Desde hace meses asistimos impávidos a la situación originada tras aplicarse la ley de incompatibilidades en el Servicio Murciano de Salud… que por cierto llevaba en vigor desde 2001 sin surtir ningún tipo de efecto.
La noticia, sin embargo, no es cuál ha sido la razón que ha llevado a no hacerse efectiva durante más de 15 años o quiénes han sido los responsables. Por el contrario, tras su ratificación y puesta en marcha el pasado mes de noviembre, son decenas de jefes de servicio que bien dimiten o se “resisten” a abandonar su actividad privada, poniendo sobre aviso a la ciudadanía de un posible deterioro de la calidad asistencial. No podríamos estar más en desacuerdo.
En un mundo en constante transformación, líquido, donde el efectismo de los titulares y la amenaza de la posverdad marca la tónica política en general, conviene reorientar el discurso hacia aquellos elementos que permiten construir un núcleo sólido de debate.
La Ley 53/1984 (Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) y la Ley 55/2003 (Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) especifican que se hará incompatible el ejercicio de cualquier cargo que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, añadiendo, además, que se han de incorporar los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos. ¿Conoce el usuario o el gestor herramientas que garanticen dicha independencia? ¿Se audita públicamente la actividad privada y pública de dichos profesionales? En caso contrario, ¿se pueden gestionar recursos públicos compatibilizando la actividad privada?
Estas preguntas se complejizan al valorar otras aristas del problema. Por un lado, se encuentran los profesionales, descontentos y desbordados por un servicio público más centrado en resolver los problemas insalvables de deuda, que en repensar un nuevo modelo sociosanitario que incentive el profesionalismo y la defensa de lo público, asegurando su propia supervivencia.
Por otro, existe un claro problema dependiente de la evaluación de las tecnologías sanitarias y de la práctica clínica habitual, que permita el acceso equitativo a recursos que se hayan demostrado efectivos. Y dentro de este marco, además, se hace necesario renovar un sistema en el que quepan clínicos solventes con capacidades demostradas de gestión. Sin olvidarnos de los usuarios, cuyas aportaciones son imprescindibles para resolver esta situación.
Por estos motivos, el menor de los problemas es la dimisión de los jefes de servicio. Lo acontecido en los últimos meses es la consecuencia inmediata de un barco sin patrón y a la deriva en medio de una tempestad no está descrita en los libros de navegación. Más que nunca se necesita hablar alto y claro de los principales problemas dentro del Servicio Murciano de Salud y para ello no necesitamos pactos efectistas, sino poner sobre la mesa cuestiones para mejorar la salud de nuestra gente.
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