Registradas altas dosis de radiación “perjudiciales” junto a un colegio murciano con alumnos con necesidades especiales

El Colegio de Educación Especial Enrique Viviente, en el municipio murciano de La Unión, lleva más de un año esperando a que las administraciones municipal y regional se pongan manos a la obra para proteger a sus alumnos y al personal docente de la contaminación por metales pesados y radiaciones a las que están sometidos, según ha denunciado el investigador y doctor en Minería y Desarrollo Sostenible, José Matías Peñas.

El Consejo de Seguridad Nuclear, recuerda Peñas, instó al Gobierno regional hace ya un año a tomar medidas en esta zona de la Sierra Minera. “Aquí hay niños con discapacidad, y están soportando unas dosis de radioactividad muy elevadas”, asegura el investigador en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales.

En la grabación, Peñas califica de “sinvergüenzas” a los políticos y critica que la jueza haya archivado la denuncia que presentó y que “contaba con informes con los valores de contaminación. ”Ha pasado un año y pese a existir esa orden, los niños siguen aquí. Son niños que están sometidos a la contaminación además por plomo, arsénico, cadmio y zinc“.

Las dosis de radioactividad que están recibiendo, señala, “son de 0,4 microsievert/ hora y al dividirlo por el nivel de radiación natural (0,07) sale una radiación 5 veces mayor a la normal”.

La problemática de la contaminación del suelo por metales pesados, explica, es competencia de la Comunidad; mientras que la de la radioactividad, lo sería del Estado.

Matías Peñas asegura haberse puesto en contacto con el AMPA del centro y con el fiscal: “Denuncié y fue archivado sin la presunta práctica de diligencia debida de investigación por la juzgadora y sin recurso de oposición por la Fiscalía pese a tratarse de menores, de modo que opté por recurrir el auto ante la Audiencia Provincial como acusación particular, pero lo único que he encontrado es silencio”.

Según los datos de los que dispone este investigador, “esta exposición puede producir lesiones en los tejidos o retrocesos en la evolución clínica de estos niños”. Y a pesar de afirmar que no quiere lanzar una “alarma”, ejemplifica que “la radiación que están asimilando es igual a una radiografía de tórax a la hora”.

Contactada por este medio, la Consejería de Educación ha puntualizado que en los dos institutos que hay en esa zona ya se han hecho los estudios y las obras necesarias. Pero en el caso de los colegios, la competencia es municipal y es el Ayuntamiento de la Unión quien debe encargarse de hacer los estudios correspondientes. “Con esos estudios, la Comunidad sí que sería la encargada de ejecutar las obras”.

Los padres han mostrado su preocupación al respecto y han informado de que este viernes se ha desplazado personal del Ayuntamiento hasta el colegio, “aunque no es que se esté haciendo nada por el momento”.

Sin embargo, el alcalde de La Unión, el socialista Pedro López, ha asegurado en declaraciones a eldiario.es Región de Murcia que el informe lo va a realizar el Gobierno regional, “y posteriormente nos reuniremos Ayuntamiento, Consejería de Educación y de Medio Ambiente, para valorar los resultados y actuar en base a ellos”.

Sondeos en los próximos días

La Consejería de Medio Ambiente ha recordado que todas las actuaciones relativas al entorno del colegio son competencia de la Dirección General de Minas. “Por parte de Medio Ambiente, ya que el Ayuntamiento no lo ha realizado, se van a llevar a cabo en los próximos días sondeos para comprobar si existe contaminación en el terreno”. En función del resultado, según las mismas fuentes, se determinará si es necesario realizar el análisis de riesgos, “que también será competencia del Ayuntamiento”.

En caso de que no quieran realizarlo, “la Consejería abrirá un expediente para llevar a cabo las actuaciones de forma subsidiaria”.

El Consejo de Seguridad Nuclear se dirigió el pasado 27 de marzo a la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor para informarle de la denuncia de José Matías Peñas sobre contaminación radiológica en los terrenos de las antiguas instalaciones de la Fundición de El Porvenir, en La Unión. En la parcela, que albergaba las antiguas instalaciones industriales se encuentran depósitos de residuos peligrosos de la termometalurgia del plomo, según el Consejo.

El escrito señala que tanto la propia actividad de la fundición desarrollada en el pasado, como el acopio de residuos en la parcela podrían ser la causa en el entorno de un impacto radiológico significativo desde el punto de vista de la protección radiológica. En esa situación, “sería de aplicación el artículo 61 del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes sobre intervenciones en caso de exposición perdurable”.

En su opinión, “la Consejería deberá establecer, si procede, las medidas de control oportunas en función de los riesgos que entrañe la exposición” y piden que se envíe copia de cualquier información relevante de la que se disponga en relación con la parcela, incluida la titularidad de la misma y de los residuos allí depositados “así como de los resultados de las comprobaciones in situ que puedan tener previstas”.

Urgen, además, a disponer de una caracterización radiológica de los residuos y de distintas medidas de radioactividad ambiental en el colegio de educación especial y en el IES Sierra Minera.

“Se está creando una alarma injustificada”, señala a este medio el alcalde de La Unión. “¿Piensa alguien que por cementar un patio se ataja un posible problema medioambiental?”, se pregunta el socialista al tiempo que lanza una reflexión: “¿Y la Sierra Minera? Y los cientos de hectáreas que hay al lado de los colegios; ¿Cuando hace aire solo respiran en esa zona? ¿Debemos abandonar todos el municipio?”. El socialista insiste en que el colegio lleva “en ese lugar” más de 30 años y asegura que todos los estudios epidemiológicos sobre escolares en La Unión “son negativos, según los datos de la Consejería de Salud”.

Matías Peñas no está, para nada, de acuerdo. “A esos niños no se les ha hecho ningún examen, se le hizo a alumnos de otros centros y sí que se halló toxicidad”. Y cita el caso de un chico de El Llano del Beal con una concentración de 4,85 µmol/L de plomo en sangre que ha ratificado este viernes una demanda contra la Comunidad en la que exige responsabilidades patrimoniales a la Administración por una vulneración de sus derechos fundamentales, y le reclama 200.000 euros.

“Esto va a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -vaticina el investigador-; hay cientos de afectados que van a pedir sus indemnizaciones correspondientes para poder mudarse por razones de salud”.