El Gobierno no acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo en la Renta de Inclusión Social
El Defensor del Pueblo de Navarra está elaborando un informe sobre el fraude detectado en la renta de inclusión social. Hasta el momento, el Defensor ha recibido 8 quejas de familias a las que se les ha denegado la ayuda y que consideraban que tenían que recibirla o que consideran que la cantidad otorgada no se corresponde con la que la familia demanda. La postura del Defensor ha sido realizar una recomendación al Gobierno de Navarra para que modifique los criterios de adjudicación de estas ayudas ya que han detectado que quedan fuera de cobertura familias que sin ese complemento económico no podrían vivir.
Por parte del Gobierno, todavía no se ha modificado la ley en ninguno de los términos propuestos por la entidad en defensa de los derechos de los ciudadanos que dará a conocer de nuevo su interpretación de la gestión de la Renta de Inclusión Social en el nuevo informe que está elaborando.
En este momento, el Defensor está a la espera de recabar y analizar los datos sobre las ayudas. Por un lado, el Gobierno facilitará los relativos a cuántos perceptores de renta de Inclusión social hay en la Comunidad Foral, a cuántas familias se les ha denegado y cuántas han sido retiradas por no cumplir los requisitos que establecía la ley de medidas para el control del fraude.
El Defensor del Pueblo tramita quejas, recomendaciones y sugerencias sobre al Renta de inclusión Social, pero en ningún caso son representativas, ya que son pocos los casos que acuden a la institución. Sin embargo, sí han detectado por los casos conocidos en 2013 y 2014, las debilidades de la ley que regula la concesión de las ayudas, y han actuado de oficio para recomendar modificaciones al Gobierno de Navarra, que no han sido tenidas en cuenta. Hasta el momento, el Gobierno no ha incluido ninguna de las recomendaciones elaboradas por el Defensor en las modificaciones de la ley, y habrá que esperar a las conclusiones de este informe para ver si tiene incidencia en la legislación.
El Defensor del Pueblo de Navarra cuenta con un registro de entidades que no colaboran con la institución, en la que se encuentra el departamento de políticas sociales por no facilitar la información requerida para tramitar varias de las quejas que han recibido de ciudadanos navarros. De hecho, en el registro que figura en la página web del Defensor, el 26% de los casos de no colaboración corresponden con este departamento.
Recomendaciones del Defensor
Recomendaciones del DefensorDesde la institución recomendaron al Gobierno que modificara la ley que regula la renta de inclusión social en varios aspectos, todos ellos justificados con los casos que han recibido en la oficina y las carencias que han detectado en la redacción de la legislación. El defensor recomendaba en primer lugar que “en atención a la grave, profunda y larga situación de crisis económica que está azotando a las personas y familias de Navarra, asegure que ninguna persona o familia peticionaria de esta prestación social garantizada que tenga a su cargo hijos menores de edad, queda excluida de su percepción” y pedía al Gobierno que, de acuerdo con la legislación vigente y con el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, menor es todo aquel que no haya alcanzado la mayoría de edad, establecida en los 18 años. Hasta el momento, la ley para conceder la renta de inclusión social ampara a aquellas familias con menores de 16 años a su cargo.
Además el Defensor recomienda que el gobierno “asegure que el hecho de que uno o los dos miembros del matrimonio o pareja estable estén en ”posibles“ condiciones de trabajar, no supone la denegación de la renovación de la renta de inclusión social, ante la realidad de desempleo tan grave que padecen España y millones de personas”, recomendación motivada por varios casos de denegaciones que la institución considera injustificados.
El Defensor recomendaba al ejecutivo que “incremente el aumento del importe de la prestación de la renta de inclusión social para una sola persona, asegurando que la cuantía que esta perciba sea, a la vista de las circunstancias personales que concurran en el solicitante, suficiente para asegurarle un mínimo vital digno y posible para atender las necesidades básicas, razonablemente ponderadas, de vivienda, energía, alimentación y vestimenta”. Coinciden estas reclamaciones con las que hace la Plataforma de la Renta Básica, formada por personas relacionadas profesionalmente con el ámbito del trabajo social que ven, en su día a día cómo familias quedan en situación de exclusión social y sin ningún apoyo económico.
Por último, el defensor solicitaba que “esta prestación se complemente, según las circunstancias de cada unidad familiar, con otras ayudas destinadas a cubrir los gastos vinculados con la vivienda que no puede atender la renta de inclusión social”. Hasta el momento, estas propuestas no han sido incluidas en la ley que regula la concesión de la Renta de Inclusión Social en la Comunidad.
