Como si de una enfermedad agresiva y está por ver si terminal se tratase, la caída de Bicimad (el servicio municipal de alquiler de bicicletas de Madrid) en apenas dos años parece no tener freno. La salida de la pandemia propició el uso de la bicicleta y numerosos madrileños decidieron probarlo en una capital con bastante menos tráfico que ahora. El sistema ganó 17.000 abonados de golpe a la salida del confinamiento y parecía que supondría su despegue definitivo.
Los problemas llegaron en la primavera de 2021: los actos vandálicos y la falta de mantenimiento empezaron a dejar sin bicicletas las estaciones. En el verano el 60% de ellas no estaban disponibles y se habían cerrado varias ante la incapacidad de cubrir todas las reparaciones necesarias. La mala prestación del servicio empezó a notarse en la cifra de abonados. En mayo de 2021 permanecían dados de alta en el sistema 79.485 madrileños. A partir de ese momento empezó un rápido declive y el número cayó hasta los 68.002 el 31 de diciembre de 2021. Hasta 11.483 personas se habían bajado de Bicimad en apenas medio año.
De la misma forma, está descendiendo el uso diario de bicicletas. El máximo se alcanzó después del confinamiento pandémico, pero el pasado verano se superaron los 400.000 viajes mensuales en aparatos de Bicimad. A partir de ahí la cifra empezó a caer en picado hasta los 185.000 del pasado mes de diciembre, según estadísticas del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
La situación es tan delicada que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida ha aprobado integrar el servicio en la EMT (es decir, municipalizarlo) para poder ampliar su cobertura a los 21 distritos de la capital antes de las elecciones. Y eso que durante la anterior legislatura el ahora alcalde persiguió judicialmente la cesión del servicio a la compañía pública de transportes, además de criticar la gestión directa. No es la primera vez que Almeida hace suyas medidas planteadas por el equipo de gobierno anterior.
Empleados de Bicimad, en declaraciones a Somos Madrid, plantean unas reclamaciones laborales que a su modo de ver también están detrás de esta bajada de usuarios: “No hay personal, y el que entra lo hace para suplir a aquel que promociona o se marcha a otra empresa. Si cuando Bicimad crece eso no va acompañado de un aumento del personal, nos vamos a encontrar con el mismo problema una y otra vez, porque no podremos dar abasto con esa demanda”.
“Al final la bici es un vehículo y como tal tiene que estar en las mejores condiciones. Deben proporcionarnos el material y los recursos para que así sea”, dice otro trabajador. En total, la plantilla la componen en torno a 105 empleados, una cifra que se ha mantenido prácticamente inamovible desde el arranque del proyecto en 2014, para indignación de los trabajadores: “Antes había 2000 bicicletas y el sistema no iba al 100%, ahora esa cifra se ha multiplicado, así que se multiplican también las incidencias, y seguimos igual”. El día en el que se produce la conversación con este medio, hay una sola persona atendiendo todas las reparaciones del taller de Bicimad (uno para toda la ciudad).
Crecer con pies de barro
Critican además la falta de previsión por parte de EMT: “Muchas veces faltan faros para reponer, y tampoco tenemos camiones de redistribución, apenas un par para todo Madrid”. Precisamente la redistribución es uno de los grandes flecos del servicio, de ahí que la ampliación a todos los distritos de la ciudad anunciada por Almeida despierte suspicacias: “Viable va a ser porque el Ayuntamiento se encarga de promocionar los nuevos equipos y las nuevas estaciones. A partir de ahí es donde están nuestros temores, en mantenerlo. ¿Por qué no 'fiabilizamos' el servicio antes de ampliarlo?”, exponen miembros de la plantilla de Bicimad. Denuncian que apenas han tenido contacto con los nuevos modelos de bicis.
El crecimiento de Bicimad se producirá gracias a los fondos NextGeneration de la Unión Europea autorizados para Madrid por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con ellos se financiará un contrato ahora en concurso que prevé comprar hasta 8.250 bicicletas (750 de ellas en reserva) para aumentar notablemente la actual flota, que cuenta con 2.964 aparatos.
La expansión plantea otro problema que ya pudo verse en la ampliación anterior, que llegó a 15 distritos pero con algunas estaciones muy lejanas entre sí. Samir Awad, ingeniero de caminos, menciona el caso de Ciudad Universitaria, con una demanda muy asimétrica entre estaciones. La redistribución de unidades a la que deben hacer frente los empleados se vuelve cada vez más exigente, y al no ir acompañada de un incremento de la plantilla el desajuste del servicio, con algunas estaciones muy llenas y otras vacías, está servido.
El nuevo sistema que plantea el Ayuntamiento va a incorporar estaciones virtuales, lo cual según Awad mitigará el problema. No obstante, se verá agravado por su propio crecimiento geográfico: “Al llegar al límite de la ciudad, con distancias cada vez más grandes, la demanda va a ser inferior. Las bicis van a tender a quedarse en el centro de la ciudad y en el primer cinturón”. Desde su punto de vista, la extensión teórica a toda la ciudad no va a ser tal salvo que se aumenten considerablemente los medios. De ahí que los trabajadores reclamen también algún nuevo taller, de forma que los camiones no se vean obligados a atravesar toda la ciudad si atienden una incidencia en el sur.
Una serie de miedos a la expansión justificados con una rápida mirada al pasado, en opinión de la concejala de Más Madrid Esther Gómez: “Antes de las elecciones de 2015, Ana Botella firmó una ampliación cuando el sistema ya daba problemas que estuvo a punto de destruirlo definitivamente. Tuvimos que salvar la empresa de la quiebra técnica y estabilizarla antes de empezar a ampliarla. Luego nos decían que solo pusimos dos estaciones más durante la alcaldía de Manuela Carmena, pero si no hubieran puesto palos constantes en las ruedas ni nos hubieran dejado Bicimad como nos lo dejaron, seguramente habríamos colocado más. Es una cuestión de prioridades”.
Una municipalización incompleta
Los empleados son muy críticos con las condiciones de trabajo en Bonopark (ahora Avanza Bike SL), la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó el contrato de Bicimad. Ahora que el servicio se ha integrado en la EMT, reconocen que sus circunstancias laborales han mejorado sustancialmente en materias como la seguridad, pero no así las dotaciones con las que poder ofrecer un servicio a la altura.
De hecho, algunos trabajadores creen que esta municipalización está todavía a medio hacer: “El servicio no pasa directamente a EMT y cada vez nos piden más trabajo”. Según Esther Gómez, esto es en gran medida así porque el Gobierno de Almeida percibe la EMT “solo como una empresa de autobuses, cuando debería ser mucho más”.
En la plantilla de Bicimad también cuestionan las exigencias de la empresa para concederles el estatus de operador especialista, entre ellas dar prioridad a la polivalencia en lugar de a la especialización técnica en taller, redistribución o mantenimiento. Además, reclaman lograr esta categoría por antigüedad y no a través de un examen, al que no se niegan mientras no mermen sus derechos de escalafón y sus puntos por antigüedad.
A fin de cuentas, son muchos de estos trabajadores los que soportan que algunos usuarios del servicio municipal paguen con ellos unas incidencias cada vez más habituales, cuando no dan abasto para subsanarlas. Lo cuenta un empleado que se encarga del mantenimiento de puestos y estaciones: “Hay gente que entiende que no es culpa nuestra y otra, poca por suerte, que un poco más y te pega”. Ellos, mientras, siguen centrados en que Bicimad no descarrile.