El Gobierno de Navarra no actuará ante la deportación “trampa” de un vecino senegalés de Ribaforada

El 6 de mayo del año pasado Modou Khadim, natural de Senegal, pero residente en España desde hacía diez años y vecino por entonces de la localidad navarra de Ribaforada, fue citado en el ayuntamiento “para solventar un trámite relacionado con su empadronamiento”. No se trataba de una citación real, sino de una trampa, denuncia SOS Racismo, ya que cuando acudió al edificio consistorial fue detenido y trasladado a dependencias policiales por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, en menos de 48 horas, fue expulsado a su país de origen sin que mediara asistencia jurídica ni ninguna otra actuación.

El caso fue llevado al Defensor del Pueblo que el pasado mes de octubre a través de una resolución afeó la forma en la que actuó el ayuntamiento. “La citación realizada con un pretexto ficticio, con la finalidad de la detención del interesado para facilitar su expulsión, no es acorde con los principios que regulan la actuación administrativa, ni respeta los derechos con los que cuentan los interesados en cualquiera de los procedimientos administrativos en los que se encuentran explicados”, sentenció el Defensor.

Y es que la Ley Orgánica 4/2000 que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social recoge en su disposición adicional quinta, que “para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los órganos de la Administración General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este último en lo relativo al Padrón Municipal de Habitantes, facilitarán a aquellos el acceso directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos”.

Posible irregularidad en la cesión de datos

La Brigada Local de Extranjería de Tudela, que conocía que Modou Khadim tenía una orden de expulsión por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, accedió a los datos del padrón porque se los facilitó el Ayuntamiento de Ribaforada y no a través del INE como recoge la ley. Por ello el Defensor del Pueblo concluye que el alcalde se extralimitó de sus funciones al facilitar los datos del padrón de Khadim a la policía.

El alcalde, Jesús María Rodríguez, nombrado en agosto director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, argumenta que en ningún momento actuó de forma indebida amparándose en que el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que “la lealtad institucional exige la cooperación de las administraciones públicas en aras del superior interés general”. Desde SOS Racismo denuncian el método llevado a cabo por el alcalde y le acusan de ser cómplice de una expulsión exprés. “Hizo uso de una citación, a sabiendas de que no iba a cumplir el fin mencionado, lo cual supone un exceso de sus funciones y competencias, y le convierte en cómplice de uno de los mecanismos más atroces del racismo institucional, como son las expulsiones exprés”, critican en un comunicado.

El Defensor del Pueblo, por su parte, informa en la resolución el traslado del caso a la Agencia española de Protección de Datos para que estudie la posible irregularidad en la cesión de los datos de Modou Khadim a las autoridades policiales por parte del Ayuntamiento de Ribaforada.

El caso ha llegado este jueves al pleno del Parlamento de Navarra a través de una pregunta de EH Bildu al consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos (Podemos). Santos ha expresado su “disconformidad” con la expulsión “si de lo que se trata es no cumplir con las prescripciones de los derechos de defensa que tiene cualquier ciudadano”. También se ha mostrado de acuerdo con el informe del Defensor del Pueblo que establece que, en el caso del vecino de Ribaforada, se “accedió incorrectamente al padrón”, si bien no ha respondido a la pregunta de la parlamentaria de EH Bildu sobre si se iba a hacer algo “para restaurar el daño causado a esta persona que ya se encuentra en Senegal”. La parlamentaria ha afeado la actitud del consejero.