En España no se investiga la tortura y la Guardia Civil realiza tratos inhumanos y degradantes
El 31 de mayo de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sacó los colores por última vez al Reino de España en relación a las torturas denunciadas en nuestro país, en algunos casos por personas que finalmente, tras ser detenidos no llegaron ni a pasar ante el juez. Era la octava vez que la Corte de Estrasburgo condenaba a España por no investigar denuncias de torturas desde que nuestro país firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal, en su resolución judicial difundida entonces, reclamaba a España que mejorara la calidad de las investigaciones de los médicos forenses que atienden a las personas arrestadas en régimen de incomunicación y que elaborase un código claro de conducta para los agentes policiales para supervisar un trato correcto en esas situaciones de detención.
Dichas recomendaciones no eran novedad para ninguna persona y/o colectivo que estuvieran sensibilizados con el problema de la tortura y los malos tratos en España. De hecho, era una de las recomendaciones que viene realizando desde hace años (décadas, de hecho) el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), tal y como recogía la resolución judicial difundida entonces, Amnistía Internacional o el Relator contra la Tortura de la ONU. El tribunal imponía a España, además, el pago de 20.000 euros a la persona afectada.
La primera sentencia contra España del tribunal europeo lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de 2014. En esa resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.
La sentencia conocida este martes da un paso más en el sonrojo que produce la lacra de la tortura y los tratos degradantes e inhumanos. El caso sitúa además a España -y por extensión a Europa- ante el espejo de que los derechos humanos ni son parcelables, ni mucho menos pueden restringirse a determinadas personas o grupos y excluirse para otros (terroristas, etc), pese a que algunas personas puedan haber cometido crímenes horrendos o con unas implicaciones políticas de calado. Este es justo el caso analizado por la Corte de Estrasburgo.
Los magistrados condenan España al considerar suficientemente demostrados los malos tratos que sufrieron, a manos de la Guardia Civil, los miembros de la organización terrorista ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado contra la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que fallecieron dos inmigrantes ecuatorianos (Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate). La Corte europea entiende que España vulneró el artículo 3 de la Convención Europea de Libertades Fundamentales, que prohíbe la tortura, al no estimar la denuncia de ambos terroristas, detenidos por la Guardia Civil en 2008.
El tribunal considera probado el “trato inhumano y degradante” a los etarras, pero aclara que los hechos “no pueden ser calificados como torturas”, ya que no hay suficientes pruebas de las acciones de los guardias civiles -la sentencia dice textualmente “falta de pruebas concluyentes sobre el objetivo del trato infligido”- contra Portu y Sarasola. Y también al hecho que apuntan los magistrados en su resolución de que los denunciantes no alegaran las “consecuencias a largo plazo para ellos” de esas lesiones. “No obstante, fueron suficientemente graves para ser considerados como trato inhumano y degradante”. Hasta aquí la textualidad de la sentencia.
Hasta ahora los ocho tirones de oreja del citado tribunal europeo no decían que en España, en la lucha contra el terrorismo de ETA, se habían pasado líneas rojas en relación con la tortura. Lo que subrayaban era que las denuncias no se investigaban suficientemente en nuestro país, lo que de hecho impedía saber qué grado de verdad había en las denuncias de los etarras, muchas de ellas atendiendo al 'manual del buen terrorista', que colocaba en el capítulo 1 la obligación de denunciar malos tratos y torturas al ser detenidos, aunque éstos fueran falsos. El problema, la novedad ahora, es que ahora Estrasburgo da un paso más: le dice a España que la Guardia Civil, en la lucha contra el terrorismo etarra, al menos en este caso concreto, se ha excedido, ocasionando tratos inhumanos y degradantes.
Un caso, por cierto, juzgado en la Audiencia de Gipuzkoa en 2010 con una sentencia condenatoria para los cuatro guardias civiles implicados -con penas de entre dos y cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación- y posteriormente exonerados por el Tribunal Supremo en noviembre de 2011, que anuló la sentencia del tribunal guipuzcoano. La Sala Penal del Alto Tribunal estimó entonces que no había quedado desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia de los guardias civiles, “al no resultar debidamente acreditada la comisión de los delitos de torturas o lesiones”.
