenciado el principal asesor de prensa de Ayuso y gran poder en la sombra del nuevo Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez –exsecretario de Comunicación de José María Aznar–, que ha pedido investigar también un contrato público de 102.000 euros que según él se llevó el padre del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, “por la cara” de la Asamblea Regional.
En Ciudadanos califican las declaraciones de Rodríguez de “impresentables” y aseguran que no tienen “ningún tipo de fundamento”. Fuentes del partido advierten de que “caiga quien caiga y le pese a quien le pese” Ciudadanos va a ir de frente contra la corrupción. “No van a desviarnos de nuestro camino que es evitar que la corrupción vuelva a campar a sus anchas en la Comunidad de Madrid”, aseguran desde el entorno de Aguado a eldiario.es.
Pero ni la reciente imputación de Aguirre y Cifuentes ni las presuntas irregularidades de Avalmadrid eran nuevas para Ciudadanos cuando decidió aliarse con el PP y prolongarlo en el poder de la Comunidad de Madrid tras 24 años gobernando de forma ininterrumpida. La presidenta regional llegaba a la Puerta del Sol con el apoyo de los de Aguado cargada con una pesada mochila para el inicio del curso político y que estaba a punto de estallar: ya se conocía el tema del préstamo a su padre por parte del ente semipúblico Avalmadrid, que fue desaconsejado por los técnicos como adelantó eldiario.es, y que la Fiscalía había solicitado la imputación de las expresidentas.
Que la coalición entre PP y Ciudadanos está lejos de dar un gobierno cohesionado ya se dejó entrever durante la primera semana en la que los consejeros tomaron posesión del cargo, aunque Ayuso se esforzase por vender que habían formado “un único equipo” durante la toma de posesión de su nuevo equipo de Gobierno. Solo cuatro días después, Ciudadanos en Madrid irrumpía en las redes sociales con una campaña con la etiqueta “equipo Aguado” que promocionaba solo a los consejeros designados por el partido de Rivera, entre los que se encuentra el expresidente regional, Ángel Garrido, que unos días antes de las últimas elecciones saltó de las listas del PP europeo a la candidatura de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, sin informar previamente a su partido de siempre.
Con la posible repetición de las generales el 10 de noviembre como telón de fondo y la caída libre de la formación de Albert Rivera en las encuestas, la lucha contra corrupción, que ha sido uno de los asuntos que más ha repetido Ciudadanos en su discurso público, es una bandera que la dirección del partido trata de recuperar, en su estrategia de diferenciación del PP, al que ha entregado los gobiernos en todos los feudos autonómicos donde necesitaba pactar.
