La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha solicitado esta la comparecencia de la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, para que explique cuál ha sido la gestión realizada desde su departamento y cómo se ha llevado a cabo el proceso de investigación.
Marín ha recordado que Franco no ha comparecido desde hace meses, a pesar de su gestión está siendo doblemente investigada por la Fiscalía gracias a denuncias presentadas por la formación morada. La primera de estas investigaciones responde a la apertura de diligencias por la gestión negligente de la residencia de Amavir en Cartagena y del Centro de Discapacitados Los Olivos en Cieza, donde la fiscalía estudia las lamentables condiciones que han vivido los residentes, de las que además “eran conscientes en la consejería porque los trabajadores habían denunciado esta situación a sus responsables, sin que la directora del IMAS, ni la vicepresidenta de la Región de Murcia se diesen por enteradas”.
La portavoz de Podemos ha recordado que las residencias también están siendo investigadas por las irregularidades en el proceso de vacunación. Para Marín, “es muy grave que el obispo y el alto clero de la Región se hiciesen pasar por capellanes para vacunarse en una residencia de mayores”. La diputada considera “lamentable” que un grupo de sacerdotes bien posicionados “se hayan colado, quitándole la vacuna a una persona mayor a la que sí que le correspondía”. Además de los religiosos, la diputada de Podemos ha asegurado que “las residencias también han sido una fuente de titulares para este escándalo”, ya que “por lo que parece fue la sede elegida por concejales, familiares, y algún gestor que pudo aprovechar su cargo o contactos para acceder a la vacunación”.
Podemos también pretende que en esta comparecencia en el pleno de la Asamblea Regional, la vicepresidenta “atienda a las peticiones de las familias y los profesionales sanitarios y anuncie la retirada del decreto de Atención Temprana”. Para Podemos, este decreto que “no regula nada, sino que complica y ralentiza enormemente el acceso a los recursos públicos que muchos niños y niñas necesitan para poder, tan siquiera, tener un diagnóstico”. Marín ha exigido que el decreto “aprobado sin ningún tipo de consenso” sea retirado y que los diferentes grupos puedan trabajar junto a asociaciones y expertos en la materia para que la Región de Murcia cuente con una Ley de Atención Temprana eficaz, que dé respuesta de forma integral a las necesidades de estos niños y niñas“.