He de confesar que no tengo tan mala intención. Ni soy tan previsor. Ni tampoco tengo dotes de vidente o de adivinación. Por eso no guardé como oro en paño una entrevista publicada el 11 de septiembre de 2000 ––amarga hoja de calendario por Chile y Nueva York–– y firmada por un apreciado compañero. Prácticamente veintiún años después, un conocido me remite copia de esa página de diario en la que el entonces consejero de Agricultura, el nunca bien ponderado Antonio Cerdá, se explaya sobre el desmantelamiento de los “regadíos ilegales”.
Si la situación actual relativa a ese tipo de irrigación y a una de sus consecuencias más directas ––la putrefacción del Mar Menor–– no fuera espantosa, lo que decía aquel brazo derecho que fue del mandamás Ramón Luis Valcárcel el Grande sería motivo de risa, chiste, mofa y befa.
Pero la tragedia del ecocidio actual, prolongado no solo desde el primer síntoma de la 'sopa verde' de 2016 y la anoxia de 2019, sino también ya desde la fecha de esas declaraciones, hace que se hielen las sonrisas más o menos sardónicas que en otras circunstancias provocarían la lectura de los asertos del cínico ministrillo agrícola (y medioambiental).
Opinase lo que opinase ahora aquel ejecutor de patochadas ambientales que los viejos del lugar recordamos––lechugas ecológicas, limoneros secos por falta de regadío, etcétera–– parece meridianamente claro que los actuales gobernantes, herederos de los Valcárcel, Cerdá, Mercader, Bascuñana y demás, tendrán lo que quieran tener pero, desde luego, de credibilidad tienen cero patatero.
Al cabo, no hay quien se crea, por tanto, los recentísimos propósitos de enmienda encubiertos del consejero Luengo, sucesor político de Cerdá, que hace apenas cinco meses “confirmaba” que el Mar Menor presentaba unos parámetros ambientales estupendos. El mismo consejero que, justo después del presente episodio mortífero, amenazó a la ministra Ribera con llevarla a los tribunales por su supuesta responsabilidad en esa matanza. Horas después, “nuestro” presidente y jefe directo de Luengo se daba el pico con la amenazada.
Con semejantes saltimbanquis políticos poco parece que se pueda avanzar. A juzgar por lo ocurrido tras la visita de la ministra Ribera ––que sigue sin decidirse a cortar por lo sano, fiel a la nueva orientación centrista que Pedro Sánchez quiere imprimir al Ejecutivo, asustado por las encuestas––, resulta que ahora nos tenemos que creer que López Miras y sus muchachos van a ejecutar todas las medidas y legislación vigente contra los agroindustriales contaminadores de la laguna y la expansión de regadíos ilegales que no se han atrevido a poner en marcha en al menos los últimos veinte años.
Que nadie se llame a engaño. No lo van a hacer, como demuestran sus continuas referencias a la incidencia de “la climatología”, “el agua con nutrientes de la rambla del Albujón” y demás zarandajas. Por cierto, ¿quién o quienes ponen esos “nutrientes” en el agua dulce de esa rambla? Nadie responde a esto, mientras siguen espesando la cortina de humo con que ocultan su connivencia con los causantes del ecocidio prometiendo la prohibición de “fertilizantes nitrogenados”, empecinándose con el dragado de la gola de Marchamalo y “garantizando” la supresión del regadío ilegal, como hizo Cerdá en el año 2000.
Todo eso, en boca de los actuales gobernantes del Partido Popular, no se lo puede creer nadie. Pero el cinismo y la ridiculez llegan al paroxismo cuando el ciezano secretario general y brazo derecho de Pablo Casado, “Teodorico el del güesesico”, pide que se deje actuar al Gobierno murciano para solucionar el problema en el Mar Menor. Acabáramos. El señor su dios nos pille confesaos. Vale.
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