Madrid intenta in extremis eliminar los aforamientos tras tres años de bloqueos y propuestas cruzadas
Todos los partidos madrileños quieren colgarse la medalla ser los impulsores de una reforma del Estatuto de Autonomía. Coinciden en que hay que eliminar los aforamientos y limitar los mandatos pero, cada uno a su manera, quiere liderar ese cambio. El resultado de los intereses partidistas cruzados es que la Asamblea de Madrid va a empezar ahora, cuando solo quedan cuatro meses para que se disuelva la Cámara por la convocatoria electoral de mayo, a trabajar en una ponencia para redactar una reforma estatutaria que llegará con muchas dificultades a completarse antes del final de la legislatura.
La misma ponencia podía haberse creado hace dos años y medio pero el PP, cuanto todavía estaba al frente Cristina Cifuentes, bloqueó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Gobierno para reformar el Estatuto de Autonomía porque sabía que no contaba con los apoyos suficientes (dos tercios de la cámara) para sacarlo adelante.
El tiempo corrió sin que ningún otro partido activase la maquinaria. Podemos y PSOE habían presentado dos enmiendas a la totalidad y podían hacerlo, pero no les interesaba porque conocían de antemano que el bloque PP-Ciudadanos tumbaría sus propuestas para incluir en la reforma medidas sociales. Y activar las enmiendas suponía de facto hacer avanzar la tramitación del proyecto del Gobierno.
El pasado marzo, el Gobierno de Cifuentes desatascó la situación, justo antes de la crisis del máster que se llevó a la presidenta por delante. Los cambios sobrevenidos y el shock volvieron a retrasas los tiempos hasta que, después del verano, el PP retomó la tramitación. No lo hacía sin garantías: sabía que el grupo parlamentario de Podemos iba a renunciar a su primera propuesta, compartida con el PSOE, de hacer una reforma profunda del Estatuto para blindar los derechos sociales en la norma fundamental de la región.
La portavoz del grupo, Clara Serra, se lo transmitía oficialmente a todos los grupos en una carta enviada este martes, en la que justificaba que ir a un pacto de mínimos era la única manera de “avanzar de forma eficaz y no meramente propagandística”. En la misiva, Serra justifica que hay “dos puntos” de consenso, la limitación a dos de los mandatos en la presidencia y los aforamientos de los cargos públicos madrileños, y llama al resto a elaborar in extremis una reforma del estatuto que solo recoja esos dos cambios “u otros más si encontramos con facilidad ese mismo acuerdo unánime”.
Ciudadanos, pese a que propuso la limitación de mandatos en el Pleno de la Asamblea a través de una proposición de ley propia en febrero, no va a apoyar la iniciativa de Podemos de reducir, en principio, a dos puntos la reforma. Su portavoz, Ignacio Aguado, ha acusado a Podemos de “buscar un titular” y recuerda a la formación morada que “bloqueó”, junto a PP y PSOE, su propuesta unos meses atrás. “Entendemos que no se puede tomar el pelo a los madrileños”, zanjaba Aguado esta semana.
El respaldo de al menos tres partidos
El PP no ha sido tan tajante. Saben que cerrar la legislatura sin haber aprobado ninguna ley de regeneración democrática, un compromiso adquirido con Ciudadanos y, además, una de las banderas de legislatura de Cifuentes antes de que tuviese que dimitir ella misma por el escándalo de su máster, sería un fracaso político. “Aceptamos lo que propone Podemos como punto de partida. Pero aspiramos a convencer en cuatro puntos”, avanzó el martes el diputado del PP, Alfonso Serrano.
Los cuatro puntos son los incluidos en el proyecto de ley del Gobierno regional: limitación de mandatos a ocho años sean o no consecutivos, supresión de aforamientos, reducción del número de diputados a entre 80 y 100 y creación de nuevas circunscripciones electorales. “No se va a resolver de hoy para mañana, pero hay que abordar cuestiones más allá de las dos que plantea Podemos. Lo que no creemos que sea serio es que un proyecto del gobierno se convierta en un parche”, zanjó Serrano. Los conservadores piensan que, de llegar a un acuerdo de mínimos, obligarían a Ciudadanos a “retratarse” después de que este partido lo intentase abanderar por su cuenta con una proposición de ley la limitación de mandatos incluida en el proyecto del Gobierno.
Los socialistas ya han manifestado, por su parte, que no van a moverse su postura y que no aceptarán esos mínimos si no se incluye en la reforma el blindaje de los derechos sociales. “Estamos dispuestos a abordar reformas en el estatuto sin exclusiones pero deben ser más amplias. No vamos a renunciar a los derechos sociales”, asegura Agustín Vinagre, portavoz del PSOE en la ponencia.
Las negociaciones aún no han empezado, más allá de una primera sesión de la ponencia de toma de contacto. Ni siquiera hay calendario y el reloj avanza rápido. Aunque las elecciones son en mayo, la Asamblea de Madrid se disolverá dos meses antes, lo que deja poco más de cuatro meses para abordar una reforma que estuvo sobre la mesa desde 2016 y que los intereses partidistas, de unos y otros, pueden dejar morir. El margen para actuar es mínimo y al menos tres partidos deben ponerse de acuerdo para sumar la mayoría reforzada de dos tercios necesaria para llevar la reforma al Congreso de los Diputados, que debe convalidarla.
