Este es un artículo que tal vez no interese a mucha gente: habla de leyes, de agendas políticas, de destrucción de empleo, de crisis del modelo del Estado del Bienestar. Es una historia que recorre muchos años, distintos gobiernos de un mismo partido, épocas de crecimiento económico y de recesiones, de la década perdida. Es también de un artículo que habla de los sábados como días propicios para publicar leyes que cambiaron, y pueden cambiar, la realidad en la que vivimos, con quién nos relacionamos, cómo y dónde nos relacionamos, como debemos concebir y actuar sobre el Medio Ambiente, sin duda uno de las grandes preocupaciones de una sociedad que sigue considerándolo como un bien común a preservar, y no una mercancía más sometidas a las leyes no tan ciegas del mercado.
Ayer, 10 de noviembre, sábado por supuesto, fue publicada la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad, conocida popularmente como Ley de Aceleración Empresarial, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Es una ley que reúne todos los elementos que la hacen candidata a vencedora en el ranking de leyes diseñadas para el lucro personal a costa del interés general: elaborada en la oscuridad (hasta que no fue presentada por PP y Ciudadanos (Cs) en la Asamblea Regional nadie conoció un solo artículo de su contenido) durante muchos meses, prescindió, al tramitarse a iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno Regional, de los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región Pública, prescindiendo además de cualquier información pública a través del Portal de la Transparencia; recibió un informe jurídico demoledor de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional sin que PP y Cs se inmutaran; concitó el rechazo de las organizaciones sindicales; los grupos parlamentarios socialista y de Podemos anunciaron recursos de inconstitucionalidad; se escribió en abundancia de una ley concebida como de “pseudoamnistía urbanística” de la que saldrían beneficiados determinados sectores económicos de una de las partes negociadoras de la futura ley, es decir, el lobby no influyendo sino redactándola directamente (algo similar a lo que ha ocurrido con el borrador de la Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia). En definitiva, algo que no debiera suceder pero que es cada vez más corriente en nuestra Región.
En la aplicación de la Ley de Aceleración Empresarial va a tener mucho que ver la Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor o, la que será su sucesora si no se remedia, la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), otro engendro del tipo “colaboración público-privada” en la que participarán, directa o indirectamente, aquellos intereses económicos integrados en la CROEM e implicados en que la entrada en vigor de la Ley de Aceleración Empresarial (lo hará el lunes, 12 de noviembre) resuelva lo antes posible sus problemas (“lo suyo”) con la legislación medioambiental europea, nacional y regional. Ya hemos escrito en algún otro lugar que de Rosa Luxemburgo solo ha pervivido lo de “la zorra cuidando el gallinero” en referencia al capitalismo.
La Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor, en sus diversas denominaciones, tiene dos características que han pervivido a lo largo del tiempo: la insuficiente dotación de personal para ejercer las competencias que tiene atribuida y la alta calidad profesional del mismo. El déficit crónico del personal tiene su origen en la asunción de las competencias en materia medioambiental en los años ochenta del siglo XX, en la creación de una “administración paralela” formada por “asistencias técnicas” carentes de las potestades públicas de los funcionarios, sobre todo a partir de 1995 pero también antes, y en otra ley que también fue publicada en sábado y que supuso el comienzo de la destrucción masiva de empleo público en la Administración Regional: la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública, que en muchas medidas fue un diktak del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, tal como se comprobó con la posterior publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de la que la Ley Regional 5/2012 fue un anticipo temático en la aplicación de medidas de recorte draconianas en el resto de las administraciones públicas.
En un tiempo en el que se solicitaba más personal para ejercer las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor, la respuesta del Gobierno Regional, obligado en parte también por la legislación estatal del momento, fue la de negarlo o la de, a partir de 2012, proceder a la supresión de todos aquellos puestos de trabajo vacantes o vacantes con reserva, y a proceder a la amortización del 90% de los puestos de trabajo vacantes por jubilación. Tal destrozo para la posibilidad de prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia ha llegado a 2018 con una Administración Regional esquelética, con necesidad de personal en prácticamente todas las consejerías y organismos autónomos y con un grave problema de reemplazo generacional en los próximos diez años, que promete colapsar su funcionamiento si no se crea empleo público neto en un breve plazo de tiempo.
Pero no nos alejemos del objeto de nuestro artículo. De lo demás se podrá hablar en otro momento: de la relación entre Estado del Bienestar y capacidad de gestionarlo con servicios públicos dotados técnica y humanamente, de la caída al vacío de una administración Regional envejecida, infradotada, infravalorada, arrojada a veces por los gestores públicos al escarnio público, juguete otras veces de componendas y acuerdos políticos que se entrometen en la autonomía sindical y su ámbito competencial.
La llamada Ley de Aceleración Empresarial es inconcebible, al menos en su carácter de ley de punto final para desmanes en unos casos y vacíos legales en otros si hacemos caso e interpretamos el Informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional, de la herramienta administrativa que acelere su aplicación. De este hecho se ha apercibido el PP, no dudamos que la CROEM y no sabemos si Ciudadanos (Cs). Pero tal servicio técnico y administrativo, ya lo hemos dicho, está formado por funcionarios que sirven al interés general, ejercen potestades públicas, son independientes y, además, se han leído la Constitución Española.
Por otro lado, siendo una Dirección General que tiene mucho que ver con la actividad económica y con la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación medioambiental, podemos suponer que sufren, en determinadas situaciones, presiones externas e intromisiones políticas inaceptables. ¿Pero que se consigue si integramos a la CROEM y a los intereses que representa (leamos de nuevo la Constitución) en la ARCA? ¿Qué se consigue si la Agencia de nueva creación tiene potestad para la contratación de personal que no será funcionario, no tendrá que ser independiente, no ejercerá potestades públicas y además sabrá que su elección no ha seguido los cauces del acceso a la Función Pública Regional y hay un referente no constitucional a la misma? Lógicamente estas preguntan tienen un problema añadido: el carácter del funcionario público, su independencia y su inamovilidad, posiblemente uno de los factores esenciales de la práctica democrática y de la misma esencia democrática del estado. Un problema, y no poco grave, que debería hacer reflexionar a los partidos políticos que tengan la tentación de apoyar la creación de la Agencia Regional y Medio Ambiente (ARCA) en la Asamblea Regional.
Llegado a este punto, solo queda transcribir lo que algunos compañeros de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, también la del Medio Natural, en las últimas semanas: que llevan años pidiendo que se dote del personal funcionario suficiente, que son unos profesionales (lógicamente se sienten orgullosos de serlo) que han trabajado durante décadas con medios técnicos y humanos precarios pero siempre volcados en su trabajo, que la creación del ARCA va a crear más problemas que soluciones. Y lo que todos sabemos: la administración tiene que ser independiente, los funcionarios públicos deben ejercer sus potestades sin presiones externas y que el interés general es el fin de su actividad.
Pronto sabemos si la sospecha que muchos albergamos es real: que la creación del ARCA es necesaria para hacer efectiva la muy seguramente inconstitucional Ley de Aceleración Empresarial. La Asamblea Regional tiene la última palabra. De su decisión depende el futuro de muchas cosas.
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