Sánchez Robles se queda solo frente a las acusaciones de corrupción

La defensa de Xabier Sánchez Robles, ante las acusaciones de corrupción en el juicio del 'caso De Miguel', se está quedando sin argumentos. El exdirector de Juventud del Gobierno vasco por el PNV se enfrenta a hasta 18 años de prisión por adjudicaciones 'a dedo' que salieron de su oficina del Departamento de Cultura, que suman 210.000 euros. Beneficiaron a tres empresas vinculadas al 'número dos' del partido nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga y no consta que se realizaran, según ha certificado en varias ocasiones el propio Ejecutivo. En la sesión de este miércoles, Sánchez Robles, sentado en el banquillo de los acusados, ha torcido el gesto al escuchar cómo un cargo político del PNV con larga trayectoria, Imanol Agote, y el abogado del Gobierno, Javier Otaola, han dado carta de naturaleza a las acusaciones de que benefició irregularmente a la presunta trama corrupta.

El juicio del 'caso De Miguel' se centra estas semanas exclusivamente en las anomalías en el Departamento de Cultura, una de las muchas derivadas de este macroproceso que incluye también acusaciones de cobro de comisiones y una fallida recalificación urbanística de 65 millones de euros en Zambrana (Álava). En concreto, en las últimas sesiones se analizan contrataciones directas de hasta 12.000 euros (y cuando cambió la ley de hasta 18.000) para la realización de diversos informes y memorias durante el período 2006-2009. Las adjudicaciones fueron propuestas por Sánchez Robles, que tenía relación personal con De Miguel y con el que era administrador de Errexal y gestor de Ortzi Muga, Iñaki San Juan (exconcejal en Leioa). Todos los expedientes fueron firmados por su superior, el viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga.

Si ya en la fase de cuestiones previas se intuyeron dardos desde la defensa de Larrañaga a Sánchez Robles -“no ha habido ningún problema en otras direcciones” de Cultura salvo en Juventud, remarcó el abogado Miguel Alonso, desvinculando a su cliente de la trama-, un testigo propuesto por el exviceconsejero ha sido rotundo al señalar exclusivamente al director como responsable de las contrataciones y de la labor de supervisión para controlar que se hubiesen realizado correctamente los trabajos encomendados. El testigo propuesto por Larrañaga ha sido Imanol Agote, su predecesor como 'número dos' de Cultura en el Gobierno y con una larga trayectoria política y técnica en distintas instituciones dirigidas por el PNV. En 2009, estando en la Diputación de Gipuzkoa, Agote informó de irregularidades en torno al museo Balenciaga, un caso de saqueo de fondos públicos ahora pendiente de juicio.

Larrañaga señala a Sánchez Robles

En su interrogatorio, Alonso ha cuestionado abiertamente por la responsabilidad de Sánchez Robles:

Miguel Alonso: Si el viceconsejero autorizaba la realización de contratos, ¿la función de controlar la ejecución de quién era?

Imanol Agote: Hay una figura, que es el órgano de contratación, el viceconsejero, y otra que funcionaba 'de facto', la del responsable del contrato. El visto bueno era algo relacionado con el área que gestionaba.

M.A.: Usted se está refiriendo a...

I.A.: A la dirección.

M.A.: En la dirección, ¿quien se encargaba de la gestión era el director o los técnicos?

I.A.: Podía ser un técnico, pero el visto bueno, el aval, que [el pago] estuviera suficientemente motivado, era cosa del director.

M.A.: ¿Y pagar?

I.A.: Era tarea del responsable del contrato una vez comprobado [que se había realizado el trabajo].

M.A.: Correspondía entonces no al viceconsejero sino al director comprobar que el trabajo se había realizado, ¿verdad?

I.A.: Sí.

M.A.: ¿La dirección comprobaba?

I.A.: Sí.

M.A.: ¿Y era el director el que autorizaba el pago?

I.A.: Sí.

M.A.: Se está debatiendo que no se ha encontrado la documentación correspondiente [a estos contratos] en los archivos del Gobierno...

I.A.: Lo habitual es que los trabajos estén fundamentados. La Administración tiene que motivar lo que hace y guardar los testimonios de sus actuaciones. ¿Cómo? Con documentación y con archivos. Todo debe ir soportado por una documentación que se archiva.

A preguntas del abogado del Gobierno vasco, Javier Otaola, ha añadido que “claro que es una anomalía” que no conste que se realizaran tantos trabajos pagados a estas empresas. Por su parte, el fiscal Manuel Pedreira, que acompaña a Josu Izaguirre, ha preguntado por la posibilidad hipotética de que los papeles que acreditan los trabajos de Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga se hayan “volatilizado” y el testigo, que ahora mismo trabaja en la redacción de una nueva normativa de archivos, ha dejado claro que si la Administración destruye o expurga documentos lo hace de manera motivada, con material viejo y dejando constancia de qué es exactamente lo que se elimina, extremo de lo que tampoco hay constancia en estos casos. Es evidente -ha añadido- que aquellos informes “que supongan un gasto presupuestario” o sean “significativos” han de quedar debidamente archivados en sede de la Administración. 

