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El Supremo confirma 59 años de cárcel a un violador que agredió a seis mujeres atraídas con falsas ofertas de trabajo

Fachada del Tribunal Supremo en una imagen de archivo

Alberto Pozas

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El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 59 años de cárcel a un hombre que violó a seis mujeres en situación económica difícil a las que atrajo con falsas ofertas de trabajo. Los jueces, que lo largo del proceso han deslizado que este agresor sexual pudo hacer lo mismo con muchas más mujeres que las que finalmente denunciaron, explican que todas las víctimas relataron lo mismo: que acudieron a Valdemoro, localidad de sur de Madrid, buscando un trabajo y fueron agredidas sexualmente por un hombre que, en su teléfono, almacenaba fotos de miles de mujeres.

No es la primera sentencia firme de este delincuente sexual. Los tribunales madrileños ya le habían condenado en el pasado por abusos, aunque no llegó a entrar en la cárcel. Poco después de que la Justicia le comunicara que esa pena quedaba suspendida, buscó nuevas víctimas: mujeres en situación económica difícil que necesitaban desesperadamente un trabajo para salir adelante.

Empezó a contactar con ellas en el verano de 2017. Anuncios en internet ofreciendo trabajo para limpiar hoteles y casas o para ejercer como masajista. Todas las entrevistas eran una trampa y terminaban igual: con el acusado violando a sus víctimas y haciéndoles fotos que después se quedaba para extorsionar a las mujeres. “Mucho cuidado con la lengua”, amenazó a una de ellas para que no contara nada. “Si te mato te lanzo a una bolsa y nadie sabrá de ti”, espetó a otra.

Todas acudieron movidas por la necesidad económica, incluso cuando supieron que se les exigiría dar masajes eróticos en su presunto trabajo. Una de ellas tenía tres hijos de los que cuidaba sola. Otra tenía a su pareja en prisión. La Policía entró en su ordenador y su móvil y encontró “más de 9.000 fotografías de mujeres en las mismas o muy parecidas posturas, así como fotografías de documentos personales”. La sospecha, según los tribunales, es que “este modo de actuar no se redujo a los seis casos de las víctimas que se atrevieron finalmente a formular la denuncia”, sino que hubo más mujeres.

La Audiencia Provincial de Madrid le impuso una condena que ha llegado casi intacta al Tribunal Supremo: un total de 59 años de cárcel por seis delitos de agresión sexual, además de indemnizaciones para sus víctimas que suman 122.000 euros entre todas y órdenes de alejamiento que duran más de una década. El cumplimiento máximo de condena, eso sí, no pasará de los 20 años efectivos entre rejas y el acusado, a día de hoy, no ha indemnizado a sus víctimas según explican fuentes del caso.

“Una dinámica comisiva similar”

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar el último recurso del condenado, avalando tanto su condena de 59 años de presidio como las indemnizaciones y explicando que el relato de las víctimas y el resto de pruebas fueron más que suficiente para atribuirle seis delitos de agresión sexual. Todas las víctimas contaron lo mismo sin conocerse entre sí, pero además el material del ordenador y del móvil con todas las fotos que hizo a las mujeres y su documentación apuntalaron la acusación contra él.

Las víctimas, según el Supremo, fueron “asertivas en la incriminación y coincidentes en la expresión de una dinámica comisiva similar”. Una dinámica criminal consistente en “unas ofertas de trabajo con variación del lugar de la cita y la realización de los actos agresivos al aprovecharse de la situación económica” de las mujeres. Frente a eso, el acusado se limitó a negar los ataques sin poder explicar por qué tenía fotos de las víctimas y de miles de mujeres más en su teléfono móvil y su ordenador.

A lo largo del proceso, el acusado llegó a señalar que algunas de las mujeres sonreían en las fotos y que, por tanto, no habían sido víctimas de ninguna violación. Los jueces de la Audiencia de Madrid contestaron que eso respondía a la “sumisión” que había conseguido con sus amenazas: “No puede ser presentada como aceptación libre en un escenario de dominación que impedía la capacidad de reacción de las víctimas”, dijeron los jueces.

Algo que conseguía “al cerrar con llave la puerta del piso, empleando un tono de voz impositivo y el clima de intimidación, resaltando además la situación de imposibilidad de denunciar al conservar los datos personales de todas ellas”.

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