Alfredo de Miguel, tres subidas de sueldo y un ascenso en una sociedad pública a pesar de la trama de corrupción

Siete semanas después de que se conociera la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que se saldó con duras condenas a exdirigentes y excargos del PNV, el tema ha llegado por primera vez al Parlamento Vasco aunque los nacionalistas consideren que “este asunto no da para más” porque “aunque algunas gentes del PNV lo han hecho mal, el PNV lo ha hecho bien”. Han comparecido en una sesión vespertina los responsables de dos sociedades públicas. La primera, el parque tecnológico de Miñano, donde ejerce como contable Koldo Ochandiano, exmiembro de la Ejecutiva alavesa peneuvista y condenado a siete años de cárcel. La segunda, la fundación Hazi, en la que trabaja Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a trece años de prisión por liderar una trama de cobro de comisiones. En ambos casos, se considera que sin sentencia firme -el fallo de la Audiencia Provincial está recurrido al Tribunal Supremo- despojarles de su empleo público sería “vulnerar derechos fundamentales”. En el caso de De Miguel, además, se ha conocido que durante la investigación judicial ha disfrutado de tres aumentos de sueldo y de un ascenso.

El director general de Hazi (que es una fundación dedicada al primer sector que depende de la consejera Arantxa Tapia) ha insistido como idea-fuerza sobre De Miguel en que “cualquier toma de medidas cautelares desde Hazi no estaría suficientemente soportada y podría vulnerar derechos fundamentales”. Asier Arrese ha considerado que no es de aplicación, ni siquiera, una cláusula del convenio de la sociedad pública que prevé el despido para condenas por delitos como la malversación por encima de seis años, un apartado en el que expresamente no se especifica que haya que esperar a los recursos. “Nos hemos asesorado... El convenio de Hazi no puede ir en contra de derechos fundamentales”, ha indicado Arrese, que en el juicio de corrupción compareció como testigo a propuesta de los acusados hoy condenados.

Según ha recordado Arrese, De Miguel se incorporó en 2000 -el mismo año en que fue nombrado 'número dos' del PNV de Álava con solamente 28 años- a IKT, una de las tres sociedades que se fusionaron para dar lugar a Hazi. Duró un año, ya que saltó a otra sociedad pública: el Industrialdea del Valle de Ayala. De ambas guardó una excedencia cuando fue nombrado diputado foral de Álava en 2007. Su carrera política se truncó en 2010 con su detención por corrupción, pero pudo optar por uno de sus dos puestos públicos. Renunció al Industrialdea -previa indemnización- y se decantó por Hazi. En una primera época tuvo largas bajas y no acudió a trabajar. Arrese ha remarcado que la readmisión la hizo un Gobierno socialista y no el PNV, lo que probaría que lo primero son los derechos laborales.

Ha indicado que en aquel momento tenía un salario de 24.000 euros anuales congelado desde 2007 pero que “atendiendo al convenio se le homologa a 27.000 euros”. Después se armonizan las categorías de Hazi para evitar desajustes tras la fusión de IKT, Itsasmendikoi y Kalitatea y tiene una segunda subida, a 33.000 euros y categoría C. “Para nada fue discriminatorio [hacia el resto de la plantilla]. Otras 60 y pico personas vieron mejoradas sus condiciones”, ha señalado Arrese. Hoy es “técnico de dinamización del litoral” tras “un proceso de promoción interna” por el cual ha saltado a la categoría B y percibe 37.000 euros anuales. “1.000 euros más por cada año de cárcel”, ha ironizado el representante de Equo y parlamentario de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra.

“Es un proceso limpio”, ha aclarado el responsable de Hazi, que en ningún momento ha valorado que su colaborador haya sido condenado como líder de una trama corrupta y que, por el contrario, ha pedido una “dialéctica ética” a la oposición en el Parlamento porque, a su entender, no se respetan “los tiempos” y se solicitan medidas sin “sentencia firme”. Tampoco Itziar Epalza y Patxi Márquez, responsables de los parques tecnológicos de Euskadi y del de Miñano, respectivamente, han empleado ni un solo calificativo para valorar la sentencia del 'caso De Miguel', que además se generó en Miñano con dos contrataciones 'a dedo' que ahora se han considerado irregulares y que escondían el pago de comisiones. De nuevo apelando al “derecho fundamental a la doble instancia penal”, se ha defendido la continuidad en su puesto de Ochandiano, que es técnico contable. Ocupaba ese cargo cuando se produjeron los hechos y regresó a él en plena celebración del juicio fruto también de una excedencia. Firmó además un código ético.

Ni el holocausto ni el atentado de Hipercor

La oposición ha manifestado su enfado porque dos destacados miembros de una “asociación ilícita” probada sigan trabajando para la Administración. EH Bildu había propuesto las comparecencias y ha considerado “gracioso” que una resolución judicial tan contundente no tenga “efectos prácticos”. “No les ha pasado ninguna factura”, ha opinado Eva López de Arroyabe, que ha sugerido que entidades como Hazi “protegen” a determinadas figuras. Desde la bancada del PP, Javier Ruiz de Arbulo ha ironizado que en el Gobierno ahora se prime el cumplimiento estricto de la ley y de los derechos fundamentales cuando, en una época anterior, se adjudicaban contratos irregulares que escondían mordidas.

El socio del PNV en el Gobierno, el PSE-EE, muy crítico en el origen de este caso, no ha empleado más que la mitad de los turnos de palabra a los que tenía derecho. Susana Corcuera ha considerado que el Ejecutivo actúa de esta manera porque se ha “asesorado” jurídicamente. Ha añadido, en todo caso, el “máximo respeto a la sentencia” y la “satisfacción” porque haya condenas para “conductas reprochables desde el punto de vista ético” como son la corrupción y el clientelismo.

En cuanto a los nacionalistas, ha tomado la palabra Luis Javier Tellería -sin relación de ningún tipo con otro de los condenados, Aitor Tellería-, que ha criticado que la oposición lleve el 'caso De Miguel' al Parlamento. “Algunos piensan que continuar hablando de un tema lo mantiene vivo. Pero el exprimir una naranja produce jugo durante un tiempo pero después sólo quedan pellejo y pepitas. Se han pedido disculpas desde todos los ámbitos, pero parece poco. Se pregunta por tierra, mar y aire. Sé que esto no es un hurto menor o fraude a la RGI pero no es el holocausto o el atentado de Hipercor”, ha reflexionado.

Y, mirando a la bancada de EH Bildu y refiriéndose a ETA, ha seguido: “Parece que los presos tienen derechos según qué presos sean. Éstos todavía no condenados parece que no tienen ninguno. Si alguno va a la cárcel, tengan por seguro que cuando salgan en la calle no se hará un 'ongi etorri' con 'txarangas' y 'trikitixas'. Estamos en campaña electoral, atacamos al contrario. Pero este asunto no da para más. Aunque algunas gentes del PNV lo han hecho mal, el PNV lo ha hecho bien”.