Este verano nos sorprendía la información sobre un empresario investigado por extracción ilegal de agua de un acuífero durante 17 años para regar un campo de golf en Lorca. El gerente del resort, en el que se encuentra el campo de golf, habría generado unos daños medioambientales valorados en 65 millones de euros, que incluyen el valor de restauración y el coste económico que implica la pérdida de los servicios ecosistémicos.
El informe de la Guardia Civil señala que se descubrieron 14 pozos ilegales y cinco manantiales que han quedado desabastecidos. Los agentes constataron que había sustraído aguas subterráneas dejando un acuífero sobreexplotado y en riesgo cuantitativo y cualitativo.
Un primer apunte que se puede hacer es que la extracción ilegal de agua durante 17 años no puede hacerse sin la desidia e ineficacia de las administraciones competentes y sin la falta de actuaciones de inspección para evitar este desastre ambiental. Alguien no ha hecho bien su trabajo o simplemente no lo ha hecho. El campo de golf citado tenía una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que incluía un Programa de Vigilancia Ambiental que, evidentemente, no se ha cumplido ni nadie ha hecho que se cumpla. La evaluación ambiental se convierte así en papel mojado que no ha evitado este tipo de practicas ilegales que dañan de una manera muy grave nuestros acuíferos, en un contexto de sequía estructural.
Un segundo apunte es la gestión de los recursos hídricos en los campos de golf. En la Región de Murcia hay 22 campos de golf. En las últimas décadas se ha disparado la construcción de campos de golf como reclamo para la venta de urbanizaciones. Un campo de golf de 18 hoyos supone un consumo en torno a 500.000 metros cúbicos de agua anuales, especialmente en ámbitos como el nuestro, caracterizado por ser un territorio árido. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil inspecciona de oficio complejos turísticos y campos de golf de la región y se necesita una auditoria de ellos.
En las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y con la actitud favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se pretende justificar la autorización de los campos de golf obligando a que se rieguen exclusivamente con recursos procedentes de la depuración de aguas residuales, habitualmente de la depuradora adscrita a la propia urbanización del campo de golf.
Sin embargo, las urbanizaciones solamente podrían abastecer las necesidades hídricas del campo de golf, en un supuesto de máximo rendimiento, con una ocupación plena de todas las viviendas previstas por al menos 3 habitantes por vivienda y durante todos los días del año. Este supuesto de máxima ocupación es fundamentalmente irreal.
Se tarda un período de tiempo, que puede prolongarse décadas, para la ocupación efectiva de la urbanización, durante el cual será imprescindible mantener el campo de golf con caudales alternativos, ya que el fin principal del campo de golf es la venta de viviendas de la urbanización y/o resort turístico.
Si los campos de golf se regaran realmente con aguas residuales depuradas, no supondría ninguna solución, porque se trata de unos recursos hídricos públicos que deben ser asignados por la CHS, y que, dada la situación generalizada de escasez hídrica de la cuenca ,debida sobre todo al exceso de demanda, deben destinarse de acuerdo con la prioridad de los distintos usos y los recreativos como el golf se hallan en último lugar.
El resultado final ha sido la proliferación de campos de golf con el único objetivo de vender mejor las urbanizaciones asociadas, a base de ocupar el territorio, generar impactos ambientales y sobreexplotar aún más los recursos hídricos de la cuenca, amparados por la cobertura legal de la administración regional en las declaraciones de impacto que obligan a regar con aguas residuales depuradas y de la CHS que autoriza tales concesiones para el golf.
Se necesita un control e inspección mucho más exhaustivos sobre la procedencia del agua de los campos de golf, así como el cumplimiento efectivo de las Declaraciones de Impacto Ambiental y los Programa de Vigilancia Ambiental. Los problemas que surgen de la extracción ilegal e incontrolada de agua subterránea están ligados a la alteración del estado y la calidad del agua de los acuíferos. Esto produce graves efectos adversos para el estado de conservación de la masa de agua subterránea y pone en riesgo los ecosistemas que dependen de ella.
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