Los Mundiales 2030 y 2034: cuando la FIFA juega al margen de sus propias reglas

Desalojos forzosos, especulación urbanística, brutalidad policial, torturas, encarcelamientos arbitrarios, discriminación por cuestión de género u orientación sexual, violación sistemática de los derechos humanos y laborales son algunas de las características que parecen tener en común los países elegidos por la FIFA para hospedar Mundiales, al menos, desde 2010. 

Otra de las constantes pasa por lo cuestionable de los procesos de votación para seleccionar a los ganadores. Por un lado, Alemania, Sudáfrica, Rusia y Qatar fueron acusados de sobornar a diversos miembros de la FIFA para garantizar que organizarían sus respectivas Copas del Mundo. Estados Unidos, por su parte, se vio inmerso en una polémica relacionada con incumplimiento de una norma de la propia FIFA basada en el conflicto de intereses de algunas de las federaciones que debían emitir su voto, además de una amenaza velada por parte de Donald Trump hacia aquellos que no apoyaran su candidatura para 2026. 

El pasado 11 de diciembre, se anunció la concesión de la sede de este torneo en 2030 para la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos (con Argentina, Uruguay y Paraguay hospedando tres partidos de la fase de grupos para conmemorar el centenario de este evento, que se celebró por primera vez en 1930 en Uruguay) y en 2034 para Arabia Saudí; una revelación exenta de sorpresa dado que eran los únicos postulantes para sus respectivos años. La pregunta es: ¿cumplen estas sedes con los requisitos implícitos que parece tener en cuenta la FIFA a la hora de elegir a los ganadores?

España, Portugal, Marruecos 2030

Inicialmente presentada por España y Portugal en 2021, la candidatura sumó a Ucrania como “gesto simbólico por la paz”. Sin embargo, en 2023 este último se retiró, con el argumento oficial de que podría no estar en condiciones debido a la guerra con Rusia, aunque las acusaciones de fraude y lavado de dinero que llevaron a la cárcel al presidente de la federación ucraniana de fútbol también podrían haber tenido algo que ver en esta decisión. Marruecos terminó sustituyendo al país eslavo, lo que fue calificado como “una gran noticia” por parte del Gobierno español. Una gran noticia, ¿para quién?

Según un informe publicado por Amnistía Internacional el pasado mes de junio, “las estrategias de derechos humanos presentados para el torneo de 2030, elaboradas sin consultar a las organizaciones de derechos humanos ni a los representantes de las aficiones, no formulan compromisos pormenorizados de los riesgos que se abordarán”.

Y es que, de acuerdo con esta ONG, “la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal comporta riesgos para los derechos humanos, relacionados principalmente con los derechos laborales, la discriminación, la libertad de expresión y de reunión, la actuación policial, la privacidad y la vivienda”, además de advertir que esta concesión debería usarse “como catalizador en la lucha contra la discriminación racista, sexista y homófoba que con demasiada frecuencia ha empañado el fútbol en los tres países”.

Por otro lado, un Mundial en seis países de tres continentes distintos no parece la fórmula más eficiente, menos aún la más sostenible, para organizarlo. Luego, ¿qué ha podido llevar a la FIFA a tomar semejante decisión?

Arabia Saudí y la FIFA: 'quid pro quo'

En febrero de 2023 la FIFA anunció que el Mundial de Clubes de ese año tendría lugar en Arabia Saudí. Un mes más tarde, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó de que, tras varias conversaciones, Visit Saudi no sería patrocinador de la organización que preside. Una decisión forzada por la amenaza de decenas de jugadoras de distintas selecciones con negarse a participar en el Mundial de Australia de 2023 si este acuerdo llegaba a concretarse. Apenas seis meses después, la federación australiana, único rival de Arabia Saudí para el Mundial de 2034, decide no ser candidata para el torneo masculino; consideraron inviable intentarlo, ya que Infantino había acelerado los plazos y solo contaban con un mes para poder presentar su propuesta. La candidatura saudí tampoco parecía estar demasiado desarrollada, ya que, de los 15 estadios en los que prometieron que se jugaría el torneo, once aún no estaban construidos y cuatro necesitaban remodelaciones.

En abril de 2024 Infantino logra, por fin, su acuerdo de patrocinio con una compañía saudí, la petrolera estatal Aramco, hasta 2027. Esto llevó a más de 130 futbolistas, de nuevo, mujeres, a firmar una carta de protesta no solo porque esta empresa “desempeña un papel importante en el fomento de la crisis climática”, sino también por pertenecer “en un 98,5% a Arabia Saudí, que tiene un historial de violaciones de derechos humanos contra mujeres y otras minorías, incluida la comunidad LGTBIQA+”.

