Las exigencias de Vox que ha aceptado Ciudadanos para hacer presidenta de Madrid a Díaz Ayuso
La popular Isabel Díaz Ayuso será en los próximos días presidenta de la Comunidad de Madrid después de que Ciudadanos haya decidido aceptar las exigencias planteadas por Vox en un nuevo documento en el que no contempla algunas de sus peticiones más contestadas, como la derogación de las leyes de protección del colectivo LGTBI o contra la violencia machista.
Más allá de ese puñado de renuncias, Vox mantiene algunas condiciones polémicas, como favorecer que los recursos de Cooperación al Desarrollo, pensados para países con dificultades, se queden en la Comunidad de Madrid para “frenar la despoblación o mejorar las zonas marginales”.
La revisión de las “subvenciones con el fin de garantizar que los fondos no van destinados a entidades de carácter ideológico” también está incluida en el nuevo documento, que mantiene la demanda de “eliminar o reducir todos los impuestos de la Comunidad de Madrid” y hacer desaparecer los entes públicos que no “respondan a criterios razonables del uso del dinero público”.
Del mismo modo se mantienen las exigencias, parcialmente matizadas, relacionadas con los menores extranjeros no acompañados, que han sido objeto de los mensajes xenófobos del partido al vincularlos con la delincuencia. Vox pide que se “revise y modernice la política de creación de centros bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos”, y exige que sean devueltos a sus países de origen si son mayores de edad.
Aunque no lo incluye de forma explícita. La redacción de este punto queda así: “La administración regional se podrán en contacto con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes”.
En el ámbito educativo, Vox abandona la eliminación de parte de las leyes LGTBI pero introduce medidas que chocan con estas normas. Por ejemplo, quiere eliminar que el acoso por este motivo, muy habitual según las organizaciones, sea tratado con especial atención. El documento obliga a comprometerse a que “cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección”.
La propuesta matizada también exige de forma genérica “introducir mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos” y que se vele por el “derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones”. El documento introduce el respeto a “la libertad de cátedra” en el que insistía el PP para respetar la autonomía de los centros reconocida por la ley.
Vox también se aferra a la aplicación “progresiva” del cheque escolar, un mecanismo de privatización para que la administración pague con cheques la educación privada, para tratar de mantener alguna de sus exigencias. El cheque guardería ya existe en la Comunidad de Madrid para las escuelas privadas desde 2004 en la etapa 0-3. Como símbolo, la formación de extrema derecha también pide que se cambie el nombre de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia para introducirle el apellido “Natalidad” y forzar a la cartera a hacer políticas de incentivación y apoyo a la maternidad.
