El 23 de junio del año 2014 la primera bicicleta municipal de alquiler echaba a andar en Madrid. La montaba Ana Botella, la alcaldesa que puso en marcha el servicio recuperando una idea de Gallardón de 2009 que se frenó por la crisis económica. Lo hizo siguiendo un modelo habitual en los gobiernos del PP: externalizando todo el sistema a una empresa privada (Bonopark), a cambio de un jugoso contrato (cerca de 20 millones de euros).
“Hoy es un día histórico porque la ciudad incorpora un elemento esencial para avanzar en la movilidad sostenible”, decía Botella en su discurso inaugural, que calificaba Bicimad como “la pieza del puzzle que hasta ahora faltaba” en la movilidad de la ciudad. Pero el servicio no arrancó con buen pie: la primera jornada registró numerosos problemas técnicos, que se multiplicarían durante los meses siguientes hasta casi colapsar el sistema dos años después.
Después de ocho años de servicio, Bicimad pasa a ser de gestión pública. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) asuma la gestión completa del servicio y le encarga su expansión a los 21 distritos de la capital (ahora está en 15), triplicando su número de bicicletas. Almeida apuesta por una municipalización poco habitual en gobiernos de su signo político y contra la que luchó cuando estaba en la oposición.
El área de Movilidad reconoció hace unos meses que haber privatizado la gestión en su día no era la mejor opción: “El servicio se encuentra adscrito a un contrato de 2013 que impide tener flexibilidad para mejorar su gestión y que se ajuste a la realidad del municipio, a las necesidades de la administración para impulsar la movilidad sostenible y a las exigencias de todos los ciudadanos”, explicaba en una nota de prensa en la que justificaba la municipalización, negociada con el Grupo Mixto como parte del acuerdo de presupuestos para 2022.
El Ayuntamiento no esconde que la razón fundamental de esta recuperación de la gestión pública se hace para “acelerar la extensión a todos los distritos de la ciudad”, ha explicado este jueves la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, al comunicar la noticia. El contrato actual había llegado a sus límites tanto en estaciones como en número de bicicletas.
Este paso se produce después de casi un año de caída en desgracia del servicio por parte de sus abonados, que cada semana que pasa se cuentan en menor número: su uso ha retrocedido a niveles de hace cinco años, pese a que la pandemia había impulsado inicialmente el uso masivo de la bicicleta por parte de los madrileños.
Cuando se completen los trámites burocráticos, Bicimad será gestionada por la EMT, empresa a la que fue cedido el contrato de Bonopark durante el mandato de Manuela Carmena, con críticas e incluso denuncias en los juzgados por parte de Almeida. En mayo de 2016 la empresa municipal pagó 9,4 millones por la cesión, que incluía todos los aparatos, las estaciones y la tecnología del servicio. Almeida llegó a pedir a la entonces alcaldesa que reconociera “todas las tropelías que han hecho” y que pidiera “perdón a los madrileños”. “Van a responder ante los tribunales por lo que han hecho”, llegó a afirmar en 2018. Las denuncias fueron desestimadas cuando quedaban pocos días para las elecciones de 2019 y tumbadas definitivamente en octubre de ese mismo año.
Hoy, el exgerente de la EMT, Álvaro F. de Heredia, celebra la decisión municipal de asumir el serivio: “Renovar Bicimad por un nuevo sistema y el paso a gestión directa son buenas decisiones que podrán hacer gracias a los fondos del Gobierno de España”, explica en declaraciones a este periódico. “Llama la atención que hayan demorado más de tres años y ahora se hagan las cosas corriendo para llegar a unas elecciones, celebro que no tengan en frente una oposición irresponsable y maniquea como la que ejercieron en su día” puntualiza.
El exgerente recuerda el contexto en el que se tomó la decisión de asumir el contrato de Bonopark: “En la legislatura pasada nos encontramos un sistema abandonado que tuvimos que levantar a través de la EMT con el reconocimiento generalizado por parte de todo el mundo. Eso nos costó una querella política del PP de Almeida por malversación -cuando ahora van a invertir muchísimo más en términos relativos- y por prevaricación porque alegaban que la intención era pasarlo a gestión directa, a la que se oponían, y que ahora también van a tramitar”, rememora a preguntas de Somos Madrid.
Las cifras de la expansión
El crecimiento de Bicimad se producirá gracias a los fondos NextGeneration de la Unión Europea autorizados para Madrid por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con ellos se financiará un contrato ahora en concurso que prevé comprar hasta 8.250 bicicletas (750 de ellas en reserva) para aumentar notablemente la actual flota, que cuenta con 2.964 aparatos.
Al menos habrá una estación por distrito y su número se multiplicará de las 258 paradas a las 620 previstas a partir de la municipalización. La idea del área de Movilidad es que el despliegue esté iniciado antes de las elecciones municipales del año que viene, pero el desarrollo del 100% del contrato licitado por la EMT se extenderá al año 2025.
Los plazos, sin embargo, se van a retrasar un poco, ya que la gestión directa de Bicimad no fue aprobada en la última comisión de Movilidad esta semana, como estaba previsto, y tampoco podrá ser ratificada en el pleno que se celebrará en unos días, por lo que habrá que esperar a la vuelta de vacaciones para poner en marcha todo el proceso. El gobierno de Almeida espera poder completar la municipalización “en otoño”, explicó este jueves la portavoz municipal.