Donativos para luchar contra ETA desviados, la sede de Bilbao y el vertedero de Vitoria: tres derivadas vascas de la Gürtel
La sentencia del 'caso Gürtel' ha convulsionado la vida política española al dar por probada la contabilidad B del PP y la existencia de una red de cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos. Esta trama de corrupción salpica colateralmente al País Vasco en tres aspectos: la caja B se nutrió también de donativos de una cuenta especial para atender gastos extraordinarios por la amenaza de ETA -asunto citado de refilón en la sentencia-, parte de ese dinero y otras 'aportaciones' de empresas como Bruesa sirvieron para financiar la sede de la Gran Vía de Bilbao y en el vertedero de Vitoria hay constancia de una contratación calcada a la descrita por la Audiencia Nacional en relación a la contrata de limpieza del municipio madrileño de Majadahonda.
1 . Los donativos para luchar contra ETA
En 1998, el PP abrió en una oficina del extinto banco Argentaria (ahora la 'A' del BBVA) una cuenta específica para recoger donativos anónimos con los que atender gastos de seguridad derivados de la amenaza terrorista de ETA. Sólo unos meses atrás Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. El entonces coordinador general de Génova, Ángel Acebes, garantizó que el dinero se destinaría a apoyar a los cuadros 'populares' escoltados. “Cualquier afiliado que quiera ingresar una peseta tendrá la garantía de que no habrá posibilidad de que vaya a un destino distinto”, proclamó quien más adelante sería ministro de Interior. Esa bolsa estuvo activa hasta 2005.
Según un informe de la Intervención General del Estado para los investigadores judiciales, la existencia de esa cuenta coincidió con los pagos de las amortizaciones del crédito para la nueva sede central del PP vasco, ubicada en la Gran Vía de Bilbao y sobre la que pesaba una hipoteca de más de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). La investigación constató asimismo que existió un saldo favorable en esa cuenta, es decir, que no todo el dinero ingresado se gastó en la sede, sin que se pueda precisar con más detalle su destino final.
2. Las 'aportaciones' de Bruesa
Toda esta investigación parte de una carpeta de color verde llamada “Vizcaya” que el propio Luis Bárcenas, extesorero del PP, tenía en su poder. “Para llevar a cabo un control de la operación financiación de la compra y acondicionamiento de la sede del PP en Bizkaia, Luis Bárcenas creó una cuenta específica denominada 'Sede Vizcaya' con las mismas características que el resto de la contabilidad B, de cuya llevanza era el responsable”, concluyó otro informe de la UDEF de la Policía Nacional sobre esta derivada de las macrocausas de corrupción que han carcomido al partido de Gobierno en España.
Aquella investigación policial continuaba así: “Se ha podido comprobar con la documentación que se posee sobre este particular que la manera de alimentar dicha cuenta (entradas) era mediante aportaciones que recibían en efectivo, que ingresaban en las cuentas bancarias destinadas a recoger los ingresos por donativos en el Banco Vitoria y Banesto”. A continuación, Génova transfería el dinero a Euskadi por tres vías, pagos directos de la hipoteca, transferencias a las cuentas del PP vasco para que ellos hicieron el pago o “[se hacía] la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre Lafuente, del importe de la cuota mensual, para que éste cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo”, dictamina la Policía Nacional.
En abril de 2014, la entonces presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, decidió de manera unilateral la salida de Ignacio Aguirre del partido tras más de 20 años en el cargo. El tercero de una conocida familia ‘popular’, el gerente salió por la puerta de atrás de la oficina de Gran Vía. Nadie aclaró si ese movimiento respondía a que Aguirre apareció en los papeles de Bárcenas o si la investigación interna que Quiroga acometió tras las noticias sobre la sede de Bilbao arrojó algún dato revelador. Todavía hoy no se han aclarado estos extremos.
Además de los donativos para “seguridad”, esa caja paralela de “Vizcaya” se nutrió igualmente de abonos de empresas contratistas, presuntamente comisiones tras adjudicaciones. “Se ha podido concretar que una de estas personas que efectuó estas entregas por valor de 36.000€ fue Emilio Álvarez López, persona presente en los consejos de administración de la empresa Bruesa Construcciones”, estima la UDEF. Se da la circunstancia de que existe una operativa muy similar en la financiación de una sede 'popular' en Baleares.
3. La gestión de residuos en Vitoria
Un intermediario del PP solicitó una comisión de “100 millones de pesetas” (unos 600.000 euros) a cambio de una adjudicación del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria ocurrida en el año 2005, con el exministro y hoy líder del PP vasco Alfonso Alonso como alcalde de la capital vasca e Idoia Garmendia como edil del ramo. Aquel concurso público tenía como objeto la gestión de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) del vertedero de Gardelegi y la UTE ganadora, liderada por Sufi, presuntamente el pago de la mordida a través de una empresa denominada Nige.
El caso adquiere especial relevancia al ser sus protagonistas los mismos que constan como responsables de la manipulación de otras contratas de gestión de residuos en Madrid. La sentencia de la Gürtel refleja con detalle esta operación, una de las fundamentales para dar por probada la trama de cobro de comisiones en torno al PP. Ambas adjudicaciones son coincidentes en el tiempo.
La prueba de la existencia de este 'peaje' en Vitoria para la obtención del importante contrato es una grabación que está recogida en el libro 'Dentro de lo normal' sobre corrupción en el País Vasco. “Nos dijo nuestro socio: ‘Si ponemos 100 kilos es muy probable que nos lo llevemos’. Se conoce que ése era el precio que tenía. Había un tío. Había un tío en Madrid. Entonces, hacemos ya las suposiciones, ¿no? Y que era el del PP. Ése fue el tema”, revela un empresario sobre los hechos ocurridos en 2005.
El concurso público presuntamente manipulado para recaudar una comisión se resolvió el 22 de abril de 2005 con la adjudicación del contrato a una UTE conformada por la empresa Sufi (un 50%) y por las compañías locales Escor y Lanbide (vinculada a uno de los implicados en el 'caso Hiriko', Jesús Echave). No obstante, ya desde el 13 de abril se podía dar por decidida la contrata. Y es que las otras cuatro UTE que participaron en el concurso habían sido excluidas por los funcionarios municipales que valoraron las ofertas al no llegar al mínimo de puntos en la valoración técnica, según consta en el expediente.
Se da la circunstancia de que el 11 de abril de 2005, antes de que se produjera la expulsión de las otras empresas, Sufi, beneficiaria del 50% de la adjudicación, abonó a una asesoría denominada Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial (Nige) una cantidad próxima a los 50 millones de pesetas (300.000 euros), un pago que se ajusta a las cantidades descritas por el empresario que admitió en la entrevista que había que pasar por caja. Teóricamente, el pago se correspondió con “trabajos de apoyo” para la elaboración del proyecto de Vitoria, pero no consta que Nige realizara asesoramiento alguno. El concepto de la factura de Sufi a Nige era exactamente “Honorarios devengados en concepto de trabajos de apoyo a la licitación de la planta de residuos de construcción y demolición de Vitoria”.
Nige es una empresa vinculada directamente a la trama Gürtel del PP. De hecho, su gerente Plácido Vázquez es uno de los imputados por haber actuado, presuntamente, como testaferro para el cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos en toda España. “Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto; si había éxito con la obra, él recibía una cantidad”, dijo en su momento Francisco Correa, quien da nombre a la trama
