Las instituciones del PNV se suman a la Fiscalía y destacan las irregularidades en el 'caso De Miguel'
Los representantes legales del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia en el juicio del 'caso De Miguel', instituciones ambas controladas por el PNV, se han adherido este miércoles a las tesis de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira y han puesto de manifiesto, en sus informes de conclusiones, las irregularidades detrás de la trama encabezada por el que fuera 'número dos' de ese partido en Álava, Alfredo de Miguel, al menos en la parte que a ellas les afecta. En el caso del Ejecutivo autonómico, ha dado por acreditado que empresas del entorno de De Miguel recibieron contratos del área de Juventud dirigida por Xabier Sánchez Robles y que cobraron por servicios no prestados hasta 146.000 euros. Bizkaia, por su parte, sostiene que algunas operaciones económicas relacionadas con la fallida recalificación de Zambrana se hicieron de espaldas a Hacienda.
En el caso del Ejecutivo, que se ha mantenido en segundo plano durante el juicio -“silente”, en palabras del propio letrado gubernamental, Javier Otaola- no se formula una petición de penas de cárcel por el delito de “malversación” que ve acreditado. No obstante, sí reclama que, si se acredita por los argumentos y pruebas que ha expuesto en el juicio la Fiscalía, los responsables devuelvan el dinero esquilmado a las arcas públicas, más los correspondientes intereses.
Otaola ha dicho sentirse “triste” por acusar en nombre del Gobierno a un antiguo alto cargo de la Administración, en concreto al que fuera director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, amigo de De Miguel y benefactor de las mercantiles Errexal, Ortzi Muga y Kataia Consulting, que actuaron como un “cártel”. Sánchez Robles, además tiene familiares ocupando en la actualidad cargos de responsabilidad en el PNV. Según el Gobierno, el ahora funcionario del área de Juventud de la Diputación de Bizkaia es claramente el responsable único de las irregularidades en la contratación de estas firmas porque “se ha acreditado que mantenía relaciones amistosas” tanto con De Miguel como con los socios de éste en esas mercantiles, como el exedil de Leioa Iñaki San Juan. “Como decía Manuel Azaña, el funcionario ideal es el que no tiene amigos ni parientes. Y después el que actúa como si no los tuviera”, ha solemnizado.
Larrañaga, sin responsabilidad
En este sentido, ha eximido de responsabilidad a quien firmó los contratos, el viceconsejero Gurutz Larrañaga, superior jerárquico de Sánchez Robles. “Ha abusado de su confianza”, ha indicado Otaola sobre cómo el director de Juventud se escudó en la rúbrica de Larrañaga para beneficiar a empresas afines que él seleccionaba porque “no se movía un papel” en su oficina sin su consentimiento, según explicó en el juicio la jefa de los funcionarios, Oro Ochoa de Eribe. Técnicamente, el Gobierno tampoco señala como responsables directas del fraude a las socias de Kataia Consulting, las esposas de los exdirigentes del PNV Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, además de la del propio De Miguel.
Aunque la acusación es la misma que en el inicio del juicio -contratos 'a dedo' pagados y no ejecutados- la cuantía económica que se reclama es inferior a los alrededor de 200.000 euros que se plantearon en su momento. De acuerdo con la Fiscalía, se ha interpretado que otros contratos igualmente dudosos -el Gobierno también decía que no constaba su ejecución- podrían haber sido realizados a tenor de algunos documentos aportados por las defensas, básicamente por la de Iñaki San Juan. El fiscal, Josu Izaguirre, apeló a la “generosidad” del principio “in dubio pro reo”.
Se da la circunstancia de que Sánchez Robles presentó al inicio del juicio documentos aparentemente oficiales que acreditarían la entrada en el registro del Gobierno vasco de los trabajos que en años de investigación nunca aparecieron. Como publicó este periódico, los sellos de esos papeles presentan indicios de no ser reales y tanto el ministerio fiscal como el propio Ejecutivo sostienen no sólo que son pruebas “falsas”, sino incluso “fabricadas”. “Son más una prueba de cargo que de descargo. Oscurece un poco la buena fe del acusado”, ha manifestado Otaola. Los fiscales acreditaron con un informe oficial del Ejecutivo que en el registro de entrada de Juventud nunca aparecieron esos trabajos de Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga.
Al final de su alegato, Otaola ha querido destacar también que lo mismo que cargos de un Gobierno cometieron delitos hubo otros que los “detectaron” y colaboraron con el juez del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, aportando informes y documentación que certificó las irregularidades. Sánchez Robles acusó abiertamente de que esos informes se hicieron con el PSE-EE en el poder y que se ocultó deliberadamente documentación para incriminarle. El letrado Otaola, en cambio, ha apuntado que las personas y los partidos cambian pero la Administración “permanece” y que el actual Ejecutivo está “vinculado” por el trabajo de aquel gabinete socialista. De hecho, ha felicitado a Ignacio Rodríguez, sucesor de Sánchez Robles en Juventud, y al técnico Iñigo Cortázar, así como a la propia Oro Ochoa de Eribe.
El atenuante de haber devuelto ya el dinero
En el caso de Bizkaia, su posición en el juicio siempre ha sido más beligerante y, como la Fiscalía, lleva años reclamando penas de prisión para los acusados que cometieron delitos fiscales en ese territorio. La acusación final, sin embargo, ha sufrido modificaciones a la baja a la luz de las confesiones de Josu Arruti y de sus familiares imputados, su padre, su hermana y su cuñado, titulares de las empresas domiciliadas en Bizkaia y que cometieron las irregularidades fiscales.
Siguiendo la línea del acuerdo alcanzado por los letrados de la familia Arruti con la Fiscalía, el letrado de Bizkaia, Guillermo Onaindia, ha admitido que de tres posibles delitos fiscales iniciales sólo se mantiene uno como tal, del que se responsabiliza al padre de Arruti, del mismo nombre, por haber conseguido “mágicamente” revender en un año dos paquetes de acciones con una plusvalía de 464.000 euros. No obstante, como también ha destacado su letrada, Arantxa Isasmendi, se ha producido ya la circunstancia de que incluso antes de acabar el juicio la familia ya ha devuelto los 130.000 euros defraudados más otros 38.000 de intereses. Con los atenuantes de confesión y reparación del daño, la pena será mínima: 3 meses de cárcel que no se ejecutarán más 32.400 euros de multa.
En otro de los casos, referido a 500.000 euros no declarados por la operación de Zambrana, en la que Arruti fue intermediario a instancias de De Miguel, Bizkaia acepta, como también la Fiscalía, que si de ese dinero se descuentan las comisiones ilegales (161.000 para el político y otro tanto para el propio Arruti), que ya son sancionadas por otra vía (un comiso), el dinero restante no puede constituir, por no llegar a un fraude de 120.000 euros, un delito contra Hacienda. El tercer delito que ahora también queda retirado se refiere a una operación de la mercantil Zerulur que se canalizó en una cuenta no de la empresa, sino del padre de Arruti. Al haber constancia de que el pago de 580.000 euros era mercantil no debe tributar en el IRPF y Arruti padre podrá evitar la sanción.
