Quienes, como el que les escribe, hemos optado por pasar largas temporadas alejados del bullicio urbano y de la masificación del turismo de costa, dirigimos en su día nuestra mirada hacia la olvidada y castigada comarca del Noroeste de nuestra Región, que alberga cerca de un 70% de toda su masa forestal.
En Calar de la Santa, una aldea de Moratalla, tengo mi segunda casa, que cada más la siento como la primera. Para mí, es un tremendo gozo dejarme llevar por veredas y caminos, valles y quebradas en medio de la quietud y el silencio de este precioso entorno. Cuando me es dado otear, a lo lejos, sobre unas peñas, la estampa de la cabra hispánica desafiando a la gravedad o el vuelo silencioso y también ingrávido del águila, esas bellas imágenes me recuerdan que no somos dueños exclusivos de la Naturaleza.
Porque, soberbios, las más de las veces creemos que este bello planeta azul que empezamos a habitar no hace más de tres millones de años nos pertenece. Hemos usado y abusado de sus recursos, como el agua. Vaguadas y barrancos y el vientre del monte, preñado de rocas calizas, la acogen en su seno, delatada su presencia por juncos, zarzas y rosales silvestres. Y, siempre, una hilera de chopos, que en verano exhiben, inhiestos, su verde follaje, nos alerta de su existencia en la superficie o en el subsuelo.
Pero últimamente este recurso básico para la vida no sólo está siendo cada vez más escaso, sino, lo que es peor, en algunas zonas es cada vez de peor calidad.
“El avance imparable de las transformaciones a nuevos regadíos intensivos hortofrutícolas y de la ganadería intensiva e industrial son dos sectores que de modo implacable están acabando con nuestro medio rural, contaminando y sobreexplotando los acuíferos, el suelo y el aire”. Esta contundente y nítida denuncia ya era difundida por el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) en junio de 2020, cuyo portavoz, Alfonso Sánchez, afirma que esta comarca lleva el mismo camino que otras zonas de la Región.
Más de 3.000 hectáreas (ha) se han ido transformando a regadío intensivo en el Noroeste murciano, de modo irregular o ilegal, con la total pasividad o permisividad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, afectando seriamente a las fuentes y manantiales tradicionales. En 2018 ya cursaron una denuncia ante la Fiscalía, pero sin ningún resultado: aquélla se limitó a recabar informes de la CHS y del guarda mayor de la Vega Alta.
Para constatar la veracidad de esta denuncia, sólo hay que darse una vuelta por parajes próximos a zonas protegidas como las fincas Las Oicas, Derramadores, Roblecillo (Archivel), la Venta Cavila, la Cañada de Tarragoya, entre el nacimiento del Quípar y la Almudema, y muchos otros lugares, otrora de secano, para constatar la existencia de extensas zonas roturadas y/o cultivadas con hortalizas, con varias cosechas al año.
Con fecha de junio de 219, el fiscal Díaz Manzanera comunica a CDN el archivo de las investigaciones sobre la contaminación de acuíferos por las actividades agrícolas, concluyendo que “…en relación al presente delito contra el medio ambiente que estaría relacionado con presuntas actividades extractivas ilegales y /o ampliaciones de superficie regable, hay que partir de la base, además de las dificultades que se pudieran presentar en la determinación de la autoría, de que el tipo delictivo del artículo 325.1 y 2 del Código Penal requiere un daño sustancial de la calidad de las aguas o bien un riesgo grave al equilibrio de los sistemas naturales, elementos que no se dan en el presente caso (…)”.
El informe de la Fiscalía, afirma, además que puede desprenderse que “…existe un impacto poco significativo de las hipotéticas actividades extractivas ilegales en los acuíferos del Nororeste”. Aun así, más adelante, reconoce que “la evolución de los manantiales controlados muestra un descenso significativo en 2018, con un último aforo, en octubre, próximo a sus valores mínimos históricos”.
Por otro lado, en relación con el estado de contaminación por nitratos de las masas de agua subterránea, califica como buena la correspondiente al río Quípar, hecho que quedará desmentido con los datos que aportamos más abajo.
En el propio texto del archivo de la Fiscalía se citan expedientes de sanción a la Comunidad de Regantes de Cañada de Tarragoya, y a fincas como el Roblecillo y el Topillo, pero con cuantías muy leves. Según el portavoz de CDN, sólo en la zona de Caravaca de la Cruz, y en el periodo 2014-2018, la CHS abrió 71 expedientes sancionadores con relación a 332 ha transformadas ilegalmente en regadío. Pero, con fecha 31 de agosto de 2020, ningún expediente estaba resuelto ni, por supuesto, se había procedido a la suspensión de esos regadíos ilegales. Según Alfonso Sánchez, la Fiscalía, sólo detecta ‘irregularidades administrativas’.
