Adiós a los patinetes en Madrid. Este viernes acaba el plazo para que los 6.000 aparatos eléctricos de alquiler presentes en la capital dejen de circular. El Ayuntamiento ha retirado la autorización demanial que otorgó a tres empresas para la explotación de este negocio en las calles de la capital y amenaza con que, si no desconectan sus aparatos, les impondrá sanciones de hasta 1.500 euros por infringir la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
La situación ha dado un giro radical desde que Almeida llegara a Cibeles en 2019, cuando la movilidad compartida florecía en la ciudad y las aceras -nota importante- rebosaban de diferentes aparatos de empresas privadas, prestos a ser alquilados vía aplicación móvil. Había un millar de bicis sin base fija, más de 5.600 motos eléctricas y 8.160 patinetes desplegados por hasta 18 compañías en Madrid. A todos ellos se sumaban 2.600 coches eléctricos o enchufables, también de alquiler en las calles. Todo llegaba en un contexto en el que el consistorio limitaba el acceso de muchos vehículos contaminantes a Madrid Central y había que buscar alternativas más limpias.
La situación era tan boyante que las empresas llegaron a pedir al Ayuntamiento permiso para colocar hasta 108.094 patinetes compartidos a lo largo de sus 21 distritos, pero el consistorio, por entonces en manos de Manuela Carmena, fijó en 10.000 el techo máximo para la explotación de este negocio en la ciudad. Muchas pequeñas compañías invirtieron entonces en un negocio que se prometía próspero en los años siguientes. Los operadores se multiplicaban.
Pero la abundancia de vehículos compartidos también generaba tensiones por el uso del espacio público que estos hacían para explotar un negocio privado. Los aparatos irrumpían en zonas con escaso espacio para el peatón, especialmente en el distrito Centro, donde había más negocio gracias a los visitantes de otras partes de Madrid y a los turistas. Tanto molestaban que incluso surgió una liga del apartinetes, formada por ciudadanos que se dedicaban a quitar de en medio estos vehículos. Otros fueron objeto de vandalismo, a imitación de lo que estaban haciendo en otras ciudades tomadas por ellos. También pronto se comprobó que el negocio estaba generando trabajos precarios alrededor, como el de los que buscaban por la noche patinetes para cargarlos por cinco euros.
José Luis Martínez-Almeida llegó entonces a la alcaldía con la promesa de “ordenar” esta situación, pero la llegada de la pandemia puso otras prioridades por delante. Cuando quedó superada la crisis sanitaria, el área de Movilidad redujo de 10.000 a 6.000 el número de autorizaciones para circular y en el año 2023 otorgó solo a tres empresas los permisos necesarios, Tier, Dott y Lime. Todas tenían que acatar una serie de normas establecidas por el Ayuntamiento, que el consistorio denuncia que se han ido incumpliendo de forma habitual: aparcar en lugares fijados por Movilidad o implantar una serie de mejoras tecnológicas y dar acceso a los responsables municipales son algunas de ellas. También es habitual que dos viajeros se suban a un solo patinete, algo prohibido por ley.
Pero el pasado mes de septiembre el alcalde dijo basta: en una rueda de prensa y por sorpresa anunció que retiraría los permisos para que las tres concesionarias siguieran haciendo negocio en Madrid. Explicó que estos aparatos seguían resultando un peligro “especialmente para las personas mayores”, dijo mientras explicaba que a lo largo del mes de octubre tendrían que desaparecer.
Las compañías implicadas se enteraron del anuncio por la prensa y lanzaron varios intentos a la desesperada para reconducir la situación, asegurando que la decisión municipal “no estaba justificada”. Incluso llegaron a amenazar con acciones judiciales si el Ayuntamiento de Madrid seguía adelante con el veto. Pero no hubo marcha a atrás: el pasado día 10 de octubre el área de Movilidad envió un requerimiento a las empresas para que en 15 días cesaran su actividad, un ultimátum que se cumple este viernes 25.
En paralelo, también han desaparecido en la capital las bicicletas eléctricas de alquiler. En este caso el equipo de Almeida optó por no renovar la concesión, que antes había extendido en periodos de seis meses y ya solo beneficiaba a Lime, empresa que tenía desplegadas 521 bicicletas por el centro. El pasado 8 de octubre desactivó en su aplicación todas ellas entre quejas porque consideraban que el alcalde estaba “imponiendo, en la práctica, un único servicio de movilidad sostenible: el servicio público de Bicimad”.
Lo cierto es que con la desaparición de las bicis eléctricas de alquiler a principios de mes y ahora de los patinetes, solo quedan en las calles de Madrid opciones de movilidad compartida a través de motos -Cabify desplegó en verano cientos de aparatos- y coches eléctricos. Tal vez el sistema que más vaya a notar la desaparición de la competencia del patinete sea Bicimad, que acaba de ampliar su servicio para llegar a El Cañaveral, San Cristóbal y expandirse por Entrevías. Ya suma 7.735 bicicletas y lleva 7,8 millones de viajes acumulados en lo que va de año.