Teresa, la vecina de la Cañada Real que ha puesto en jaque la operación inmobiliaria de El Cañaveral

El Cañaveral podría encontrarse seriamente comprometido. La ambiciosa operación urbanística iniciada en terrenos cuyos propietarios son, entre otros, Metrovacesa, Vía Ágora, Vía Célere y la Sareb, podría terminar siendo anulada si el caso de Teresa Gómez, una vecina del Sector 1 de la Cañada Real Galiana, llega al Supremo y este tribunal le diera la razón, en cuyo caso se tendrían que retrotraer todas las actuaciones realizadas desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación de El Cañaveral. De momento, Teresa ya ha ganado dos recursos.

La pesadilla para esta vecina empezó hace más de diez años. “De la noche a la mañana, me acuerdo que era sábado, vinieron unos policías municipales que me dijeron que tenía que desalojar mi casa y que me daban unos días para hacerlo. Traían un papel que si te digo la verdad no sé muy bien qué era. Lo único que me explicaron es que había una operación inmobiliaria denominada El Cañaveral y que me habían advertido por carta que afectaba a mi parcela”. “Si me mandaron esa carta yo nunca la recibí”, asegura Teresa, sentada en el porche de la casa. Dentro de la vivienda, que comparte con su madre octogenaria, a la que está cuidando, se oye ladrar a dos perros que conviven con ella, de los que no se quiere separar.

El desarrollo urbanístico El Cañaveral constituye un importante conglomerado de viviendas en las que habitan ya varias familias. Desde la casa de Teresa se vislumbran al fondo varias grúas que siguen trabajando en la zona. Por encima del pequeño jardín de la vivienda en el que Teresa ha plantado un pequeño huerto, se asoma el muro que hace años comenzó a construir la Junta de Compensación -formada por propietarios, promotoras y las cooperativas- como parte del ámbito de actuación urbanística que incluye zonas verdes. Dicho muro tenía que continuar por la parcela de Teresa, lo que suponía derribar su casa. Y ahí fue cuando empezaron sus problemas al no querer irse de su casa.

Durante un tiempo el asunto parecía haber caído en el olvido. Hasta que 6 de abril de 2017 la Junta de Compensación le envió una notificación en la que se instaba su desalojo. En un principio, Teresa, que ahora está jubilada, pensó que el asunto iba en serio, aunque no entendía por qué, y empezó a empacar sus cosas. Pero luego pensó que no podían echarla así como así de su propia casa que construyó con su marido, ya fallecido, en los terrenos que, según cuenta, les cedió un vecino como pago a los trabajos que había hecho para él. El 6 de junio de 2019, le llegó una resolución del Ayuntamiento en la que se le requería para que procediera en el plazo de diez días al desalojo de la vivienda. Teresa para entonces ya había decidido ponerse en contacto con un abogado. Y todo cambió.

Su abogado, Roberto Alonso Martín, interpuso un recurso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid, que en una sentencia del 18 de febrero de 2021, le dio la razón y determinó la “retroacción” de las actuaciones en El Cañaveral (Madrid) que está en pleno auge a día de hoy. El tribunal dictó que la resolución no se ajustaba a derecho y no se la podía desalojar de la vivienda al no notificarle personalmente el proyecto de reparcelación. Dicha sentencia fue recurrida ante Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el Ayuntamiento y por la Junta de Compensación, pero los magistrados desestimaron dicho recurso de apelación y condenaron a ambas partes a pagar las costas.

Una orden de entrada que le costó otra condena al Ayuntamiento

El abogado explica que, además, el Ayuntamiento solicitó una orden de entrada en el domicilio de Teresa, “que también fue ganada con condena en costas al Consistorio. Todo ello, mediante Auto fechado el 4 de febrero de 2020, dictado por el juzgado de lo contencioso nº 30 de Madrid”. “Ganamos las tres veces porque durante el paso previo a echarla nunca llegaron a notificarle la aprobación del proyecto de reparcelación”, añade Alonso Martín.

Ahora están a la espera de ver si el Ayuntamiento o la Junta de Compensación recurren al Tribunal Supremo. Pero según vuelve a explicar el abogado, “se niegan a informarme sobre este extremo, por lo que vamos a pedir la nulidad del proyecto de reparcelación y, si ganamos, entonces podría existir un lío imposible de sostener”, vaticina. 

