“La inversión del Gobierno central –póngase aquí PP– en la Región de Murcia crecerá un 27% en 2018”. Uno lee esto, en medio del Bando, y casi se reconcilia con esa extendida sensación de que los políticos murcianos no terminan de ser escuchados por sus sedes nacionales, especialmente los nuevos populares en Génova 13. Pasada la euforia y como buen hijo de vecino educado en la pública procedo a contrastar no vaya a ser, por uno de esos azares de la comunicación política, que tras el titular se esconda un vacío tan grande como el que ha dejado Pilar Barreiro en el Grupo Popular del Senado.
Efectivamente, el crecimiento de las inversiones para 2018 no recupera los hachazos que Montoro le dio a la Región de Murcia en los presupuestos de 2017 –todavía en vigor– y en los de 2016.
En 2017 las inversiones se recortaron en 58 millones de euros, un 18% respecto a 2016, situación muy diferente a la vivida en Canarias donde, por supuesto, el Gobierno recompensó los votos de Ana Oramas y Pedro Quevedo, resultando por tanto los 7 diputados murcianos (PP+C´S) que apoyaron las cuentas de ese año a precio de saldo.
En el ejercicio 2016 las inversiones del Estado en la Región de Murcia volvieron a bajar un 22,75 %, siendo campeones del recorte de gasto. Si comparamos los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, en el primero de ellos, año electoral, creció la inversión casi un 40% llegando a los 425 millones de euros; en 2016 se redujo drásticamente la inversión hasta los 326,4 millones y en 2017 se recortó sobre lo recortado con 272 millones de previsión. Ahora, para 2018, las cifras presentadas por el Ministro de Hacienda al Congreso suman en inversión real 291,3 millones de euros, siendo por tanto una previsión que ni siquiera alcanza los niveles del año 2016, el año donde más se castigó a los murcianos y murcianas.
A este análisis debe añadirse la cautela propia del manejo de las cifras de inversión territorializada porque suelen ser engañosas al tratarse de infraestructuras que no siempre terminan repercutiendo únicamente en una región, pero, en cualquier caso, son las cifras más significativas a las que debemos acudir para tratar de entender en qué grado apuestan las cuentas nacionales por nuestra Comunidad Autónoma.
Claro que, del dicho al hecho va un trecho, o lo que es lo mismo, desde lo previsto a lo ejecutado se agranda aún más la brecha. Sin ir más lejos y siempre en cifras del propio Gobierno central, en 2016, un año ya de por sí duro para los niveles de inversión, el Estado había ejecutado a 31 de diciembre en la Región de Murcia menos de lo presupuestado en algo más de 80 millones.
Los niveles de ejecución presupuestaria son un indicador fundamental para saber con qué grado de eficiencia y eficacia se está desarrollando la planificación de las políticas públicas y, en esto, Moncloa viene suspendiendo, llegando a niveles de ejecución inferiores al 75%. Veremos próximamente cuáles fueron los datos de ejecución en 2017 y si el Gobierno tenía razón responsabilizando al impasse político de su incumplimiento o si, por el contrario, se trata de una práctica generalizada de implementación defectuosa.
Con todo este panorama siguen sin realizarse apuestas estratégicas para desarrollar las infraestructuras hídricas que permitan ganar en autonomía y suficiencia a través de la innovación, e igualmente se hace imprescindible hacer un seguimiento crítico de la promesa efectuada por el PP de que en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado 2018 se detallaría la llegada del AVE soterrado a Murcia (vías y estación) con la famosa partida de 120 millones, una consignación que no se pudo disfrutar en anteriores ejercicios para el proyecto integral a pesar de lo comprometido desde 2006.
