El Gobierno de Navarra trabaja en una fórmula jurídica para aplicar restricciones cuando decaiga el estado de alarma

El Gobierno de Navarra está preparándose ya para el escenario que se presentará una vez el 9 de mayo decaiga el estado de alarma que ha permitido a las comunidades adoptar algunas medidas “esenciales” para contener la pandemia como son los cierres perimetrales o el toque de queda. El Ejecutivo de María Chivite trabaja ya en una fórmula similar a la que tuvo que aplicar el pasado mes de octubre, cuando Navarra lideraba todos los indicadores de la pandemia del país y no había estado de alarma.

Entonces, el Gobierno foral anunció el cierre perimetral de Navarra, que se convirtió en la primera comunidad en limitar las entradas y salidas de su territorio, medida que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) autorizaron, a diferencia de otros como el de Castilla y León, que tumbaron los confinamientos que el Ejecutivo autonómico había decretado en algunos municipios.

El miércoles la consejera de Salud, Santos Induráin, adelantaba que el Gobierno foral ya está valorando la configuración del marco legal que se pueda abrir tras el 9 de mayo, una vez se levante el estado de alarma, teniendo en cuenta que la situación sanitaria en Navarra sigue siendo de “frágil estabilización” de los casos de COVID-19 mientras que los hospitales siguen “muy presionados”.

El Ejecutivo navarro anunciará esta semana las nuevas medidas que se aplicarán a partir del 9 de mayo, fecha en la que además del estado de alarma, también decaen las restricciones que están vigentes en estos momentos en la comunidad foral y que incluyen el cierre perimetral de todo el territorio navarro, el toque de queda de 23:00 a 6.00 y el cierre de los interiores de la hostelería.

Por el momento todavía no se ha decidido si levantar la limitación de las entradas y salidas de Navarra, pero desde el Gobierno foral insisten en que se trata de una restricción que se podría adoptar pese a no haber estado de alarma, y recuerdan que el TSNJ ya permitió cerrar perimetralmente la comunidad foral en octubre sin estado de alarma. Para ello, el Ejecutivo argumentó que se trataba de una medida “necesaria” para frenar la alta incidencia, que por aquel entonces sobrepasaba los 1.500 casos por 100.000 habitantes. A día de hoy la incidencia es de algo más de 300 casos.

“Es una cuestión que estamos valorando y estudiando desde el punto de vista sanitario y de amparo legal, que sean medidas que atiendan a la situación sanitaria y que sean medidas motivadas y proporcionadas desde un punto de vista quirúrgico. Tenemos que ver y concretar exactamente cuáles son las decisiones concretas dentro del margen de la legalidad y dentro del margen y las decisiones que puedan adoptar las comunidades limítrofes”, señalaba el vicepresidente Javier Remírez al respecto esta semana.