La ponente del juicio contra los gestores de EH Bildu por el “quebranto de 41 millones” por la incineradora es la exministra del PP Mariscal de Gante

La exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante será la ponente encargada de expresar el criterio de la sala del Tribunal de Cuentas de España en el juicio contable que tendrá lugar el próximo 12 de abril contra la expresidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, y el exdiputado foral de Medio Ambiente Iñaki Errazkin, ambos gestores de EH Bildu, por paralizar el proyecto de la incineradora de Gipuzkoa.

Los cargos de la coalición independentista se enfrentan a una demanda de unos 41 millones de euros por las “irregularidades detectadas en las cuentas del ejercicio de 2012” en relación con la incineradora, según precisaban en el escrito los nuevos gestores del Consorcio de residuos del territorio guipuzcoano, ahora en manos de la nueva mayoría que gobierna la Diputación de Gipuzkoa (PNV y PSE-EE).

En la vista previa al juicio -que se celebrará en Madrid el próximo día 12 de abril- que tuvo lugar a finales de febrero, tras escuchar los planteamientos de la demanda por parte del representante legal del Consorcio de Residuos gipuzcoano, la Fiscalía “se adhirió” de manera genérica a lo expuesto por el GHK, según fuentes conocedoras de la vista. En la misma, ambas partes definieron los testigos que comparecerán en la vista oral de abril. Por parte del GHK se ha llamado a testificar al actual diputado foral de Cultura y entonces miembro del consejo de GHK, Denis Itxaso; el entonces de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, así como el director técnico y el director financiero del Consejo. Está previsto que testifiquen también en la vista las dos personas contra las que se ha dirigido la reclamación.

Demanda 'in extremis'

La demanda fue interpuesta 'in extremis' (el plazo dado por el tribunal vencía ese mismo día) por el Consorcio GHK el 17 de octubre de 2017 por “desvío de poder” contra los anteriores gestores: Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta (de EH Bildu) y en ella se exige la devolución de los más de 40 millones de euros de quebranto ocasionado a las arcas públicas por su decisión de paralizar el anterior proyecto de la incineradora.

La reclamación exige el reintegro de las cantidades “indebidamente desviadas” al pago de indemnizaciones a las constructoras adjudicatarias de la obra, apenas empezada la construcción de la incineradora, cifradas en unos 8,2 millones de euros. Además, GHK les reclama que respondan por “los perjuicios económicos” que acarreó dicha decisión, que el consorcio cifra en 31.730.000 euros, correspondientes, según han precisado desde el propio consorcio, a los 600.000 euros mensuales que se han pagado hasta la mitad del año pasado por los denominados 'swaps' o coberturas por los préstamos suscritos con las entidades bancarias no utilizados.  El resto, hasta alcanzar los cerca de 41 millones de euros que se les reclama, lo han atribuido a la suma de “otros pequeños gastos” derivados de la pérdida de financiación.

Auditoria inicial del Tribunal Vasco de Cuentas

La investigación del Tribunal español de Cuentas se basó en una auditoría sobre las cuentas del consorcio de residuos elaborada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), a instancias del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. El informe, finalizado en 2014 y publicado en mayo del pasado año en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), cifraba en 8,2 millones de euros la indemnización acordada por GHK con las contratistas de la incineradora de Zubieta tras la rescisión del contrato sin que existiera “una liquidación o certificación final de los trabajos realizados que justifiquen los pagos realizados en función de los hitos”.

En sus alegaciones, los responsables de GHK cuando el consorcio estaba gobernado por los gestores de la coalición independentista que ahora se sientan en el banquillo en este juicio contable, adujeron que la liquidación se realizó de manera ajustada.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha acusado al Gobierno foral de Gipuzkoa de “juego sucio y venganza” por esta demanda. A juicio de Beitialarrangoitia, tanto Intxaurrandieta y Errazkin “se juegan sus proyectos de futuro por el mero hecho de hacer política y tomar decisiones, por mantener su compromiso hacia un proyecto político y unas ideas”, ya que “nunca obtuvieron ni buscaron ningún rédito personal por la decisión que tomaron, y ahora pueden sufrir unas consecuencias personales muy graves”.

La diputada de la coalición independentista ha recordado la incineradora que se está construyendo en Zubieta “es de menor tamaño que la proyectada anteriormente”, lo que, a su juicio, “evidencia que la anterior estaba sobre dimensionada”. Además, ha incidido en que el Tribunal de Cuentas de España “ya investigó la anulación del contrato y tanto el instructor como el fiscal determinaron que la indemnización fijada era correcta”.