“Precisamente -abunda el abogado- el Plan Director que afecta entre otros a El Cañaveral, fue declarado nulo por sentencia, y el Ayuntamiento, en ese caso, se apresuró a dejar sin efecto los recursos que había planteado, porque si no, era posible que pusiera en riesgo varios desarrollos lo que supondría tener que pagar mucho dinero por indemnizaciones”. “Pues bien, en nuestro caso, el asunto podría ser igual grave, porque si ganamos la nulidad del proyecto de reparcelación, todas las licencias y ordenación, podrían ser nulos de pleno derecho”, reitera. “En tal caso habría que volver al comienzo y podrían suspenderse las licencias”, insiste.

Ante la situación, el letrado asegura que solicitaron audiencia con el mismísimo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “Han pasado ya meses y no nos ha hecho el menor caso”, lamenta.

Debate en la comisión de Desarrollo Urbanístico

El caso de Teresa llegó hasta la comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Equipamiento del Ayuntamiento de Madrid celebrada el pasado16 de febrero, en la que el PSOE se interesó por conocer la versión del delegado del área, Mariano Fuentes. “Los Tribunales han anulado una resolución del Ayuntamiento de Madrid para desalojar a una mujer de su vivienda, en El Cañaveral, por no ajustarse a derecho. ¿Qué va a hacer el Gobierno municipal y en qué va a afectar al proyecto de reparcelación de El Cañaveral”, preguntó el concejal de este grupo, Pedro Barrero. En su intervención, Fuentes sostuvo que sí se había notificado el Proyecto de Reparcelación a Teresa Gómez. “Pero esto es falso”, replica Alonso Martín, recordando que “hay dos sentencias que determinan exactamente lo contrario”.

El propio edil del PSOE también cree que “el fallo de los tribunales es demoledor y las consecuencias más”. “Legalmente, hasta que no exista firmeza del proyecto de reparcelación no se pueden realizar otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y cambio de uso, entre otras muchas actuaciones”, sostuvo en la comisión el edil, que pidió al delegado que “ante este despropósito municipal, sean sensibles y responsables”, recordando que “El Cañaveral no es un barrio donde viven directivos de alta dirección, sino el embrión de un barrio cuyos habitantes en su mayoría, son gente joven con un proyecto de vida que puede verse fácilmente truncado ante la falta de rigor jurídico que sobrevuelan los Desarrollos del Sureste”. Por todo ello concluyó: “Sean coherentes, hablen con la otra parte, y dejen de jugar con la vida y el interés general de los habitantes de El Cañaveral”

Una indemnización pero condicionada

Una de las cosas que el abogado reconoce es que el Ayuntamiento puso a disposición de su defendida el pago de una indemnización. “Efectivamente, el Ayuntamiento notificó sin atender la legalidad vigente la comparecencia a mi representada a fin de abonar la indemnización correspondiente”, explica. “Pero al observar mi patrocinada el acta que ya se había confeccionado por el Ayuntamiento junto con la Junta de Compensación del El Cañaveral, decidió, como era derecho, pedir al Ayuntamiento que tomase nota de las manifestaciones que quería dejar por escrito”, explica el abogado. Sin embargo, añade que el Ayuntamiento, “contra todo pronóstico, denegó el pago a mi representada aseverando que, si quería reflejar las manifestaciones con respecto a su disconformidad y demás aspectos relacionados con El Cañaveral, no iba a cobrar”.

Ahora quiere que el delegado de Desarrollo Urbano responda a su requerimiento y rectifique en una nueva comparecencia pública lo que manifestó en su intervención aquel día en comisión. Mientras tanto Teresa está decidida a resistir: “No puedo consentir que sigan mintiendo”, asegura, convencida de que va a ganar esta batalla.

Antes de publicarse este reportaje, esta redacción consultó al Ayuntamiento para conocer su versión del caso, pero la respuesta no ha llegado hasta este lunes. Desde el área de Desarrollo Urbanístico, han enviado una aclaración señalando que “en ningún caso esta sentencia pone en riesgo la operación urbanística de El Cañaveral ni el proyecto de reparcelación, que es firme. La sentencia solo hace referencia a la orden de desalojo de la construcción de la denunciante. Por eso es importante mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, porque ni sus licencias ni la operación corren ningún peligro”, afirman.