Ya en junio de 2020, CDN denunciaba que la mayoría de los acuíferos de la Cuenca no van a llegar a 2027 sanos, es decir, no sobreexplotados y no contaminados, tal y como obliga la Directiva Marco del Agua. Entre ellos se encuentra el acuífero de Bajo Quípar.
La contaminación de las aguas de este acuífero que se utilizan para riego supone un peligro para la salud. De hecho, un muestreo de hace unos días del Departamento de Biología de la Universidad de Murcia da una calificación de 2,8, sobre 10, al estado ecológico de esta masa de agua subterránea (MAS), en la que se detectan altos índices de contaminación por nitratos y otros agentes químicos, lo que constituye una seria amenaza para la biodiversidad de la zona, provocándose un proceso similar al que tristemente se viene padeciendo, y sin solución aparente, en todo el entorno de la albufera del Mar Menor.
Preocupado por la situación, CDN procedió, en agosto de este año, a efectuar una ampliación de anteriores mediciones de nitratos en el Noroeste, tomando como referencia los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de octubre de 2015, porque es a partir de esa fecha cuando se agudizan las transformaciones de secano y de regadío tradicional a cultivos intensivos. Esta asociación amplió el informe con mediciones de campo efectuadas por sus propios medios, con la colaboración de Greenpeace, incorporando analíticas en el Río Argos y en dos acequias que dependen del mismo, así como en una fuente cercana, en la zona conocida como la Represa (Benablón). Se ha observado una concentración de nitratos que superan el valor límite de calidad (50 mg/l) en esa zona.
La intención era ver la evolución al alza de la contaminación de los acuíferos por nitratos, si bien habría que considerar también la incidencia de la ganadería y especialmente la intensiva. Con esos análisis, se detecta que hay siete fuentes claramente afectadas además del agua circulante del propio Río Quípar y Argos, sobre todo desde el Estrecho de la Encarnación, en el primer caso, y a partir de la zona de la Represa de Benablón, como se ha dicho arriba, en el segundo, constatándose que ha ido en aumento la contaminación en los últimos cinco años.
Algunos datos significativos: La Fuente Guarinos (Barranda), pasa de 45 mg/l, en octubre de 2015, a 84 en agosto de este año; la Fuente del Cortijo de Moya (La Encarnación), dio unos valores en octubre de 2015 de 50 mg/l, para pasar a 77 en agosto; el río Quípar, en Fuente Correas, daba un índice de 100 mg/l en este pasado agosto; y la Fuente del Piojo, en Benablón, registraba en ese mes 67 mg/l. Es de destacar, así mismo, la afección del río Argos, en la acequia Minas Santa Inés, con unos preocupantes 70 mg/l.
Resulta preocupante el estado de la MAS de Caravaca, sobre todo el grave estado del acuífero de Sima, tanto en calidad (nitratos por encima de 50mg/l), como en cantidad (agónicos caudales de sus fuentes), según se pudo constatar sobre el terreno. El acuífero de Sima comprende aproximadamente el área de Cavila, Benablón, la Encarnación, Pinilla, hasta por encima de la Almudema, incluyendo una parte de Cañada Tarragoya. Prácticamente todas sus fuentes superan los 50 mg/l, con escasos caudales.
CDN reitera que las grandes transformaciones a cultivos intensivos que viene sufriendo toda la Cañada de Tarragoya (desde la Encarnación hasta los Royos), en contra de la protección que establece el Plan General de Caravaca como No Urbanizable Agrícola Ambiental (NU-AA), así como toda el área de Cavila hasta Benablón, totalmente transformada a intensivos, está afectando a todas las fuentes que dependen del Acuífero de Sima y al propio Río Quípar. Otro tanto se podría decir del Río Argos, como consecuencia de las grandes extensiones de parras en cultivo intensivo y otros frutales, aguas arriba.
Preocupante, sin duda, la MAS del Bajo Quípar: con datos de la CHS, en 2018, la Fuente del Cabezo del Madroñal registraba 295 mg/l en 2018, pasando a 190 mg/l en agosto de 2021, con mediciones de Greenpeace; y la Fuente del Pozo Aristero, en esa misma zona del río, superaba los 159 mg/l en 2019.