Los etarras Portu y Sarasola fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años cada uno por el doble asesinato de la T-4 el 30 de diciembre de 2016. La sentencia les obligaba a indemnizar con un total de 1.200.000 euros a las familias de ambas víctimas. Pero el execrable atentado tuvo además serias implicaciones políticas, más allá de los cascotes que dilapidaron los sueños de los inmigrantes ecuatorianos Estacio y Palate. El atentado con la furgoneta bomba se llevó por delante las palabras de la víspera del entonces presidente del Gobierno de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien incomprensiblemente había asegurado ante los periodistas que, en relación al proceso de paz y al final de ETA, en 2007 iban “a estar mejor”. Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE y enviado del Gobierno para negociar con Josu Ternera y luego con Thierry en ese proceso, ya había avisado al ministro del Interior de la época, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la Moncloa que la última reunión con ETA pocas semanas antes -ya sin Josu Ternera- había ido fatal y se podía esperar cualquier cosa. Como así ocurrió.
No hay que mirar muchos comentarios en las redes durante todo el día de hoy para ver que, años después de que ETA haya echado ya prácticamente su persiana de terror, persista un poso de venganza, humus fundamental que ha dado pie a políticas vulneradoras de derechos humanos y a ilegalidades pagadas con fondos públicos del Estado. Y los tratos degradantes e inhumanos, aunque sea a personas con crímenes horrendos detrás como los de los etarras Portu y Sarasola, lo son, aunque el Tribunal de Estrasburgo hile fino y no los denomine torturas, en una interpretación garantista digna de reseñar y alabar, sin duda.
“Leer entera la página de la violencia” en Euskadi
¿Por qué es tan importante esta sentencia para los derechos humanos, para las políticas de memoria en marcha en Euskadi tras más de 50 años de terrorismo de ETA y de 'guerra sucia' y otro tipo de conductas ilegales (como las torturas) y, sobre todo, para la batalla del relato que se libra ahora en el País Vasco, una vez de que ETA va a disolverse definitivamente -aunque lo llamen “desmovilización definitiva”- este mismo año? Porque como ha repetido en varias ocasiones el escritor vasco y Premio Nacional de Literatura Bernardo Atxaga, solo una vez que leamos entera, desde el principio hasta el final, la página de la violencia en Euskadi podremos pasarla definitivamente. Y añadía, en la última entrevista realizada en este periódico: “tras leer entera la página de la violencia hay que dejar una puerta abierta” para alcanzar la convivencia definitiva. En eso anda Euskadi precisamente.
Y la página de las torturas también debería leerse. Ahí está el polémico informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad pública vasca -bajo la batuta del prestigioso forense Paco Etxeberria- que certifica que entre 1960 y 2014 se han denunciado un total de 4.113 casos de torturas en Euskadi. De ellas, un 17% lo han sido en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que denunciaron torturas es de 3.415, según el documento, encargado por el Gobierno vasco dentro de su Plan de Convivencia. El documento, que cuenta con el aval explícito del Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu, constata además que las cifras de los casos de malos tratos se quedan cortas y “se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados”.
Lo ideal sería que el Reino de España hubiera hechos suyas aquellas recomendaciones que se plasmaban en la sentencia de la Corte de Estrasburgo de hace casi dos años: mejorar la calidad de las investigaciones de los médicos forenses que atienden a las personas arrestadas en régimen de incomunicación y elaborar un código claro de conducta para los agentes policiales para supervisar un trato correcto en esas situaciones de detención. Porque la democracia ha vencido a ETA, sin duda, pero el terrorismo en la UE no se ha terminado y la amenaza de la vulneración de los derechos humanos (incluida la tortura), también para los terroristas islamistas, continúa.
