El caso Guateque es el paradigma de la forzada lentitud de la Justicia. Lo que parecía una rutinaria investigación por la concesión de licencias comerciales a cambio de sobornos en el Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, se convirtió en un lento proceso con trabas burocráticas, un extraño triángulo de políticos ahora imputados en los casos Gürtel y Púnica, zancadillas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la intromisión del sindicato Manos Limpias y relaciones con el narcotráfico.
En 2007 comenzó la Operación Guateque con la detención de 16 funcionarios del Ayuntamiento madrileño acusados de cobrar hasta 18.000 euros por facilitar licencias de apertura de negocios. Un año y medio después el numero de investigados ascendía a 100 personas, una pesada carga para el juez Santiago Torres, titular del juzgado número 32 de Madrid.
Saturado con otros casos, el juez tuvo que hacer frente además a la apertura de varias piezas separadas porque con la investigación se descubrió los tejemanejes de la mafia búlgara en el control de la noche de Madrid, el asesinato de un portero de discoteca a manos del clan mafioso rival de Los Miami, tráfico de drogas a gran escala o un fraude fiscal por la importación de coches de lujo, entre otros delitos.
Pero los verdaderos problemas para el juez empezaron con sus tropiezos con el Partido Popular. Uno de los funcionarios investigados era Teresa Gabarra, mujer de Alberto López Viejo, entonces miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP además de Consejero de Deportes de la Comunidad y hoy uno de los principales imputados en el caso Gürtel. Gabarra también jugó un papel en esta trama de corrupción, según el juez, como la persona que blanqueaba las comisiones que recibía su marido a través de una cuenta en Suiza. Finalmente, Gabarra fue exonerada.
El juez pidió apoyo a la Comunidad de Madrid, administración de la que dependía su juzgado. El secretario del juzgado mandaba escritos oficiales a la Consejería de Justicia con frases como: “En el momento actual, por la desmesurada carga de trabajo que sufrimos hay muchos atestados minutados y pendientes de incoar, muchos escritos pendientes de unir y proveer, y muchos procedimientos pendientes de impulso”.
En ese momento el titular de Justicia en la Comunidad de Madrid no era otro que Francisco Granados, hoy imputado en el caso Púnica. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hizo caso omiso durante meses hasta a una orden del Consejo del Poder Judicial para crear un juzgado bis que descargara de trabajo al juez Torres con la excusa de falta de presupuesto.
En este panorama entra en juego Miguel Bernard, enemigo declarado de Granados, mediante el sindicato Manos Limpias con una denuncia contra el magistrado por dilatar el proceso. A pesar de las quejas del juez Torres que aseguraba que varios de los acusados trataban de “hundir su carrera” la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial le impuso una multa de 1.000 euros. El secretario general de manos Limpias, Miguel Bernard, está hoy implicado en una trama de extorsión.
El juez Torres consiguió cerrar la causa en 2012, fue trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid. Le sustituyó la juez Rosa María Freire que abrió juicio oral tres años después. El pasado martes tendría que haber empezado el proceso pero se suspendió por enfermedad de uno de los encausados. Otro retraso en un juicio en el que se vuelve a evidenciar el marco de impunidad y relación con la corrupción que mantuvieron diferentes cargos del PP madrileño durante decenas de años.