La Guardia Civil localiza en un año 74 pozos ilegales junto al Mar Menor en la Región de Murcia
Un total de 37 agricultores están siendo investigados por mantener 74 pozos ilegales en el Campo de Cartagena. A través de esas instalaciones regaban un total de 2.000 hectáreas, según ha adelantado El País. A través de la Operación Anóxica, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha destapado este presunto robo de agua junto al fiscal delegado de Medio Ambiente de Murcia, Miguel de Mata.
El exceso de regadío desregulado en el Campo de Cartagena es una amenaza para el Mar Menor: “El Mar Menor ha perdido su capacidad de autorregulación”, resume Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción. “Actualmente está en una situación de foto fija, a primera vista parecen que las aguas están transparentes, pero es en el fondo donde verdaderamente se ve la turbidez y la contaminación de las aguas”, explica.
Durante la última anoxia de 2022 que sufrió la laguna salada recibió un caudal por encima de los 1.000 litros por segundo solamente en la rambla del Albujón. A eso habría que añadir varios cientos de litros a través de la Marina del Carmolí, además de lo que se filtra por el subsuelo: “El Mar Menor se encuentra en una de sus primaveras más preocupantes de las últimas décadas”, resumió Pedro García, naturalista de ANSE a este diario.
Desde ANSE también achacaron el “colapso” de la laguna al sistema agroalimentario del Campo de Cartagena como uno de los factores clave de su contaminación.
Coordinación entre las administraciones
La amenaza del sector de la agroindustria hacia el Mar Menor podría cambiar. El pasado 17 de enero el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno de la Región de Murcia y los ayuntamientos de los diez municipios que tienen relación con el Mar Menor han puesto en marcha la nueva Comisión Interadministrativa del Mar Menor, un organismo que impulsará la coordinación en la protección y recuperación de la laguna salada: “Viene con mucho retraso esta Comisión y quedan muchas partes de la ley sin aplicarse, como el Plan de Ordenación Interterritorial”, matiza Luengo.
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