Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press
Esta información es un teletipo de la Agencia Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.
Gobierno vasco destinará 12 millones de euros en cuatro años a indemnizar a víctimas de abusos policiales
En una rueda de prensa en San Sebastián, Fernández ha dado cuenta de la aprobación este pasado martes por parte del consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco del Proyecto de Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, que “da continuidad” al Decreto 107/2012 para la reparación de estas víctimas.
Según ha indicado, en el Ejecutivo vasco son “optimistas” en cuanto a la posibilidad de aprobar esta nueva Ley en la presente legislatura. “Creo que estamos en condiciones de poder sacarla adelante con rigor”, ha apuntado.
Fernández ha indicado que a efectos de este Ley se considerará vulneración de derechos humanos producida en un contexto de represión ilícita cuando se haya producido en un contexto de violencia de motivación política.
También que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación con fines de represión ilícita y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público o en el ejercicio de sus funciones o fuera de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada, sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones y que como consecuencia de la vulneración de derechos humanos se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas.
El secretario general para la Paz y la Convivencia ha indicado que la condición de víctima se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa, o en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, “una práctica ya consolidada”. El plazo de cobertura de la Ley se situará entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, ya que los casos anteriores a 1999 “han sido alcanzados por la prescripción o están próximos a serlo y las denuncias de casos más recientes se encuentran todavía en plazo para su investigación judicial”.
Al respecto, ha puntualizado que la nueva legislación “quiere ser muy escrupulosa con la no interferencia en procesos judiciales que pudieran estar abiertos”.
(Habrá ampliación)
