EH Bildu responderá ante el juez por los 41 millones de quebranto a las arcas públicas de la incineradora

La gestión de los residuos urbanos fue la tumba política de EH Bildu en Gipuzkoa y, ahora, los nuevos responsables de la Diputación, en manos de la coalición PNV y PSE-EE, quieren que los gestores soberanistas que ordenaron la paralización de la incineradora mientras estuvieron al frente de la Diputación guipuzcoana paguen por el quebranto que esa decisión ha tenido y sigue teniendo para las arcas públicas: en total más de 40 millones de euros, por las “irregularidades detectadas en las cuentas del ejercicio de 2012”, según el consorcio de residuos del territorio.

El diputado foral de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensió, en una entrevista concedida a eldiarionorte.es, ya indicó que “lo que ha habido en la gestión de Bildu son incumplimientos y, la mayoría de las veces, por decisiones políticas. Nadie que haga esta gestión dura cuatro años en la empresa privada”, aseguró. Ahora, han dado un paso más y les reclaman el dinero que consideran se ha malgastado por la mala gestión.

Como estaba previsto, la Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha aprobado interponer entre este lunes y el martes una demanda en los tribunales por “desvío de poder” contra contra los anteriores gestores Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta (de EH Bildu) en la que exigen que devuelvan los más de 40 millones de euros de quebranto ocasionado a las arcas públicas por su decisión de paralizar el anterior proyecto de la incineradora.

La demanda, que los servicios jurídicos de la diputación guipuzcoana han estado estudiando durante casi un año y que han activado tras el último informe del Tribunal español de Cuentas, está dirigida contra Iñaki Errazkin, diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa durante el mandato de Martín Garitano como diputado general (EH Bildu) y miembro entonces del consejo de administración de GHK, y también señala como posible responsable de los hechos a Ainhoa Intxaurrandieta, que presidió la citada entidad, encargada de gestionar los residuos urbanos del territorio. Ha votado a favor los representantes en la asamblea del PNV y PSE-EE (un 72,5 % de la asamblea), mientras que han votado en contra miembros de las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Erdia, en manos de EH Bildu.

Un año para poner la demanda

Los servicios jurídicos de la Diputación guipuzcoana llevan estudiando casi un año los pasos a seguir sobre la reclamación de las responsabilidades de los anteriores gestores ante el quebranto económico ocasionado, según PNV y PSE-EE, a las arcas públicas. En concreto, reclamará el reintegro de las cantidades “indebidamente desviadas” al pago de indemnizaciones a las constructoras adjudicatarias de la obra, apenas empezada la construcción de la incineradora, cifradas en unos 8,2 millones de euros. Además, les exigirá que respondan por “los perjuicios económicos” que acarreó dicha decisión, que cifra en 31.730.000 euros, correspondientes, según ha precisado desde el propio consorcio, a los 600.000 euros mensuales que se han pagado hasta la mitad de este año por los denominados 'swaps' o coberturas por los préstamos suscritos con las entidades bancarias no utilizados. El resto, hasta alcanzar los cerca de 41 millones de euros que se les reclama, lo ha atribuido a la suma de “otros pequeños gastos” derivados de la pérdida de financiación.

Para tramitar finalmente la demanda, los nuevos gestores del consorcio han tenido en cuenta el procedimiento de reintegro del Tribunal español de Cuentas -adelantado por eldiarionorte.es hace ahora un año- por alcance “por supuestas irregularidades contables en el pago al contratista”. Es precisamente el tribunal fiscalizador del dinero público el que ha emplazado al Consorcio a interponer la demanda. Precisamente, la medida se ha adoptado 'in extremis', porque el límite para presentarla ante los tribunales ordinarios expiraba el 17 de octubre de este año.

Asensio aseguró entonces que suscribía las palabras del fiscal superior del País Vasco: “la última vez que le escuché hablar de este tema dijo que lo que había habido aquí era una ”lapidación del patrimonio de los vascos“. Por contra, el entonces diputado foral de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, se felicitaba en diciembre de 2013 de que tras el acuerdo alcanzado por el Consorcio de Residuos y la UTE Gipuzkoa CGR, adjudicataria de la incineradora, para rescindir su relación contractual, ”el fantasma de la incineradora se ha acabado para siempre“. Nada más lejos de la realidad.

Se da la circunstancia de que pocas semanas antes de que el tribunal de cuentas abriera el procedimiento de reintegro contable, el entonces fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, archivó una investigación penal abierta contra GHK por los mismos motivos. Calparsoro no halló indicios de ilícito penal, pero reconocía que se había producido un “perjuicio patrimonial” para el erario público por la actuación de los gestores de la coalición independentista. Calparsoro estimó entonces que las acciones para paliar el quebranto económico ocasionado por la suspensión del contrato de la incineradora quedaban en manos de la Diputación de Gipuzkoa, iniciativa que se ha puesto en marcha en la asamblea de este lunes del GHK, controlada ahora por peneuvistas y socialistas.

El tribunal de cuentas del Estado advirtió precisamente a los responsables de la Diputación guipuzcoana de que si no lo hacía, “podría dar lugar a responsabilidades por permitir la caducidad de la acción”.

La investigación del Tribunal español de Cuentas se basó en una auditoría sobre las cuentas del consorcio de residuos elaborada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), a instancias del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. El informe, finalizado en 2014 y publicado en mayo del pasado año en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), cifraba en 8,2 millones de euros la indemnización acordada por GHK con las contratistas de la incineradora de Zubieta tras la rescisión del contrato sin que existiera “una liquidación o certificación final de los trabajos realizados que justifiquen los pagos realizados en función de los hitos”. En sus alegaciones, los responsables de GHK cuando el consorcio estaba gobernado por la coalición independentista adujeron que la liquidación se realizó de manera ajustada.