Hacienda somos todos. Todos pagamos impuestos. Éste es el mensaje que el Gobierno trata de hacernos llegar cada año, mediante llamativos anuncios que intentan representarnos a nosotros, a los ciudadanos y ciudadanas de a píe. El Ministerio de Hacienda nos comunica, a cada rato, que cada uno debe pagar la adecuada tasa de impuestos para que el país continúe avanzando. Una bonita iniciativa, a no ser por el hecho de que la base de esta propuesta parte de una gran mentira: no todas las personas pagan lo que les corresponde. Y lo que es peor: aunque los impuestos deberían ser un mecanismo de redistribución, las cargas más pesadas no recaen precisamente sobre los más fuertes.
Desde las carreteras por las que circulamos y los colegios donde estudiamos, hasta las playas en las que nadamos, los impuestos están por todas partes porque ¡son importantes! Imagina un país en el que no existieran… Todos los servicios dependerían de inversores privados: por ejemplo, una empresa construiría una carretera y se encargaría de publicitarlo en sus productos para mostrarnos lo colaboradora y útil que resulta; o edificaría un colegio al que irían los hijos de sus trabajadores, y también lo veríamos reflejado en sus anuncios; pero, en realidad, sus intereses no irían mucho más allá de la mera ganancia económica: esa carretera llegaría solamente hasta la fábrica de la empresa, y el colegio del ejemplo serviría solo para los hijos de sus empleados, pero no para los otros muchos niños y niñas de la localidad.
En estos mismos momentos, muchos países en vías de desarrollo no recaban estos muchos impuestos, sino que dependen de esos inversores privados y sufren los problemas que hemos mencionado. Aunque todos estos servicios podrían ser pagados por sus gobiernos cubriendo todas las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas sin tener que recurrir a dichos inversores.
Las multinacionales quieren vender productos de calidad para obtener beneficios. Éste es el principio básico del libre comercio, y no debería suponer ningún problema. Sin embargo, para muchas grandes empresas este objetivo llega a ser tan “sagrado” que todo lo que se interponga en su camino es visto como un obstáculo a esquivar: los impuestos, justa contribución a la riqueza de un país, son vistos como uno de estos obstáculos.
Los tratados de doble tributación son acuerdos entre países que intentan evitar que -en teoría- un producto tenga doble carga impositiva. Mediante estos convenios, los países se ponen de acuerdo entre sí sobre en qué país debe pagarse un determinado impuesto y bajo qué condiciones. Las empresas negocian muy bien estos acuerdos para asegurarse grandes exenciones fiscales o bajas tasas de impuestos; buscan su propio beneficio, poniendo, incluso, a unos países contra otros, para negociar en aquellos en los que deben pagar la menor carga fiscal posible. En los países en vías de desarrollo se hacen necesarios grandes sacrificios para lograr mantener las inversiones. Luego, quienes más ganan con los 'Tratados de Doble Tributación' son las empresas.
E incluso, los llamados 'paraísos fiscales' ofrecen tasas fiscales aún más bajas: las grandes compañías multinacionales introducen sus productos, burocráticamente (en papel), a través de estos paraísos, de modo que estas empresas pagan impuestos muy bajos sobre sus grandes beneficios, obtenidos en estos paraísos fiscales, e intentan hacer ver (en los otros países en que van a comerciar) que sus ganancias han sido muy bajas, por lo que, evidentemente, sus beneficios bajos significarán... bajos impuestos.
Las consecuencias de estas prácticas son desastrosas, tanto para el norte como para el sur: mientras los grandes capitales han visto incrementarse su riqueza durante los años previos a la crisis, y el 1% de los más ricos posee ahora más del 50% de la riqueza mundial, casi todos los países europeos han hecho recortes contundentes en sus servicios públicos; estos servicios públicos se pagan con impuestos… De manera que mientras los gobiernos tratan de convencernos de que no hay otra opción que apretarse el cinturón, los ricos se ríen.
Pero las consecuencias van más allá de los países ricos occidentales. En los países en vías de desarrollo, los impuestos sufren una mayor elusión: las grandes multinacionales se interesan por los recursos de un país, pero amenazan con abandonar sus inversiones en él y en su economía en cuanto se les solicita que paguen la proporción justa de impuestos, que ayudaría a invertir en infraestructuras, en servicios sanitarios o en educación.
Pero lo peor de todo es esto: en sus grandes esfuerzos por evitar el pago de impuestos, las grandes empresas no están cometiendo ningún delito. Es perfectamente legal intentar obtener beneficios mediante la evasión de impuestos en los paraísos fiscales; y no hay nada ilícito en negociar tratados impositivos entre dos países dejando a otro totalmente de lado. Sólo se puede juzgar a las empresas por cometer algún tipo de infracción legal, y aunque la evasión de impuestos puede ser injusta o inmoral de cara a todos los contribuyentes honestos, en la realidad actual no hay en ella ninguna violación de la ley.
Aunque la mayoría de la gente no está de acuerdo en que no sean los más fuertes los que lleven las cargas más pesadas, muchas personas zanjan la discusión sobre el tema diciendo que 'esto funciona así, y no podemos hacer nada para solucionarlo'. Afortunadamente, existen tres soluciones bastante simples, basadas en un único valor fundamental: la transparencia.
Actualmente las grandes compañías no tienen que dar explicaciones en todos los países en los que trabajan, tal y como las pequeñas y medianas empresas hacen en los suyos, por lo que pueden fácilmente acudir a los paraísos fiscales para guardar sus beneficios sin ningún tipo de control sobre lo que hacen. Si estas grandes empresas tuviesen que dar información sobre sus ganancias en cada país en que actúan, las personas y los gobiernos tendrían una visión más clara de lo que sucede con la producción en su país; ello evitaría las transferencias de dinero poco éticas, y daría a los gobiernos una mayor facilidad para localizar los fraudes.
Para controlar todo esto se necesita que haya alguien vigilando: una institución libre de intereses económicos y/o políticos que supervise todas las transferencias que se realicen.
Por último, los tratados sobre impuestos entre países deberían estar regulados por tratados fiscales equitativos. Es habitual que las empresas firmen acuerdos para evitar la doble tasación, pero con una mayor transparencia podemos asegurarnos de que una mayor proporción de estos acuerdos, efectivamente, sirvan para pagar impuestos en los lugares donde el valor es añadido.
La aplicación de estas tres soluciones conduciría a una economía más transparente, en la que unos impuestos justos serían pagados por todos equitativamente. Entonces sí podríamos decir que ‘Hacienda somos todos’.
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