La impresión que tengo es que en las luchas de los grupos de defensa del Mar Menor falta genio, músculo, agresividad, contundencia… y también observo un cierto miedo, o pudor generalizado a señalar, con nombres y sus circunstancias, roles y cargos de las personas directamente culpables (empresarios y líderes agrarios), y a los políticos y funcionarios que vienen consintiendo el desastre: directivos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), responsables políticos y técnicos autonómicos, instituciones científicas y universitarias, alcaldes, guarderías de costas y fluviales, fiscales y jueces...
Recomendé hace un tiempo (diario La Opinión, 29 de octubre de 2019) la constitución de un Comité Cívico unificador, que aunara fuerzas vista la floración de grupos y plataformas, inevitablemente contribuyentes a la ineficacia. Pero ante la ausencia de avances netos y de perspectivas positivas, creo que más bien debiera ser un Comité de Acción, o de Defensa, que tenga como rasgo esencial el ataque y el agobio hacia los culpables, ya que son bien conocidos.
Echo de menos una organización -en la que no hacen falta muchos miembros- que no necesite dedicarse a llamar la atención de los medios complacientes o a diseñar campañas ni, como la Fundación Anse (organización que se pretende ecologista pero que en realidad es una empresa de servicios a la caza de oportunidades de negocio), contribuyan a la gran farsa que se representa en el Mar Menor recibiendo proyectos del Estado y escamoteando la crítica radical. Una organización que, compuesta de ciudadanos decididos de ese entorno geográfico, de la Región murciana, de la España machacada o del mundo mundial, destine sus esfuerzos a marcarse objetivos concretos y generales, tanto señalando a políticos y funcionarios, como también criticando políticas, inversiones y todo ese amplio y creciente conjunto de medidas y aspavientos con que las administraciones marean la perdiz sin ir al núcleo y origen del problema. Que muerdan de una vez al cuello del Mal, y no lo suelten.
Me subleva que instituciones del conjunto depredador, como la Fundación Ingenio, propale dudas, mentiras y manipulaciones sobre la acción contaminante para enturbiar el ambiente social y obstaculizar la acción judicial (que es verdad que es timorata e irremediablemente incompetente). Y que se le consienta -a la Fundación Ingenio, digo- que convoque a los causantes directos e inmediatos del desastre para jalearlos en el incumplimiento de la legislación vigente, y el delegado del Gobierno no los frene (así como no frenó a los asaltantes del Ayuntamiento de Lorca en enero pasado). Y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dedique cada vez más recursos financieros a paliar y reducir los impactos, no a eliminar la causa. Y que el Comité Científico oficioso pretenda que el tratamiento que urge dar es el científico-técnico. Me molesta que ni los grupos militantes ni los políticos electos señalen al enemigo principal, la agricultura intensiva, a cuyo desarrollo desde los años 1970 hemos asistido callados e incluso entusiasmados, sin querer levantar la voz al percibir el camino de ruina por el que nos llevaba.
Me indigna que un coro de ingenieros agrónomos de la Región, influidos o pillados por las fuerzas del agro depredador (de nuevo la Fundación Ingenio, activa y antisocial), pretendan que esa agricultura es poco menos que inocua, y atribuyan a otras causas -de menor y distinta relevancia- la responsabilidad de la muerte lenta de la albufera, alineándose con el agropoder y echando balones fuera. Y que los grupos combativos no pidan, a esos ingenieros osados e ignorantes, que vuelvan a su Escuela a estudiar de nuevo Química, la inorgánica y la orgánica, así como nociones de Biología (que la Ecología o la globalidad de los ecosistemas no las entenderán nunca, a juzgar por la formación que reciben y las profesiones que ejercen).
Me aburren esos que siguen hablando de compatibilizar la agricultura productivista con la conservación ambiental. Y me saca de quicio que mantenga relevancia y aceptación el eslogan de que el turismo es el principal perdedor en esta crisis, porque no puedo olvidar el espeluznante poder depredador del turismo, tanto el de la Manga como el de la orilla interior del Mar Menor: un turismo urbanístico y masivo, ensañado sobre un ecosistema altamente frágil (y al que los ecologistas de 1979 y 1980 ya quisimos poner coto).
El Comité que yo propongo deberá excluir a quienes todavía no tienen claras las ideas: entre ellos, los que critican a la Comunidad Autónoma porque son del PSOE o simpatizantes, y quieren salvar a la CHS; y los de la cuerda del PP que protegen a los de Murcia para cargar sobre los de Madrid; unos y otros solo entorpecen. Todo eso, sí, me indigna y mortifica.
La impresión que tengo es que en las luchas de los grupos de defensa del Mar Menor falta genio, músculo, agresividad, contundencia… y también observo un cierto miedo, o pudor generalizado a señalar, con nombres y sus circunstancias, roles y cargos de las personas directamente culpables (empresarios y líderes agrarios), y a los políticos y funcionarios que vienen consintiendo el desastre: directivos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), responsables políticos y técnicos autonómicos, instituciones científicas y universitarias, alcaldes, guarderías de costas y fluviales, fiscales y jueces...
Recomendé hace un tiempo (diario La Opinión, 29 de octubre de 2019) la constitución de un Comité Cívico unificador, que aunara fuerzas vista la floración de grupos y plataformas, inevitablemente contribuyentes a la ineficacia. Pero ante la ausencia de avances netos y de perspectivas positivas, creo que más bien debiera ser un Comité de Acción, o de Defensa, que tenga como rasgo esencial el ataque y el agobio hacia los culpables, ya que son bien conocidos.