Una docena de familias de presos republicanos han interpuesto en el juzgado de Aoiz (Navarra) la primera querella colectiva por trabajo esclavo durante el franquismo. Son familiares de presos del bando republicano que durante los años 1939 y 1942 trabajaron en la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y de Salazar en el Pirineo navarro, la Igal-Vidángoz-Roncal, que ahora reclaman el reconocimiento de sus allegados como víctimas de la dictadura.
Es la primera querella por trabajos forzosos durante el franquismo que se presenta en España y cuenta con el respaldo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la asociación Memoriaren Bideak, que han anunciado que interpondrán nuevas querellas del mismo tipo en otros puntos del Estado.
Se estima que unos 15.000 prisioneros trabajaron de manera forzosa en la comunidad foral durante los primeros años del franquismo en la construcción de cuatro carreteras, así como búnkeres y otras estructuras defensivas con las que Franco pretendía fortificar la frontera entre Navarra y Francia en los Pirineos por miedo a una invasión. La construcción de estas estructuras se comenzó en el verano de 1939 y para ella se utilizó mano de obra esclava de presos republicanos a los que no se les había imputado delitos graves en contra del régimen, los conocidos como “desafectos”, que fueron organizados por batallones en los diferentes campos de concentración que el franquismo tenía por toda España.
En el caso de los cerca de 2.500 presos que se calcula que trabajaron en esta carretera del Pirineo provenían fundamentalmente de los campos de Miranda de Ebro y de la Universidad de Deusto de Bilbao. Todos ellos trabajaban durante largas jornadas en condiciones precarias con picos, palas y martillos como único material para picar la piedra y hacer los caminos.
Durante su estancia en los batallones de trabajo, además de estar privados de libertad -estaban continuamente vigilados por soldados armados-, también sufrían hambre, sed, frío y maltratos físicos. Algunos murieron por enfermedades como la tuberculosis, mientras que otros que intentaron fugarse fueron fusilados. Pese a que tan solo hay trece muertes registradas de trabajadores en la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, se cree que fueron más.
“Pedimos que lo que el derecho internacional reconoce como un crimen contra la humanidad, sea también reconocido por la Justicia del Estado español”, ha reclamado Valentín Esteban, portavoz de las familias, que exigen “respeto y reconocimiento y que se establezca la verdad”.
“Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con estos presos y con valores democráticos que dice defender. No es admisible que continúe la impunidad actual”, ha finalizado el portavoz de los familiares de los presos que trabajaron en esta carretera como esclavos de la dictadura.
La querella, que va acompañada de dos informes periciales en los que se recogen las condiciones en las que trabajaron los presos del franquismo de manera forzosa, está dirigida a los mandos franquistas que ordenaron este tipo de trabajos (se desconoce si alguno sigue vivo). “El recorrido de la querella es incierto, no sabemos cuál va a ser la decisión del juzgado de Aoiz. Esperemos que sea admitida a trámite y se investiguen los hechos”, ha señalado Jacinto Lara, el abogado que ha colaborado con las familias en la presentación de la querella.
Lara ha destacado a su vez que los crímenes de lesa humanidad son “imprescriptibles” y “no es de aplicación la ley de Amnistía de 1977”. Ha interpelado al Gobierno de España para que “facilite la investigación” y ha lamentado “la impunidad en la que incurre el Estado español sistemáticamente al negarse a investigar estos crímenes”.
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