La contaminación de acuíferos ha determinado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica haya venido incrementando el número de análisis de la MAS en la Cuenca del Segura: 3.021 (2017), 21.960 (2018) y 48.432 (2.019).
A la vista de estos datos, incontestables, desde CDN piensan que deberían verificarse las medidas aportadas y analizar el resto de posibles contaminantes, la procedencia y los impactos que están generando.
Por si la situación de la proliferación de regadíos ilegales no fuera suficiente, el CDN y vecinos y vecinas de Caravaca ven con gran preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería intensiva, por los evidentes daños medioambientales (malos olores, gran consumo de agua, contaminación de acuíferos por nitratos, etc.) que estas instalaciones producen.
Según la información disponible, el debate se inició cuando se conoció entre los vecinos de Archivel un proyecto consistente en la ampliación, en La Oicas de Arriba, de una granja de 9.000 a 15.000 plazas de lechones, y en El Hornico, otra de casi 2.000 cabezas de ganado. El primero está en fase de estudio y el segundo en el de alegaciones, sin que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se haya pronunciado al respecto.
Así mismo, CDN tiene conocimiento de la tramitación ante el Ayuntamiento de Caravaca de solicitud de licencia para la explotación de 2.000 cabezas de ganado porcino de cebo en el paraje Loma de Banderas, cerca de La Mata (Caravaca de la Cruz).
Pedro Costa Morata, presidente de CDN, afirma que «puesto que la cepa H1N1 de la gripe porcina anda suelta por el mundo desde 2009, el Ayuntamiento deberá exigir a los productores de cerdos una póliza de seguro que cubra los daños epidémicos que puedan tener lugar». Por su parte, José L. Álvarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes, afirma que la clave de esta proliferación de granjas está en el incremento exponencial de la exportación de carne porcina sobre todo a China. La Región de Murcia, con dos millones de cabezas y 1.500 explotaciones ganaderas, destina un 40% de su producción a la exportación.
Este modelo de macrogranjas de ganado porcino se está trasladando a otras zonas del Sureste. En este sentido, Francisco Martínez, caravaqueño vecino de Bugéjar (Altiplano granadino), viene denunciando el daño al ecosistema de ese núcleo de población tras la instalación de una macrogranja de cerdos de una conocida firma cárnica murciana, lo que se ha traducido en que la fuente de ese lugar se haya secado.
A primeros de este año dirigió un escrito al Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique. En él, este vecino, destacado activista y ecologista, denunciaba el impacto en el acuífero de la Sierra de la Zarza y Bugéjar por las grandes cantidades de agua que precisan estas explotaciones para el abastecimiento de los animales y limpieza de las instalaciones y las consideraba “inasumibles”, con el riesgo, evidente, de que el ecosistema de la zona se vea “gravemente dañado”, pudiendo incluso afectar a la capacidad de abastecimiento de agua de explotaciones agrícolas próximas ya en funcionamiento, ya que el agua se extrae de sondeos muy próximos unos de otros.
En su denuncia, además, pone en evidencia que la Fuente de Bugéjar lleva ya cuatro años sin agua, mientras que desde el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “miran para otro lado” y dan licencias a estas explotaciones de porcino que consumen hasta 23.000 metros cúbicos de agua al año.
Recuerda que, aunque el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce de manera explícita el derecho como ciudadanos a disfrutar del paisaje en condiciones de igualdad, estableciendo la necesidad de preservarlo para las generaciones futuras, hay peligro de que la estepa de Bugéjar termine por desaparecer y, con ello, las aves que en ella habitan. Pues, aunque en enero de 2011 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, el campo de Bugéjar quedó fuera de todos los planes de recuperación y protección.
El reclamante sigue alegando que “…cuando leemos que una granja de porcino intensiva y altamente tecnificada como la de Cortijo Nuevo genera puestos de trabajo, simplemente pensamos que o nos toman por tontos, o se quieren pasar de listos”. Piensa que se está cerrando la puerta a cualquier otro tipo de emprendimiento que tenga que ver con el turismo sostenible, artesanía y deporte en la naturaleza.
Y por si ello fuera poco, considera que esa macrogranja no va a contribuir a la creación significativa de puestos de trabajo en la comarca, pues “en Puebla de Don Fadrique el paro no ha dejado de crecer y crecer desde el año 2006”, en que habían registradas 60 personas, hasta septiembre de 2020, en que afectaba a 151 personas.
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