Pedro Antonio Sánchez se enfrenta al 'Caso Auditorio'
- El presidente murciano tendrá que justificar el proyecto, licitación, construcción, recepción de las obras y justificación de la subvención -seis millones de euros- que sirvieron para levantar el Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras en el año 2006
El caso que puede poner fin al mandato de Pedro Antonio Sánchez en el gobierno murciano arranca esta mañana. El objetivo del líder popular será demostrar que no ha incurrido en los cuatro delitos -prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude- de los que se le acusa, y que lo sucedido durante su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras y la construcción del Auditorio no fueron más que “errores administrativos”, como desde su propio partido insisten desde que la jueza de Lorca elevara el caso al Tribunal Superior de Justicia y este lo aceptara.
Pocos minutos después de las 9.00 horas llegaba el presidente a la Ciudad de la Justicia de Murcia para comenzar su declaración. Acompañado de su abogado Francisco Martínez Escribano, Sánchez se querido mostrar “tranquilo” y que se investiga si metió “la pata, no la mano”.
Poco después llegaban miembros de la Plataforma Anticorrupción, con su representante Paco Morote, continuando la protesta que sacó a la calle en la jornada de ayer a más de 3000 murcianos.
La acusación es mucho más dura que lo que afirman desde el PP: Sánchez tendrá que explicar por qué en 2006 presentó una memoria y un anteproyecto concedido sin concurso previo al arquitecto Martín Lejárraga -también investigado-, aunque no hay documento oficial que pruebe su contratación.
Además, según afirma el periodista de La Verdad Ricardo Fernández tres de los seis millones de la subvención se gastaron antes de comenzar la obra, e incluso se cambió la localización de la misma sin un acuerdo previo en el Ayuntamiento, además de que no se comunicara a la Consejería.
También deberá explicar los “excesivos” honorarios al arquitecto del teatro, de más 300 mil euros y que la Intervención General del Estado calificó como “excesivos”. Además, la obra se ha pagado al completo mientras que a su finalización en 2010 solo se había construido un 61% de lo que aparecía en el proyecto.
Una pieza separada sobre subvención
El Juzgado de Lorca señaló que además de anomalías en la licitación de la obra, los fondos que se concedieron por parte de la Consejería de Educación no se justificaron de la manera adecuada, por lo que decidió abrir una pieza separada por este motivo. La subvención de seis millones de euros no está justificada, según considera la instrucción del caso, y la juez Andreo estimó que la Consejería tuvo que abrir un expediente para la devolución de esa subvención por todos los incumplimientos que se llevaron a cabo. La Comunidad dio por justificada la subvención en 2013, después de reiteradas solicitudes de prórroga con el objetivo de comprobar que esta había sido bien empleada.
