La Fiscalía investiga a la Universidad de Murcia por “prevaricación” al no informar sobre posibles incompatibilidades laborales de un profesor
La Fiscalía inició el pasado 26 de marzo una investigación contra la Universidad de Murcia (UM) por un posible delito de prevaricación al no aportar esta institución información sobre Ismael Crespo, profesor y actual director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UM, ni de su actividad como asesor político de un candidato a la presidencia de Perú.
La asociación APEDANICA (Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas) solicitó esta información tras conocer que Crespo será el asesor “a tiempo completo” de César Acuña en las próximas elecciones presidenciales de Perú, una nueva relación laboral que podría ser incompatible con su puesto de funcionario en la UM (art. 95 del Estatuto de Empleo Público), según la asociación.
El pasado 1 de febrero, el presidente de APEDANICA, Miguel Ángel Gallardo Ortiz, remitió un escrito al rector de la UM, José Luján Alcaraz, en el que pedía, amparándose en la ley de transparencia (Ley 19/2013), una “copia íntegra con datos económicos de todos los contratos, convenios o cualquier tipo de relación que pueda hacerse pública, autorizada o no autorizada por el rector, que haya vinculado en el pasado o vincule en la actualidad o esté previsto que vincule en el futuro a la Universidad de Murcia con la candidatura de César Acuña o con algunos de sus negocios en el consorcio educativo (Universidad César Vallejo, Universidad Señor de Sipán o Universidad Autónoma del Perú)”, pero la institución educativa no respondió a este requerimiento. Seguidamente, APEDANICA puso en conocimiento de la Fiscalía los “indicios racionales” de las posibles irregularidades realizadas por Crespo y por la UM por no investigarlas: “Faltas administrativas muy graves e incluso presuntos delitos de funcionarios públicos perfectamente conocidos por el rector de la Universidad de Murcia” y señaló que “la omisión del rector es indicio racional de comisión por omisión (corrupción pasiva)”, reza el documento al que ha tenido acceso este periódico.
El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, tuvo en cuenta los indicios presentados por APEDANICA y abrió una investigación por un posible delito de prevaricación: “Unas posibles faltas administrativas debido al silencio administrativo respecto de la solicitud de información realizada al Rector de la Universidad de Murcia”, muestra el escrito de la Fiscalía con fecha de 26 de marzo. Este periódico se ha puesto en contacto con la UM y han confirmado que han sido notificados por la Fiscalía de la apertura de diligencias, al mismo tiempo que han manifestado que la institución educativa está recopilando todos los datos sobre este proceso.
Existe jurisprudencia sobre la incompatibilidad de los profesores universitarios para poder compaginar su trabajo con otras actividades. Uno de los casos más mediáticos fue el de Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y cofundador de Podemos, que realizó en el año 2010 trabajos de asesoría para los Gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, por los que cobró 425.000€ en 2013. La UCM le abrió un expediente disciplinario al determinar que Monedero había cometido una falta grave y lo suspendió de empleo y sueldo de seis meses (después la sanción fue rebajada a cuatro meses). En 2018 el TSJ dio la razón a la UCM y sentenció que “los profesores universitarios que desempeñan su actividad a tiempo completo tienen una prohibición absoluta y exclusiva para compatibilizar esta actividad con cualquier otra, ya sea pública o privada”. La sentencia señaló que la Universidad sí puede conceder compatibilidad a los Profesores Titulares para realizar actividades privadas cuando el docente esté sujeto a un “régimen de dedicación a tiempo parcial”.
Ismael Crespo y el candidato a la presidencia de Perú
La relación profesional entre el candidato del partido Alianza por el Progreso (APP) y Crespo comenzó en 2016 cuando Acuña fue expulsado de la campaña presidencial de ese mismo año por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al haber desarrollado una estrategia basada en dar dinero a los ciudadanos para ganarse las simpatías de los electores, algo prohibido por la ley de partidos políticos, aunque el propio candidato justificara que esas donaciones tenían “carácter humanitario”. Después de ser apartado de la carrera por la presidencia, el político decidió sustituir a su anterior asesor y nombrar a Ismael Crespo, al que recientemente volvió a contratar a “tiempo completo” para afrontar los nuevos comicios presidenciales de 2021. Sobre la asesoría política que está realizando Ismael Crespo con el candidato, el medio peruano El Comercio informó que en APP “no están contentos con su trabajo”.
Las trayectorias académicas de Ismael Crespo y César Acuña están marcadas por presuntas irregularidades. El polítólogo fue cesado de la ANECA, señalado por presunto plagio de una conferencia que impartió en Buenos Aires en el año 2002 y expulsado de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón por impartir másteres y cursos en México en nombre de la fundación sin tener la autorización y la acreditación para hacerlo.
Por otra parte, el candidato a la presidencia de Perú fue investigado por dos universidades peruanas por irregularidades en su licenciatura en Ingeniera Química y el máster en Administración de la Educación. En 2009 se doctoró en España, en concreto en la UCM y esta institución abrió una causa tras detectar “deficiencias e irregularidades al incorporar, en algunas partes, textos sin aplicar los criterios de citación y de reconocimiento de la autoría ajena que son exigibles en la metodología científica”, expresó la Complutense en un comunicado. En 2017 la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid optó por no anular el doctorado de Acuña porque “no existían causas suficientes”, reflejó el dictamen elaborado por este organismo.