Como respuesta, además de un comunicado en el que se jactaban de invertir ese dinero en ayudar a desarrollar el fútbol a todos los niveles, incluido el femenino, el mes pasado la FIFA publicó el informe de evaluación por el que se le otorgaba a Arabia Saudí una puntuación de 4,2 sobre 5, la más alta hasta la fecha. No explicaron qué propició semejante puntaje a pesar de que en el propio informe se considerara la candidatura como de riesgo medio para los derechos humanos o por qué se estimó de bajo riesgo para la protección del medioambiente. Podría influir el hecho de que la plataforma de streaming de origen británico DAZN fuera la única empresa que pujó por los derechos televisivos de la Copa Mundial de Clubes de 2025 (que tendrá lugar en Estados Unidos) por los que pagará 950 millones de euros para retransmitir esta competición gratuitamente a nivel global. Una suma que pudieron permitirse gracias a la inversión del Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano saudita.

Tras hacerse oficial la concesión de la sede del Mundial 2034, 21 organizaciones publicaron una declaración conjunta en la que denunciaron que “la imprudente decisión de la FIFA de adjudicar la Copa Mundial 2034 a Arabia Saudí sin asegurarse de que existen protecciones adecuadas para los derechos humanos pondrá muchas vidas en peligro. Basándonos en pruebas claras disponibles hasta la fecha, la FIFA sabe que, si no se llevan a cabo reformas fundamentales en Arabia Saudí, los trabajadores serán explotados e incluso morirán, y aun así ha optado por seguir adelante sin tener esto en cuenta. La organización corre el riesgo de tener una importante responsabilidad respecto a los numerosos abusos contra los derechos humanos que se cometerán”.

FIFA, Israel, Qatar

El artículo 4 de los estatutos de la FIFA establece que “cualquier discriminación contra un país o un grupo de personas” puede ser castigada por esta institución con “suspensión o expulsión”. Basándose en ello, el pasado mes de mayo la Federación Palestina de Fútbol acusó al Estado de Israel de “violaciones de los derechos humanos” y a la Federación Israelí de Fútbol (IFA), de “complicidad”, por lo que solicitó ante dicha organización que se los sancionara. En un principio, la FIFA debería haber emitido su resolución en julio, pero lo pospusieron y contrataron a “expertos independientes” para que los asesoraran. La decisión debería haberse tomado durante una reunión que tuvo lugar en Zúrich a principios de octubre, aunque la volvieron a aplazar con el argumento de que debían actuar con cautela ante las implicaciones de cualquier determinación. Tanto la federación como los clubes rusos fueron suspendidos cuatro días después del inicio de la guerra con Ucrania.

En noviembre de 2024 la FIFA publicó al fin el informe que prometió tras la finalización del Mundial de Qatar. Aquí se determinó que si bien la FIFA tomó una serie de medidas para que las autoridades qataríes mejoraran las condiciones de los trabajadores migrantes, “se produjeron una serie de impactos graves en los derechos humanos entre 2010 y 2022” y que es plausible concluir que la FIFA contribuyó a algunos de ellos, por lo que “tienen la responsabilidad” de compensarlos económicamente, si bien la mayor cuota recae sobre el Gobierno de Qatar. Dos días antes de la publicación de dicho informe, la FIFA había anunciado la creación del Fondo del Legado de la Copa Mundial de Qatar 2022 por valor de 50 millones de dólares, que se usarían para proyectos de desarrollo internacional. Varias organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos representativos de aficionados y sindicatos de jugadores habían solicitado que la FIFA proporcionara a los trabajadores al menos 440 millones de dólares (el equivalente a los premios que recibieron los equipos que competieron) en concepto de indemnización.

Cuando Infantino se hizo con la presidencia de la FIFA, tras el FIFAGate, prometió que los procesos de elección de las sedes de los Mundiales se llevarían a cabo con transparencia y que su organización se volvería más democrática. Tras el escándalo surgido por la celebración de Qatar 2022, prometió que se esforzaría por reforzar los requisitos que deberían cumplir los candidatos sobre derechos humanos. 

Ninguna de las sedes elegidas para hospedar los torneos de 2030 y 2034 cumple con el reglamento de licitación de la FIFA, que el propio documento define como “jurídicamente vinculante”; tampoco parece cumplir con el artículo 4 de sus estatutos y ha ignorado su propio informe respecto a su responsabilidad sobre la sistemática vulneración de derechos que tuvo lugar antes y durante la celebración de Qatar 2022. Si bien la FIFA ha tenido en su mano la oportunidad de cambiar la narrativa, los hechos indican que parece más interesada en perpetuarla.