Santander Sí Puede exige la dimisión o el cese de Samuel Ruiz por su “doble vara de medir” para aplicar la Ley Mordaza
Santander Sí Puede exige la dimisión o el cese del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), por su “doble vara de medir” para aplicar la Ley Mordaza. Le recriminan que la aplique de una manera “excesivamente celosa” cuando se trata de activistas sociales y, en cambio, “no se detenga ni se multe a miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.
Así pues, esta formación registra una moción al pleno a través de su concejal Antonio Mantecón en la que también reclamará que se condenen “de forma expresa y taxativa las agresiones fascistas” producidas durante el mitin que llevó a cabo Pablo Iglesias en el Palacio de Festivales de Santander el pasado mes de octubre.
El edil de Santander Sí Puede compara la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en dos acontecimientos para justificar la “doble vara de medir” en la gestión del delegado del Gobierno. Por un lado, recuerda la multa que se le interpuso al portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, Óscar Manteca, tras una ocupación en la sede de un banco en el año 2015.
“La multa al portavoz de la PAH se enmarcaba en esa campaña de multas a activistas, con pretensión ejemplarizante, para evitar en la medida de lo posible las movilizaciones ciudadanas”, subraya Mantecón. “Y resultó ser un procedimiento bastante chapucero: el multado acabo exonerado por los tribunales, y el delegado de Gobierno apercibido por el Defensor del Pueblo, en contestación al requerimiento de dicho portavoz”, relata.
Esta institución, tal y como explica el concejal, afirmó que “ni Samuel Ruiz ni la persona encargada de la instrucción del procedimiento respetaron los derechos fundamentales del acusado”, un hecho que califica de “gravísimo” y que, según recalca, “solo demuestra que la política del delegado del Gobierno es aumentar la represión, incluso saltándose la ley”.
A partir de ahí, el edil señala que “parece que Ruiz le cogió el gusto a eso de multar”, y Cantabria acabó siendo la comunidad autónoma donde más sanciones de esta ley se tramitaron desde que entró en vigor el 1 de julio de 2015, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy, hasta el 28 de enero de 2016.
“Fascistas sin sanción”
En contraposición a ello, Mantecón recrimina a la Delegación de Gobierno que “no haya enviado las identificaciones que dice haber practicado al juzgado, cuando es práctica habitual”, tras la denuncia de una periodista que fue agredida por un grupo de ideología fascista en el acto de Pablo Iglesias en Santander, cuya causa fue archivada por “falta de autor conocido”, a pesar de los numerosos vídeos e imágenes que muestran los altercados.
En el texto de la moción también critica que se tratara de una manifestación convocada a través de Whatsapp por simpatizantes de la extrema derecha, sin autorización previa en Delegación de Gobierno, en la que otro periodista, el director de El Faradio, fue agredido y amenazado. Este profesional presentó una querella con capturas de las conversaciones en las que se instaba a “llevar bates y agredir” al líder de Podemos, entre otras citas que el fiscal no ve propias de delito de odio.
Mantecón reprocha que no haya sanciones para “ninguno de los fascistas que insultaron incluso a menores de edad”, algo que para el concejal de Santander Sí Puede es “una foto del trabajo de Delegación de Gobierno que no queremos que se siga produciendo”. “Esas dos varas de medir en la aplicación de la justicia en nuestra comunidad autónoma son intolerables. Y por ello consideramos que el ahora Delegado de Gobierno, Samuel Ruiz, no puede seguir ni un solo día más en su cargo”, concluye.