El abogado del Gobierno, protagonista

A la luz de este testimonio, Otaola ha realizado un largo alegato que incluso ha sido cortado por el presidente del tribunal, Jaime Tapia, que le ha recordado que ahora es una fase de interrogatorios y no de conclusiones. Otaola, hasta ahora en un segundo plano durante las vistas, ha asumido un papel protagónico y ha aludido a las “circunstancias extrañas” de los contratos adjudicados por Sánchez Robles a las empresas de la trama de De Miguel. Básicamente porque informes que cuestan mínimo 12.000 euros -“dos millones de pesetas”, ha enfatizado- “no sólo se deben guardar sino utilizar lo más intensivamente posible” debido a su elevado coste.

Según Otaola, el Gobierno “ha testimoniado” que muchos de los trabajos contratados a Errexal y la totalidad de los que recayeron en Ortzi Muga y Kataia Consulting no se realizaron. E incluso ha criticado que de repente, de cara al juicio, la defensa de Sánchez Robles haya aportado sin explicar su origen una “fotocopia” de la carátula de algunos de ellos para probar que no hay ninguna irregularidad, documentos sobre los que recae una sospecha de que sean pruebas falsas al contar con sellos aparentemente oficiales del Gobierno vasco pero que presentan algunas irregularidades como una fecha del 29 de febrero de 2007, día que no existió, como adelantó eldiarionorte.es. “Hay una adquisición de un conocimiento que no es propiedad del director, sino de la Administración”, ha abundado antes de pedir disculpas a la sala por sus reflexiones tras la interrupción del juez Tapia. “Perdón, pero tenía que decirlo”, se ha desquitado ante la atenta mirada de Sánchez Robles desde el banquillo.

Frente a lo contundente del testimonio de Agote, la abogada de Ainhoa Urraza -la segunda de su equipo jurídico aunque este miércoles titular ante la ausencia de Javier Beramendi- ha querido minimizar sus palabras al sugerir que tocaba de oído. Ha recordado que “durante el período de Sánchez Robles en Juventud” Agote ocupaba otras responsabilidades y no coincidió con él en el Departamento de Cultura. Antes de Agote, la defensa del exdirector había convocado un quinto testigo tras los cuatro del martes, ninguno de los cuales probó que Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga realizaran de manera efectiva los trabajos por los que cobraron.

El de este miércoles, Íñigo Álvarez de Eulate, cuya empresa gestionó el Observatorio Vasco de la Juventud en la época, ha reforzado la teoría de Sánchez Robles de que era la funcionaria jefe de Juventud, Oro Ochoa de Eribe, la responsable del control de la ejecución de estos contratos. La técnica está citada también en el juicio y comparecerá en los próximos días. En la fase de investigación declaró que en toda su carrera sólo ha tenido que ayudar a una mercantil a darse de alta como contratista en el registro del Gobierno vasco. Fue Errexal y lo hizo a instancias de Sánchez Robles, según manifestó Ochoa de Eribe.

Algunos contratos sí se realizaron y hay pruebas

Durante la larga sesión del juicio también ha intervenido la trabajadora de Errexal Jaione Elgezabal. A instancias de la letrada de Iñaki San Juan, Ainhoa Mentxaka, ha descrito que la compañía trabajaba con normalidad para clientes privados y para varias instituciones y ha explicado con detalle algunos trabajos realizados para Juventud, como los campos de trabajo en Iruña-Veleia o Elvillar. Sin embargo, en la documentación obrante en el Gobierno sí consta que esos campamentos se realizaron y la acusación no pone el foco en ellos.

El fiscal Pedreira ha valorado que es llamativo cómo en los casos en que sí hay rastro del trabajo realizado la información que aparece es abundante, lo que no ocurre con el resto. Errexal se llevó de Juventud un total de 15 contratos por valor de 201.683,34 euros, de los cuales 118.628,4 estarían injustificados, entre los que no se incluyen los campos de trabajo. Kataia Consulting sumó 34.075 euros en tres adjudicaciones, todas presuntamente irregulares. Ortzi Muga, por su parte, obtuvo seis contratos, cinco de ellos injustificados por valor de 57.715,8 de un total de 73.607,8 euros. El dinero justificado corresponde a un trabajo que no realizó esta empresa.

Más controversia suscita un viaje organizado por Errexal a Mendoza (Argentina) con dinero del Ayuntamiento de Lanciego y con fondos de Juventud. El Gobierno sostiene que no hay constancia de ningún servicio prestado por la compañía en relación a ese viaje, que sí se realizó -como han probado varios testigos, incluso con fotografías- y que incluyó dos semanas de estancia tanto en Mendoza como en Buenos Aires. En este contexto, la Fiscalía acusa a Errexal de cobrar doblemente por los mismos conceptos, por un lado a Lanciego y por otro a la Administración autonómica.