De Miguel se enfrenta a 29 años y 9 meses de cárcel y a pagar 1,2 millones de euros por una docena de delitos de corrupción
Los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira han entregado a los 26 acusados del 'caso De Miguel' el escrito con sus conclusiones definitivas. La Fiscalía sostiene que en el juicio iniciado en enero ha quedado probado que el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y los también exdirigentes nacionalistas Koldo Ochandiano y Aitor Tellería articularon “un entramado societario” para valerse de sus “relaciones políticas y/o administrativas” en torno al PNV para cobrar comisiones y “obtener un ilícito beneficio económico”.
En esta línea, defenderá en la fase de conclusión una pena de cárcel de 29 años y 9 meses para De Miguel, que serían 12 de cumplimiento efectivo (el triple de la pena más alta) por más de una docena de delitos de corrupción, incluido el cohecho, la prevaricación, las coacciones o la malversación de caudales. Asimismo, deberá afrontar multas por valor de 1.185.306 euros y las inhabilitaciones reclamadas suman un elevado número de años.
Respecto a la posición original del ministerio público, a la luz de las pruebas practicadas en casi un año de sesiones, la petición respecto a De Miguel baja de 54 años de cárcel a algo más de la mitad. El descenso no es tan significativo en cuanto a cumplimiento efectivo, ya que se pasa de 15 a 12 años. En el caso de Tellería y Ochandiano, la condena solicitada es de 13 años y 7 meses de cárcel, 9 efectivos, con una responsabilidad económica de 606.342 euros.
La empresa pantalla para el cobro de las presuntas comisiones era Kataia Consulting, a nombre de las tres esposas de los políticos. Para Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia la acusación reclama 5 años de cárcel (de cumplimiento íntegro) y unos 350.000 euros. Están acusadas de asociación ilícita y blanqueo de capitales por haberse lucrado con los fondos irregulares que obtuvo la mercantil. La hermana de De Miguel, Aintzane, era la contable y rechazó a última hora un acuerdo de absolución para no incriminar a sus familiares. Se expone ahora a dos penas de 21 meses de prisión y a una pequeña multa de 5.400 euros, pero sin antecedentes podrá eludir la entrada en la cárcel.
En cuanto a los empresarios que habrían corrompido a los políticos, la rebaja de penas sí que es considerable. Los catalanes Francesc Fernández Joval y Plàcid Casas, que admitieron haber pagado mordidas a De Miguel en la operación urbanística de Zambrana quedarían absueltos por la “prescripción” de sus delitos, al igual que sus socios Ramón Tomàs y Joaquim Sabater. Prudencio Hierro, que admitió haber abonado las obras en la casa familiar de Gorliz de la esposa de De Miguel, aunque no que fuera una comisión, podrá eludir la cárcel merced a una petición de solamente 3 meses de reclusión y una multa de 900 euros. Sólo Jon Iñaki Echaburu no accedió a buscar un acuerdo con la Fiscalía y afronta 6 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento íntegro, con multas de unos 450.000 euros. La alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, podrá eludir la entrada en prisión merced a una pena mínima por prevaricación.
El gran protagonista en las últimas semanas en el juicio ha sido Josu Arruti, el intermediario que De Miguel situó para impulsar el plan de Zambrana y que confesó que el político cobró una comisión de 161.000 euros y que él mismo la solicitó a los catalanes de Riera (Fernández Joval y Casas) junto a una cantidad idéntica para él. Fruto de su acuerdo con el fiscal, Arruti podrá evitar la cárcel ya que todas las penas son inferiores a 2 años y juntas suman 21 meses, también menos de esa barrera.
Arruti, en cambio, sí se enfrenta a sanciones económicas que suman unos 250.000 euros. Su padre, socio de sus negocios y acusado de delitos fiscales, tampoco entrará en prisión con dos penas menores de cárcel. En su caso, la multa es de unos 150.000 euros. La hermana de Arruti, Estíbaliz, queda absuelta y su marido, Gorka Errasti, podrá escapar del delito de blanqueo por haber prescrito en su caso.
El origen del caso fue el contrato de ampliación de Miñano, que se sustanció en dos fases. Los acusados por este bloque son Alfonso Arriola (5 años y 9 meses de cárcel con 5.400 euros de multa), Miren Lourdes Bilbao (4 años y 5.400 euros) y Julián Sánchez Alegría (1 año y 9 meses, sin sanción económica). En cuanto al empresario Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, beneficiaria de contratos en Miñano, se expone a 7 años y medio de reclusión y a multas por más de 400.000 euros.
En cuanto a los contratos irregulares salidos desde el Gobierno vasco a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, firmas de la órbita de De Miguel, el exdirector de Juventud con el PNV, Xabier Sánchez Robles, se expone a 8 años “y un día” de cárcel, así como a una responsabilidad económica de 18.900 euros. El viceconsejero que firmó esas adjudicaciones de Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, no ingresaría en prisión y simplemente se le acusa de prevaricación, que únicamente comporta la inhabilitación. El administrador de Errexal, el exedil del PNV Iñaki San Juan, se enfrenta a 7 años de prisión y unos 60.000 euros en sanciones, por 6 años y 5.400 euros de Josu Montes, de Ortzi Muga.
El Gobierno vasco, que está personado como perjudicado en relación a estos contratos, también exime de toda responsabilidad a Larrañaga y entiende que Sánchez Robles ha cometido un delito de “malversación” del que son “inductores y/o cooperadores” a De Miguel, Tellería, Ochandiano, sus esposas, San Juan y Montes. Calcula que el dinero defraudado suma 145.665 euros, según la documentación entregada por el Ejecutivo
