En un artículo publicado el 27 de octubre (“De la utilidad social de lo público: el Laboratorio de Mecánica del Suelo”) en eldiario.es de la Región de Murcia expusimos la necesidad de un control público de las infraestructuras construidas con el dinero de la ciudadanía. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a un deterioro de lo público como cimiento del estado del bienestar, argumentándose para privatizar actividades hasta ahora satisfechas por las Administraciones Públicas que el mercado optimiza relaciones como calidad-precio, evitando el despilfarro y proveyendo de servicios eficientes. E incidíamos en la necesidad de controles sobre decisiones políticas ejecutadas por empresas privadas, por ejemplo la construcción de autovías, carreteras y su mantenimiento, y también sobre actividades privadas que pueden incumplir normas o deteriorar los mismos servicios a los que han llegado con la promesa de abaratar y mejorar. Todo lo ocurrido en el entorno del Mar Menor es ejemplo de cómo la dejación de funciones por parte de la administración regional y, en parte, central puede llevar a una situación prácticamente sin retorno en lo referente a la protección ambiental de una joya natural. En muchas ocasiones un mercado sin controles no responde efectivamente a las demandas de una sociedad democrática; sin controles ni trasparencia.
No se trata de defender una economía comunista ni nada por el estilo. Los países de economía planificada demostraron su ineficacia, su oscurantismo y la ausencia absoluta de crítica por motivos obvios de la esencia de las dictaduras. No obstante, esa dificultad para utilizar la crítica como herramienta de cambio o incluso de supervivencia ha sido común en nuestra tierra. Incluso ahora, opiniones no canónicas sobre el agua o sobre la insostenibilidad de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena concitan el silencio o la franca hostilidad por parte de la clase política gobernante. Se trata de hablar del futuro de nuestra Región y de la vida de nuestros hijos en ella, no de comunismo, matiz que no parece interesar a las organizaciones empresariales murcianas.
Pero queríamos hablar sobre el Laboratorio de Mecánica del Suelo, del que, según La Opinión de Murcia de 5 de noviembre de 2019, la Comunidad Autónoma se está planteando prescindir. Estamos hablando de un Laboratorio, según el mismo diario “en el que se realizan los ensayos técnicos necesarios para determinar la seguridad en la construcción de carreteras. En sus instalaciones se realizan también pruebas experimentales encargadas por empresas, porque dispone de equipos especiales que no existen en las compañías privadas que realizan este tipo de trabajos. Es considerado, además, el más avanzado de las comunidades autónomas, dado que solo el Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio de Fomento resulta equiparable al de Murcia. En sus dependencias se realizan unos 4.000 ensayos al año para analizar los materiales y los procesos que se emplean en las obras de la red regional de carreteras”. De esta realidad ya hablamos en un artículo anterior.
También escribimos sobre la negativa a que el Laboratorio de Mecánica del Suelo auditara la llamada Autovía del Bancal, a fecha de hoy una ruina a la que la Administración Regional no sabe como hacer frente. No es de extrañar que en 2018 España siguiera a la cola de la Unión Europea en el Índice de la Percepción de la Corrupción, y que Inés Arrimadas valorara, hace unos días en un debate televisivo, el coste de la corrupción política en varias decenas de miles de millones de euros al año. Falta de controles públicos, falta de los mismos y falta de transparencia es un biotopo perfecto para la corrupción.
Resulta curiosa la respuesta que da la Consejería de Fomento al posible cierre del Laboratorio de Mecánica del Suelo. Al parecer “está evaluando los departamentos con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos que ofrece”. Solo se puede manifestar perplejidad ante la supuesta evaluación de la eficiencia y eficacia de un Laboratorio que es el más avanzado técnicamente de todas las comunidades autónomas. En una Región acostumbrada a estar a la cola de prácticamente todos los indicadores económicos, laborales, educativos, sanitarios y sociales de España, que se cierre el Laboratorio de Mecánica del Suelo parece un contrasentido, a no ser que se quiera rematar la faena y que las carreteras de titularidad regional se conviertan también en las peores de nuestro país. La falta de controles lleva a determinadas consecuencias, sobre todo cuando hay interés en supeditar el interés general al particular.
En los últimos años se ha puesto de moda intentar poner a la zorra a cuidar el gallinero. Ya lo escribimos con la frustrada creación de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente (ARCA). En el caso hipotético del cierre del Laboratorio de Mecánica del Suelo, ¿quién controlaría el cumplimiento de los pliegos técnicos de las obras públicas?. En otras palabras, ¿quién evitaría la posibilidad de construir ruinosas obras públicas a cargo del erario público, es decir, a cargo de los impuestos que pagamos toda la ciudadanía murciana? El vicepresidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia parece tenerlo claro: “Las instalaciones del Centro Tecnológico de la Construcción podrían cumplir el mismo cometido”. Las mismas constructoras de obras públicas se encargarían de supervisar la calidad en su realización. El círculo virtuoso que siempre nos devuelve al mismo gallinero.
Hay respuestas que lo explican todo.
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