El Parlamento acuerda 59 medidas para un futuro sistema penitenciario vasco sin visos de que llegue la transferencia

El Parlamento Vasco ha dedicado varias horas este miércoles a configurar el modelo de gestión de las futuras instituciones penitenciarias vascas, una transferencia incluida en el Estatuto y que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió ejecutar pero que quedará en papel mojado con motivo del adelanto de las elecciones generales. Entre las decenas de resoluciones aprobadas, un total de 59, todos los partidos salvo el PP han planteado que el traspaso de Prisiones supone una “oportunidad” para impulsar un sistema de cumplimiento de penas más enfocado a la reinserción y gestionado “conforme a derechos humanos” y de manera “inteligente” y “democrática”.

Para el PP, en cambio, el cumplimiento de la previsión estatutaria no es oportuno en este momento, según ha defendido desde la tribuna Nerea Llanos. “¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?”, ha ironizado Llanos, quien ha deslizado que la intención real del debate no era el modelo de Prisiones sino, más bien, un cambio de política penitenciaria deseado por la izquierda abertzale. Llanos, que ha defendido la moción impulsada por el PP en el Senado para frenar las transferencias de nuevas competencias a Euskadi, entiende que más autogobierno no supone mejor gestión y ha puesto el ejemplo de Lanbide, que se publicitó como la “revolución” y ha acabado, a su juicio, en un “caos”. Llanos ha llegado a asegurar que las formaciones nacionalistas buscan “aniquilar el Estado” y ha acusado a los socialistas de pactar con esos partidos.

“Esto no va contra el Estado, sino del cumplimiento de una ley orgánica [del Estado], el Estatuto de autonomía”, ha replicado Alexia Castelo desde la bancada socialista. Castelo ha aprovechado el debate para refrendar el compromiso de Pedro Sánchez, si es reelegido para un segundo mandato más largo, de completar el Estatuto y, en particular, de articular la transferencia de Prisiones.

También, a propuesta de Elkarrekin Podemos, ha salido adelante otro texto en el que plantea el “acercamiento de todos los presos y todas las presas con arraigo en Euskadi a cárceles de la comunidad autónoma de Euskadi, la excarcelación de los enfermos graves o con trastornos mentales y la excarcelación de los internos mayores o con grado suficiente de cumplimiento de penas”. De nuevo, todos los partidos salvo los 'populares' han dado el visto bueno a una propuesta que, aunque no menciona a ETA, es evidente que se dirige a los reclusos de la banda terrorista. Se da la circunstancia de que un texto incluso más genérico pero formulado por EH Bildu ha sido rechazado.

A propuesta de EH Bildu

El debate monográfico sobre el modelo penitenciario había sido reclamado por EH Bildu. Como el PP, los portavoces de PNV y PSE-EE han afeado a la coalición abertzale que haya querido mezclar la transferencia de Prisiones -de los edificios y del personal- con la política penitenciaria -que es competencia exclusiva del Estado y, por lo tanto, intransferible- y, singularmente, con la situación de los presos de ETA. La portavoz abertzale, Jone Goirizelaia, ha reconocido que la situación de los reclusos le preocupa porque muchos son “sus clientes” pero ha remarcado que de más de 100 medidas planteadas en el debate por EH Bildu sólo una pequeña parte tenía relación directa con lo que ella ha llamado “presos de motivación política”.

El monográfico ha servicio también para conocer una primera versión del documento en el que trabaja el Gobierno vasco de cara a la asunción de una competencia que, en España, sólo ha sido cedida antes a Cataluña. El informe definitivo llegará próximamente. Es una socialista, la consejera de Justicia y Trabajo, María Jesús San José, la que gestionaría esa hipotética transferencia, como también la del régimen económico de la Seguridad Social -asunto ni siquiera contemplado en el calendario del Gobierno de Sánchez-.

Entre los objetivos que se ha marcado San José llama la atención el deseo de que la población reclusa caiga de 60 presos por cada 100.000 habitantes a 40, lo que supondría 500 reos menos en las cárceles vascas. También aspira a reducir de manera notable la tasa de reincidencia de los penados (por debajo del 30%) y a que suban los regímenes de semilibertad (tercer grado). La asunción de la competencia de Prisiones no supondría cambio alguna en la política penitenciaria.

Radiografía del sistema penitenciario en Euskadi

La población reclusa de Euskadi es de 1.314 personas (dato oficial a diciembre de 2018), a los que se sumarían otras 824 vascos repartidos en prisiones del resto de España, según EH Bildu. Alrededor del 13% están en régimen de prisión preventiva. El resto ha recibido una condena en firme, y de este grupo el 28% se halla en régimen de semilibertad o tercer grado. Una amplia proporción son hombres: solamente 123 mujeres están entre rejas. El 30% de los reclusos es extranjero. A nivel comparativo, la tasa de población reclusa es de 61 personas por cada 100.000 habitantes (44 en Navarra, 87 en Italia, 100 en Francia, 126 en España, 148 en el Reino Unido).

La red penitenciaria vasca, que tiene un presupuesto anual de unos 22,3 millones de euros para su mantenimiento y es gestionada por 600 funcionarios, tiene en Zaballa (Álava) su mayor establecimiento. Dispone de 720 celdas y 304 más complementarias, ocupadas aproximadamente al 50%. Algunos módulos completos están cerrados. Siguen operativas dos cárceles más antiguas, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia. Allí se prevé la construcción de un nuevo centro, Zubieta. La vieja cárcel de Nanclares de la Oca es ahora un CIS, un centro destinado a la reinserción de presos en tercer grado. Todo ello depende de Instituciones Penitenciarias, un órgano centralizado del Ministerio del Interior. Sólo Cataluña ha recibido antes la transferencia de Prisiones.

La ejecución penal de menores, en cambio, sí depende ya del Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Existe un centro en Zumarraga para condenados de nivel 1, los delitos más graves. Allí no sólo cumplen condena menores infractores de 18 años, sino también aquellos que aun siendo ya adultos fueron condenados cuando no lo eran. Las penas alternativas a prisión son competencia autonómica igualmente. En 2018, fueron atendidas por el servicio vasco de gestión de penas 4.966 personas, 569 mujeres (11,46%) y 4.397 hombres (88,54%).

“El éxito estriba en que se consigue una tasa de reinserción de casi el 100 %”, ha defendido la consejera de Justicia, María Jesús San José. Igualmente, las condenas a personas enfermas se gestionan no en psiquiátricos penitenciarios sino con la colaboración del Servicio Vasco de Salud. Según datos de Cataluña recopilados por EH Bildu, una plaza en centro cerrado cuesta 59 euros por preso y día, por 23 euros de un centro de día. Las penas alternativas a prisión tienen un coste de 4 euros diarios.