Que a estas alturas alguien se descuelgue descalificando con la palabra “comunista” solo puede ser síntoma de imaginación escasa. Tan poca como la de quien usa lo de “fascista” a troche y moche, sin más precisión y sin matices. Pero como ha sido el primer calificativo el usado por nuestra egregia primera autoridad regional, no cabe otra sino dedicarle una merecida atención.
La suficiente para reparar en la falta de puesta al día de alguien tan joven, comparativamente hablando con la mayoría de la clase a la que pertenece: la política. Desde la parte derecha del espectro venimos cosechando calificativos bastante más al día para disminuir de una u otra forma la consideración en que se tiene a la izquierda en general. O a una parte de ella: bolivariano, radical, pro-etarra, perroflauta, pijoprogre, etcétera.
El uso de “comunista” como epíteto descalificador nos retrotrae a aquellos tiempos del Contubernio de Munich, de las trampas saduceas, de las conspiraciones judeomasónicas, de la pérfida Albión, del ateísmo quemaconventos y más etcétera, etcétera.
Hay que entender, claro, que cómo se iba a acordar el autor del descalificador “comunista” si el pobre era imberbe -no como ahora- y tocaba la flauta dulce en pantalón corto bastante tiempo después de aquellos años de la Oprobiosa; exactamente en una época en la que sus mayores políticos empezaba a facilitar, a mediados de los noventa del siglo pasado, la esquilmación sistemática de los recursos naturales regionales cuyo paradigma ha resultado ser el ecocidio del Mar Menor y su precedente el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desastre habitacional consecuente.
En la lógica con la que se ha usado lo de “comunista” para descalificar el proyecto -todavía solo eso- de nueva ley reguladora de alquileres, habría que colegir que estamos rodeados. En Europa, digo, pues, efectivamente, desde hace algunos años existen en Alemania, Dinamarca, Francia, Italia o Suiza -países todos ellos “comunistas”, como es bien sabido- normas reguladoras similares a las que pretende introducir en España el actual gobierno de coalición. ¿O debería escribir “socialcomunista”?
Por ejemplo, en Alemania, el gobierno “comunista” encabezado por Ángela Merkel limitó al 10% el alza de precios para nuevos contratos en las llamadas “zonas tensionadas”. Y no fue esa medida un regalito envenenado que la ahora ex canciller haya dejado al primer ministro que le suceda: fue aprobada en 2015, en plena aplicación del llamado “austericidio” comunitario del que la ex líder democristiana alemana fue principal impulsora.
Por su parte, otro “intervencionista” infiltrado como debe ser el presidente Enmanuel Macron se sobrepuso a un primer revés judicial en 2017 a sus manías regulatorias del mercado de la vivienda inventándose una nueva normativa limitativa para los precios de alquiler en París, que sigue vigente.
Pero, obviamente, ni Merkel ni Macron, por citar solo a estos dos emblemas de la derecha europea, deben ser muy dignos del aprecio de nuestro López Miras, puesto que mantienen un cordón sanitario real, efectivo e inamovible frente a cualquier pacto o trato con partidos o representantes del pensamiento ultraderechista nacional.
Por contra, la Murcia gobernada por el eximio lorquino y convertida, a lo que se ve, en penúltimo bastión del ultraliberalismo auspiciado por los líderes Casado y García Egea, mantendrá bien alta la bandera apuntalándola firmemente con lo que haga falta: desde la insumisión legal, anunciada por el presidente regional, hasta los votos de tránsfugas ultraderechistas y vendidos centristas al mejor postor que ocupan escaños en la Asamblea Regional y el magnífico sillón de la presidencia de la cámara. Todos los demás, “comunistas” e “intervencionistas”, como queda demostrado. Vale.
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