El Gobierno regional prosigue, sin prisas pero sin pausas, en su idea central de vaciar de contenido la Dirección General de Medio Ambiente. En este contexto se produjo el cese de funcionarios claves en la evaluación y control ambiental como la directora anterior de la Dirección General de Medio Ambiente, Encarna Molina, la Jefa Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, Antonia Dolores García y, por último, el jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Medioambiental, José Mora.
Estos puestos clave en el organigrama de Medio Ambiente sirven para el control y la elaboración de los informes de calificación ambiental, la supervisión y el control de las autorizaciones ambientales, la gestión de residuos, los suelos contaminados o la calidad del aire. Estas destituciones reflejan el intento de desmantelar estas competencias claves y sustituir en estos puestos a personas más afines a las políticas del Gobierno regional y de la patronal.
La merma que supone prescindir de funcionarios con un conocimiento exhaustivo de la protección del patrimonio ecológico. La destitución de funcionarios competentes en materia medioambiental supone una vuelta de tuerca más en el proceso de desregulación y descontrol sobre el patrimonio medioambiental de nuestra región.
A esto se une el proyecto de creación de la denominada Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), a propuesta de la patronal CROEM, que es otro elemento significativo del desmantelamiento del sistema de control ambiental de nuestra región.
La creación de la ARCA, con el pretexto de una mayor simplificación de los trámites medioambientales, es un intento de evitar la salvaguarda y el control de los elementos de planificación y evaluación ambiental. Significa, en la práctica, plegarse a los intereses de la organización patronal y dejar en manos de ésta, nuestros recursos naturales y la riqueza ambiental de la Región de Murcia.
La apuesta del Gobierno regional es instaurar un modelo que beneficia a los intereses empresariales en general y los urbanísticos en particular. Por otro lado, la creación de esta agencia puede suponer la sustitución de funcionarios por personal contratado interino menos blindado a las presiones exteriores. La gestión medioambiental no puede estar en manos de la patronal, tiene que estar al servicio de la ciudadanía en un organismo independiente de las presiones del urbanismo depredador o de un sector del empresariado.
Otro ejemplo palpable de este continuo desmantelamiento de las políticas de Medio Ambiente es la carencia de medios, infraestructuras y recursos humanos para desempeñar el trabajo en condiciones que vienen arrastrándose desde hace una década, así como como el malestar expresado recientemente por los funcionarios de esa Dirección. El gobierno regional da un paso más en la precariedad laboral y la falta de medios para dejar languidecer de forma lenta a la administración medioambiental en la región
Hay que añadir el mal funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), Órgano Consultivo y de Participación Pública en materia de Medio Ambiente., con el o el incumplimiento del calendario de reuniones anuales, como el incumplimiento reiterado de algunas funciones para las que fue creado.
El deterioro del medio ambiente en nuestra región es una contaste al alza: la agonía del Mar Menor, Portmán suelos contaminados, descontrol de los residuos, espacios naturales presionados por la voracidad urbanística, contaminación atmosférica, etc.; para los cual se necesita una administración regional que asegure la tutela medioambiental efectiva y el control democrático ante la proliferación de problemas ecológicos que tienen un impacto ambiental y de salud pública.
El horizonte que se divisa es malo. Estos cambios abren una perspectiva de inseguridad jurídica, de falta de transparencia política y un deterioro significativo de los mecanismos, las normativas y salvaguardas de protección del medio ambiente en nuestra región.
Es prioritario exigir un giro de las políticas del Gobierno regional que acaben con el desmantelamiento de las estructuras de evaluación y calidad ambiental. Hay que aumentar la dotación de personal funcionario, medios y recursos para poder hacer una labor de control y defensa de nuestro patrimonio.
En definitiva, hay que hacer políticas dirigidas a la preservación de nuestro patrimonio ecológico. La Dirección General de Medio Ambiente necesita dotarse de los necesarios recursos humanos independientes, dispositivos e infraestructuras para realizar su labor de una manera efectiva y con los máximos criterios de transparencia y servicio a la ciudadanía.
