La ley que baraja el Gobierno de Navarra en torno a la violencia contra la mujer supone un avance al concretar los tipos de violencia. Entre ellos, se encuentra la violencia sexual, la económica o la psicológica, que asociaciones como Aprodemm (pro derechos de la mujer maltratada) describen como la “reina” de los malos tratos. Frente a la violencia física, con señales evidentes, esa agresión con insultos, amenazas o presiones es más difícil de demostrar y de ahí que quienes la sufren puedan temer que, al confrontar una versión entre la supuesta víctima y el supuesto agresor, no sean capaces de demostrarlo. Para conseguirlo, entra en juego la Clínica Médico Forense, ubicada en el Palacio de Justicia: dos de sus integrantes explican cómo funciona, qué medidas se activan, su ingente volumen de trabajo y hablan sobre algunos de los tabúes (y realidades) que rodean a la violencia machista. De entrada, sus responsables apuntan que hay más casos de violencia psicológica que física.
“La violencia psicológica es más difícil de demostrar, es verdad. El maltrato físico es visible, mientras que el psicológico se produce a menudo en el interior del domicilio familiar, sin testigos o con hijos e hijas que incluso están acostumbrados a los gritos”, explica María Jesús Muñiz. Y, a menudo, lo difícil es poner la línea entre una discusión entre una pareja, por ejemplo, cercana a la ruptura y donde puede haber un cruce de insultos, y un caso de violencia psicológica. “Para comprobarlo, ves si es un relato coherente, si no hay exageración ni manipulación, y si su sintomatología es compatible”, apunta Iñaki Pradini.
Pradini ejerce como médico forense, psicólogo y jefe de Clínica; mientras que Muñiz es psicóloga forense. Ambos tienen 24 y 17 años de experiencia en este campo y reconocen que “este trabajo está lleno de historias que no crees posibles”. Su labor está vinculada a “la parte más negativa de la conducta humana”, y una de esas muestras es la violencia machista. Donde, según reconocen pese a que resulta dos temas tabú, también tienen constancia de agresiones a hombres, aunque son minoritarias, y denuncias falsas. Aclararlas también es una de las funciones de la clínica.
Para acceder a este sistema y evaluar la violencia psicológica, hay dos vías. Una por urgencia, donde la posible víctima es examinada por el médico o la médica de guardia, que hace un informe sobre las lesiones físicas y que puede ser derivada a una psicóloga; y la segunda vía, la más “habitual”, es la solicitada por el Juzgado en caso de que haya una denuncia. Este proceso es clave, puesto que estos profesionales funcionan como peritos al elaborar un dictamen (el llamado informe pericial psicológico) que se entrega, en este caso, al Juzgado de Violencia contra la Mujer. Y funciona como prueba, por lo que quienes lo firman pueden testificar para explicarlo.
Estas pruebas se realizan, habitualmente, tres o cuatro meses después de presentarse la denuncia, un periodo durante el que actúa el servicio de atención a las víctimas, que se activa nada más ponerse la denuncia. En cuanto a las pruebas de los forenses, la espera, aseguran, puede incluso ser beneficiosa para ganar cierta distancia con respecto a los hechos o poder evaluar secuelas; no obstante, insisten en que, dado el volumen de trabajo, el servicio necesita refuerzos: en la actualidad, el equipo básico cuenta con dos psicólogas, un médico forense y una trabajadora social. Desde el Juzgado calculan que, cada año en Navarra, hay 1.000 denuncias al año en torno a la violencia de género, pero no todos esos casos pasan por la clínica, cuyo volumen de atención se acercaba en 2011 a los 330 casos, solo de violencia machista, una cifra que se mantiene y que habitualmente ronda las 300 o 400 atenciones.
Sobre las nuevas generaciones
Las cifras son llamativas. La propia titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, Ana Llorca, reconoció que son datos preocupantes porque solo representan “la punta del iceberg”, ya que no todos llegan al Juzgado. Y, además, confesó que es llamativo el número de casos que se detectan entre las nuevas generaciones. Según publicó la semana pasada Diario de Navarra, las denuncias entre menores de 18 años por este problema han aumentado un 45% en 2014.
La directora gerente del Instituto Navarra para la Familia e Igualdad (INAFI), Teresa Nagore, reconocía recientemente que entre los jóvenes “falta concienciación” sobre la violencia y, especialmente, sobre “la que no es física y no se ve”. De ahí la necesidad de fomentar la educación en igualdad. Pradini y Muñiz hacen hincapié en ello, ya que la base es “la educación. Los colegios deben insistir más en este tema”. Porque a esa edad es más fácil también salir del círculo de la violencia, ya que las parejas no tienen vínculos como hijos o muchos años de relación, y porque en los colegios, según apuntan, “debería enseñarse cómo tienen que ser las relaciones humanas”.